Alcogal: La firma panameña que ocultaba las riquezas robadas latinoamericanas

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los bufetes más prestigiosos de Centroamérica entró en modo “control de daños”. Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear US$ 4.200 millones. Entre esos clientes había exfuncionarios de alto rango de la compañía petrolera nacional de Venezuela, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.

Alcogal tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero.

Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo: “El impacto de las noticias negativas” y “el nivel de riesgo que representan dichas sociedades por las personas que forman parte de ellas”, según un informe interno de 2015.

Para un prestigioso bufete que representa a empresas de la talla de Citibank y Pfizer, la creación de sociedades para antiguos miembros del gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar sin querer a blanquear dinero.

Pero Alcogal no llegó a representar un papel destacado en el sector de la evasión fiscal y la protección de activos por rechazar a clientes de riesgo. Durante las tres últimas décadas, se ha convertido en imán para los ricos y poderosos que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estos documentos se conocen como los Pandora Papers.

El estudio jurídico sirvió de intermediario para montar empresas offshore para más de 160 políticos y figuras en cargos públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras del mes que viene, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania. Casi la mitad de los políticos que aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal.

La firma también ha prestado servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como el caso Odebrecht, el Fifagate y el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.

Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal. ICIJ obtuvo los documentos y los ha compartido con 150 organizaciones de prensa de todo el mundo.

Casi dos años de reporteo realizado por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores criminalistas. El precio lo suele pagar la gente de a pie.

Los Pandora Papers contienen información sobre más de 14.000 entidades extraterritoriales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996.

En una carta al ICIJ, Alcogal declaraba que la constitución de empresas “es solo un aspecto” de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos” La empresa “lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio”, afirma en la carta.

Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco del pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de estas empresas luego se utilizaron presuntamente para desviar fondos en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos incluyó el banco en su lista negra como “preocupación principal por el blanqueo de capitales”. La mayoría de las empresas se disolvieron y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión del banco en la lista negra en 2015.

También a petición de BPA, Alcogal creó dos empresas ficticias que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar US$ 30 millones en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado, y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha mantenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.

Los documentos muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. Varela fue vicepresidente de Martinelli y en 2014 le sucedió en la presidencia de Panamá. A los tres meses de la llegada de Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal dio con las acusaciones de que había participado en el lavado de dinero para financiar su campaña. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones, que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.

En 2017, Varela admitió que durante su campaña recibió donaciones de Odebrecht, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones a la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales. Las autoridades panameñas han recomendado que se presenten cargos contra Varela en el caso Odebrecht.

En 2006, el bufete registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones se transfirieron a Nasry Juan “Tito” Asfura, según los documentos. Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras el mes que viene.

El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio. A través de un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.

Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, y tampoco sobre otros clientes, citando las leyes de confidencialidad y las “obligaciones éticas con nuestros clientes”.

Sobre el banco andorrano afirmó: “No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación”.

Se supone que investigar a los clientes en potencia es una prioridad absoluta para los abogados y los agentes financieros. Las normas legales y bancarias internacionales exigen que empresas como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando sin querer al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente. Pero a veces, según los documentos, Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información, confiando en que hubieran hecho un buen trabajo de investigación del cliente.

Por ejemplo, en 2015, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información sobre el propietario y los documentos sobre las comprobaciones debidas de una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal señaló que no podía facilitar esos documentos porque su cliente intermediario, una rama de la banca privada de Morgan Stanley en Miami, se negaba a entregar los documentos necesarios.

Alcogal sí conocía el nombre de un accionista de Firelli: José María Marín, el ex presidente de la Federación Brasileña de Fútbol caído en desgracia. Marín había sido detenido un mes antes con relación al Fifagate. No está claro si Marín era el verdadero propietario de Firelli, pero documentos judiciales en Estados Unidos revelaron posteriormente que utilizó la cuenta bancaria de la empresa tapadera para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.

Alcogal declaró que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real. Las nuevas leyes le obligan a incluir esta información en acta, afirmó.

Incluso, mientras ayudaba a mantener una flota de empresas fantasma para clientes destacados, Alcogal trató de distanciarse de su antiguo competidor caído en desgracia, el bufete Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados impulsaron la investigación Panamá Papers del ICIJ en 2016. Tras el escándalo, Alcogal elaboró una presentación llamada “Desmitificación del mundo de los paraísos fiscales” que hacía hincapié en las reformas y señalaba la mejora de las evaluaciones de Panamá por parte de las organizaciones internacionales contra el blanqueo de capitales, según muestran los nuevos documentos.

Un año después, durante un desayuno-foro organizado por un grupo comercial de las Islas Vírgenes Británicas, Ayana Liburd, directora de la filial de Alcogal en ese territorio, se quejó de que los bancos estaban metiendo a Alcogal y a otras empresas del sector “en el mismo saco” que Mossack Fonseca.

Un análisis de los documentos de los Pandora Papers realizado por el ICIJ descubrió que, a raíz de las revelaciones de los Panamá Papers, 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.

“LA HONESTIDAD NO TIENE PRECIO”

A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, joven abogado e hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, aspiraba a labrarse un nombre. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Duke y trabajar en el departamento jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar en el bufete de su padre. Pero no estaba contento con el salario y con el tiempo que hacía falta para que los abogados nuevos como él escalaran posiciones en la empresa, según sus memorias de 2014, Honesty Is Priceless (La honestidad no tiene precio).

Los documentos filtrados muestran a un abogado ambicioso con una férrea ética del trabajo, que se levantaba a las 4 de la mañana para leer el periódico, responder correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran las meticulosas notas que Alemán se escribía a sí mismo, a modo de ayuda a la memoria, detallando los rasgos personales de un nuevo contacto o los pormenores de una interacción. «Le regalé ron y quedó feliz. Regálale más», puede leerse en una nota sobre un caddie de un club de golf de Maryland.

Tras trabajar brevemente como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, en 1985 Alemán reclutó a otros tres abogados, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundaron Alcogal. Desde el primer día, la empresa se dedicó a los asuntos confidenciales.

Jaime Alemán, fundador de Alcogal, con Barack Obama cuando fue embajador de Panamá en Estados Unidos.

Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, US$ 25.000 por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias.  La creación de este tipo de empresas, escribía, es un “negocio maravilloso” que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, un papel de representación en el que gestionan documentos legales y reglamentarios. Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores, escribía Alemán. De ese modo, el propietario real quedaba oculto al público.

“El cliente simplemente iba a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abría una cuenta cifrada cuyo beneficiario era una sociedad anónima panameña, que a su vez operaba en forma totalmente secreta, y que no tenía la obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá. Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos, con lo cual no podían cobrarle impuesto a este”.

Lo que describía Alemán son los cimientos de la economía de los paraísos fiscales: montar empresas pantalla en jurisdicciones de impuestos bajos o inexistentes; en esas empresas la titularidad se oculta tras unos administradores que no representan ninguna función significativa en la empresa.

Se trata de un negocio de volumen, escribía Alemán. Cuantos más proveedores de compañías offshore se monten, mayores serán los beneficios.

También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan la confidencialidad suelen tener algo que ocultar. Ese fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. En el momento de su muerte, en 2006, Pinochet se enfrentaba a cargos por crímenes de lesa humanidad y por el robo de millones de dólares de fondos públicos.

En los documentos judiciales Alemán reconocía que su bufete de abogados había creado las empresas, pero señalaba que en ese momento ignoraba que estuvieran conectadas con Pinochet. Alemán declaró que su bufete descubrió la conexión en 2004 y que procedió a dimitir como agente registrado. Alcogal tiene “una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas”, afirmaba en una declaración judicial.

CONEXIONES DE ALTO NIVEL

Los fundadores y los socios de Alcogal forman parte de la clase política para la que trabaja su bufete. Han entrado y salido del gobierno panameño, y ocupado y abandonado cargos políticos durante décadas. Uno de los fundadores, Galindo, era el vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y uno de los asesores presidenciales de Martinelli. Cordero es un ex viceministro de Asuntos Exteriores. Lee fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de Trabajo. Alejandro Ferrer, un socio, fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y juez del Tribunal de Apelación.

Los miembros de la familia Martinelli son clientes de Alcogal desde al menos finales de la década de 1990, y el propio Martinelli fue accionista de una empresa creada por el bufete.

El por aquel entonces presidente Martinelli nombró a Alemán para que ocupara el antiguo cargo de su padre, embajador en Estados Unidos, en 2009. En enero de 2011 lo dejó: Alemán dice que abandonó el cargo, y Martinelli dice que le destituyó.

Unos años después, Martinelli y Alemán discutieron en una boda. Los medios de comunicación informaron de que Alemán llamó al presidente “ladrón y corrupto”, y le dio un puñetazo en la cara. Martinelli niega que lo golpeara. Las noticias convirtieron a Alemán en un héroe popular entre los enemigos de Martinelli. En su libro, Alemán afirma que ambos se reconciliaron más tarde. Martinelli asegura que mantienen una “relación cordial”.

En 2015, Alcogal comunicó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) que había creado y mantenido una empresa que perteneció al cuñado de Martinelli, Aarón Ramón Mizrachi Malca, después de que algunos medios de comunicación revelaran que la empresa había ayudado supuestamente a adquirir aparatos de espionaje fabricados en Israel. A Martinelli le acusaron después de utilizar los aparatos para interceptar las comunicaciones de políticos y otras personas.

A Martinelli se le juzga actualmente acusado de realizar vigilancias y seguimientos sin autorización judicial. Él lo niega y afirma que es víctima de una persecución política iniciada por Varela, su ex vicepresidente.

Mizrachi ha declarado al ICIJ que su empresa fue absuelta en la investigación y que nunca le han investigado o acusado en el caso de espionaje.

En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, un ex ejecutivo de Odebrecht admitió que su antigua empresa había pagado en secreto US$ 30 millones en sobornos a dos empresas pantalla, Pachira Ltd. y Mengil International, para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Los medios brasileños relacionaron a las dos empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos –no está claro cuál– recibió US$ 6 millones, aseguraba Soares, según informes de prensa.

Al cabo de unos días, Alcogal rompió el vínculo con ambas empresas, de acuerdo con memorandos de cumplimiento internos. Había recibido información acerca de que las compañías fueron usadas para “actividades ilícitas”, señalan las circulares internas. Alcogal escribió que “consideraba” que dos hombres –que no eran los hermanos Martinelli– a los que había otorgado poderes eran los propietarios de cada empresa. En 2017, esos hombres declararon a las autoridades panameñas que Ricardo Martinelli Linares estaba detrás de ambas empresas, de acuerdo con informes de prensa.

En julio de 2020, los hermanos Martinelli fueron detenidos en un aeropuerto de Guatemala después de que Estados Unidos les acusara de pertenecer al entramado de Odebrecht. Siguen en la cárcel a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, y niegan las acusaciones.

REFERENCIAS DE UN BANCO DE LOS PIRINEOS

En la introducción de su autobiografía, Alemán advertía de que la sociedad “podrida” de Panamá – “en particular, nuestra clase política”– amenazaba el futuro del país. Era necesaria una transformación social, sostenía, para “evitar un resquebrajamiento político, económico y social, como el que se vive hoy día en países como Venezuela”.

Después de la muerte en 2013 del presidente Hugo Chávez, Venezuela se sumió aún más en una crisis política provocada por la escasez de alimentos y medicinas, lo que disparó la inflación y los índices de criminalidad. Más de 5 millones de personas, aproximadamente el 17% de la población, han abandonado el país desde 2014, según un informe de Human Rights Watch.

Aunque Alemán achacaba el hundimiento de Venezuela a la corrupción y el derroche, los Pandora Papers muestran que su bufete de abogados había aceptado una serie de referencias de BPA para actuar como agente registrado de empresas en paraísos fiscales pertenecientes a algunos de los antiguos aliados más importantes de Chávez.

Andorra intenta ahora enmendar su reputación de paraíso fiscal. BPA formaba parte de un mercado bancario que prestaba sus servicios a los extranjeros adinerados. Con el paso del tiempo, se expandió a otros países, incluido Panamá. En el mundo de los paraísos fiscales, los bancos privados trabajan a menudo estrechamente con proveedores de servicios, ya que muchos clientes ricos quieren que sus empresas pantalla tengan cuentas bancarias.

En 2007, el banco andorrano encontró a Alcogal, declaraba el bufete al ICIJ, “después de haber sido presentados por el presidente de un banco acreditado, que era cliente de Alcogal. En aquella época, BPA tenía una buena reputación. No teníamos la más mínima razón para sospechar que BPA Andorra prestaba servicios bancarios a clientes cuestionables”.

Un socio de Alcogal, Raúl Zúñiga Brid, ocuparía más tarde un cargo en el consejo de administración como director independiente de la unidad panameña del banco andorrano, junto con el consejero delegado de BPA, Juan Pablo Miquel Prats (este último fue luego acusado por el organismo de la Seguridad Social andorrano de evadir impuestos utilizando una empresa instrumental creada por Alcogal en Panamá para desviar fondos de BPA y pagar bonificaciones a él y a otros empleados. Él ha negado las acusaciones. Alcogal afirma que la participación de Zúñiga en el consejo fue breve y limitada).

Al poco de empezar la relación de Alcogal con BPA, Alcogal constituyó Lairholt Finance Ltd. en Belice a petición del banco andorrano. El propietario de la empresa, según una imputación andorrana, era Javier Alvarado Ochoa, que ocupaba cargos influyentes en el gobierno de Chávez, del que era viceministro de Desarrollo Eléctrico. En 2011, Chávez le nombró presidente de una unidad de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela.

Al cabo de año y medio, según muestran los documentos, Alcogal creó dos empresas en Panamá, Josland Investments SA y Tristaina Trading SA, para Nervis Villalobos, un ingeniero eléctrico que también había ocupado altos cargos en el gobierno con Chávez, como el de viceministro de Energía. Por aquel entonces, trabajaba en el sector privado como asesor internacional independiente en asuntos energéticos, según su perfil de LinkedIn.

Aunque Alemán achacaba el hundimiento de Venezuela a la corrupción y el derroche, los Pandora Papers muestran que su bufete de abogados había aceptado una serie de referencias de BPA para actuar como agente registrado de empresas en paraísos fiscales pertenecientes a algunos de los antiguos aliados más importantes de Chávez.

En total, Alcogal creó 21 empresas para 13 venezolanos identificados en la imputación como participantes en el entramado.

Y llegó el escándalo: en marzo de 2015, la Red de Control de Delitos Económicos del Departamento del Tesoro estadounidense, (FinCEN), emitió una advertencia en la que nombraba a BPA como entidad financiera de “máxima preocupación por el lavado de dinero”. Estas advertencias de FinCEN, conocidas como “lista negra”, son poco frecuentes y a menudo letales para un banco.

FinCEN sostenía que los banqueros privados andorranos y sus clientes venezolanos trabajaban estrechamente con altos cargos venezolanos y “agentes registrados” panameños para establecer empresas pantalla que venezolanos empleaban después para blanquear fondos públicos saqueados.

El día en que se hicieron públicas las afirmaciones de FinCEN, las autoridades andorranas tomaron el control de Banca Privada de Andorra, mientras que el Banco de España tomó el control de una de sus unidades, el Banco de Madrid.

FinCEN no identifica a los “agentes registrados” ni a ninguna de las empresas que supuestamente crearon. Los nombres de los venezolanos y sus empresas se hicieron públicos más adelante en las imputaciones del Gobierno andorrano y estadounidense y en los informes de prensa.

Un día después del aviso de FinCEN, Alcogal dejó de ser agente de algunas de las empresas vinculadas con clientes venezolanos, según muestran los documentos filtrados. A medida que se publicaban más nombres en las noticias, Alcogal rompió sus relaciones con otras empresas que había creado a petición del banco andorrano. Los documentos muestran que, en abril, el bufete había realizado al menos tres informes internos relacionados con el asunto, incluido uno llamado Personalidades venezolanas ligadas al régimen.

Villalobos, Ochoa y otros altos cargos venezolanos y sus familiares han sido imputados por las autoridades andorranas, españolas, estadounidenses y venezolanas.

Unos documentos conseguidos por El País muestran que los venezolanos utilizaron supuestamente una parte de las ganancias para llevar un elevado tren de vida en Europa. Uno de los recibos muestra que Villalobos compró dos relojes Rolex a través de una cuenta que pertenecía a Josland Investments, según informaba el periódico español. Los documentos muestran que Alcogal había creado la sociedad anónima en Panamá en 2009.

Los documentos filtrados muestran que el propietario final de la empresa era la mujer de Villalobos.

Ni FinCEN, ni ninguna otra autoridad gubernamental, acusaron a Alcogal ni a ningún otro proveedor de servicios de ningún delito relacionado con el entramado de lavado de dinero del banco andorrano. Después de que las autoridades andorranas obligaran a realizar una reestructuración radical del banco, entre otras medidas, FinCEN retiró a BPA de su lista negra.

En su carta al ICIJ, Alcogal señalaba que cooperó plenamente con las autoridades que investigaban a BPA, e incluso compartió información relacionada con los verdaderos propietarios, como es habitual cuando se solicita. Y dejó de ser agente registrado de todas las empresas que se descubrió que estaban implicadas en actividades ilícitas, afirmaba.

Villalobos y Ochoa viven en España, donde fueron brevemente encarcelados. Las autoridades españolas y estadounidenses llevan dos años negociando su posible extradición a Estados Unidos y, de llevarse esta a cabo, en qué condiciones. Venezuela también ha pedido su extradición. Ochoa ha declinado a través de su abogado responder a las preguntas del ICIJ porque su caso está pendiente ante la justicia. Villalobos, cuyos abogados han negado cualquier tipo de acusación en el pasado, no ha contestado.

PREOCUPACIÓN POR LAS COMPROBACIONES

Christodoulos Vassiliades, abogado y cónsul honorario de Belice en Chipre, fue uno de los intermediarios más destacados y de más confianza de Alcogal. En su libro, Alemán se refiere a Vassiliades como “mi buen amigo”. Desde 2001, según muestran los documentos, Alcogal dio al bufete de Vassiliades la opción de no enviar determinados documentos que revelaban quiénes eran los verdaderos propietarios y directivos de las empresas y de dónde procedía el dinero que fluía hacía esas empresas, una ocultación permitida por la legislación de las Islas Vírgenes Británicas en aquella época.

A lo largo de las dos últimas décadas, según muestran los documentos, Vassiliades llevó a docenas de clientes al bufete, entre ellos sospechosos de defraudación y un oligarca ruso próximo a Vladímir Putin.

Los documentos revelan que cuando Alcogal, para responder al cambio de normativa en las Islas Vírgenes Británicas, solicitó al bufete de Vassiliades información actualizada sobre los directivos de docenas de empresas, a veces tenía dificultades para conseguirla. En 2006, Alemán se quejó a Vassiliades de que no entendía por qué había tardado casi un año en facilitarle la información, incluso después de que le prometiera que “se mantendría como confidencial en nuestras oficinas”.

“Querido Chris”, escribió Alemán a su amigo, “te agradecería que me llamaras URGENTEMENTE para hablar de este asunto. A menos que recibamos los documentos el 23 de junio de 2006, no nos quedará otra opción que la de dejar de ser Agentes Registrados de las 146 empresas”. La información empezó a llegar con cuentagotas nueve meses después, como muestran los correos electrónicos.

En una declaración, el bufete de abogados señalaba que no podía responder a preguntas sobre clientes concretos y que cumplía plenamente las normativas sobre comprobaciones debidas. Afirmaba que había proporcionado información sobre los beneficiarios activos de todas las empresas que había constituido en las Islas Vírgenes Británicas.

En 2009, Vassiliades trajo un nuevo cliente a Alcogal: Galina Telesh, que era la única directiva y beneficiaria activa de Barlow Investing Ltd., una empresa constituida por Alcogal.

Casi una década después, en 2018, Telesh se trasladó para disolver la empresa, y Alcogal informó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas de que era la exmujer del famoso gánster Semion Mogilevich, conocido como el “jefe de los jefes” de la mafia rusa, que fue incluido en la lista de los Diez fugitivos más buscados del FBI durante seis años, hasta que fue localizado en Rusia en 2015.

El bufete de Vassiliades niega “cualquier acusación de que tengamos alguna conexión”, ya sea directa o indirecta, con organizaciones criminales. Alcogal señaló que rompió relaciones inmediatamente con Barlow cuando “su intermediario profesional” le pidió que lo hiciera.

A los proveedores se les piden informes de actividad sospechosa, como el que presentó Alcogal sobre Telesh, en la mayoría de las jurisdicciones cuando sospechan que un cliente puede estar relacionado con una actividad delictiva.

Las autoridades prefieren los informes proactivos: los que se presentan antes de que un proveedor de servicios realice una transacción o una actividad, en vez de después de que se haya utilizado una sociedad instrumental en un delito. En una presentación de una Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas descubierta en los documentos filtrados de Alcogal, se asegura que los informes proactivos ayudan a minimizar el riesgo de lavado de dinero. Los informes reactivos “añaden un valor mínimo a las investigaciones para que tengan algún efecto útil”.

Una vez tras otra, como muestran los documentos, el bufete de abogados enviaba los informes de actividad sospechosa solo después de que las autoridades o los periodistas hubieran hecho público que sus clientes eran posiblemente corruptos o estaban implicados en delitos.

Un análisis del ICIJ de los informes de actividad sospechosa presentados por Alcogal en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas entre 2007 y 2018 muestra que la gran mayoría de ellos, 87 de 109, fueron “reactivos”. Más de la mitad de los informes de Alcogal se realizaron después de la investigación de los Panama Papers del ICIJ.

Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato.

Alcogal fue el agente registrado de varias empresas propiedad de Paulo Roberto Costa, un director de Compras de la empresa petrolera estatal brasileña, Petrobras. En 2014, Costa confesó que había blanqueado casi US$ 26 millones en sobornos por su participación en el amaño de licitaciones para favorecer a Odebrecht y otras empresas. Según muestran los documentos judiciales, para mover el dinero a cuentas de bancos suizos, Costa utilizó empresas instrumentales constituidas en Panamá, incluidas dos para las cuales Alcogal actuaba como agente registrado.

Alcogal señala que tiene “un departamento de cumplimiento sólido” que recibe formación continua. Los clientes de alto riesgo se revisan con más frecuencia y con unos criterios más estrictos que los clientes de bajo riesgo, explica el bufete. Alcogal cumple con todas las normativas actuales, afirma. “Entendemos que el cumplimiento es uno de los principales pilares de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales, y hemos dedicado tiempo y recursos considerables a desarrollar las infraestructuras para que nuestros trámites cumplan las leyes y los criterios más elevados en este ámbito”.

Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, Alemán afirmó que mantener el cumplimiento era una tarea complicada. “Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”.

Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado. Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada: “La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”.