Luis Felipe montiel
Cilia Flores está acusada en Estados Unidos de conspirar para importar cocaína y de dos delitos relacionados con ametralladoras y artefactos destructivos vinculados a esa conspiración. Vamos, que la señora pasó de «primera combatiente» a tener un expediente federal con más capítulos que esta propia serie.
La Fiscalía sostiene, además, que recibió cientos de miles de dólares en sobornos, que se quedó con una tajada de unos US$100.000 pagados por cada vuelo de cocaína, y que junto a Nicolás Maduro habría participado en una operación que recurrió a secuestros, golpizas y asesinatos para proteger el negocio. Durante cuatro capítulos seguimos hijos, sobrinos, contratos y terrenos. Esta vez la acusada es ella. Se acabó lo de mirar el jardín desde la ventana: la jardinera está en el banquillo.
El expediente es United States v. Nicolás Maduro Moros et al., S4 11 Cr. 205 (AKH), en el Distrito Sur de Nueva York, ante el juez Alvin K. Hellerstein. Cilia fue incorporada formalmente como acusada el 3 de enero de 2026 mediante el Fourth Superseding Indictment (justice.gov). Son tres cargos: conspiración para importar cocaína, y dos relacionados con armas de guerra vinculadas a esa conspiración. Curiosamente —y esto hay que decirlo con lupa periodística, no con generosidad gratuita— Cilia no figura en el cargo de narcoterrorismo que sí pesa sobre Maduro, Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín (justice.gov). No es poca cosa: hasta en el reparto de villanos hay jerarquías.
Ella se declaró no culpable. Y aquí, para que quede clarísimo antes de seguir: esto es una acusación de un gran jurado, no una sentencia. Ningún juicio se ha celebrado todavía. Dicho esto, vamos con lo que sí figura, negro sobre blanco, en el papel.
Cientos de miles para abrirle la puerta a un narco
Retrocedamos a 2007. Según la acusación federal, Cilia asistió a una reunión con un narcotraficante de gran escala y aceptó «cientos de miles de dólares» en sobornos, para conseguirle un encuentro con Néstor Reverol, entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas (justice.gov). Es decir, la señora habría cobrado por hacer de recepcionista VIP del narcotráfico, solo que en vez de una tarjeta de presentación entregaba acceso al jefe antidrogas del país. Después de aquel encuentro, dicen los fiscales, el traficante habría montado pagos mensuales para Reverol y una tarifa fija de US$100.000 por cada vuelo cargado de cocaína, para garantizar paso seguro. Una parte de eso, sostiene la acusación, habría llegado a Cilia (justice.gov).
Cien mil dólares por vuelo. No es programa de millas, es peaje aéreo de altísima categoría.
Cocaína reciclada y colectivos de guardaespaldas
La acusación no se conforma con un solo episodio de 2007: sostiene que entre aproximadamente 2004 y 2015 Maduro y Cilia trabajaron juntos traficando cocaína, y que parte de esa droga había sido previamente incautada por organismos venezolanos (justice.gov). O sea que, según los fiscales, la cocaína decomisada no terminaba precisamente incinerada en una ceremonia con cámaras de televisión. El indictment agrega que Maduro y Cilia mantenían grupos de colectivos para facilitar y proteger esas operaciones (justice.gov).
Y aquí llega la parte que ya no tiene nada de simpático: la Fiscalía los acusa conjuntamente de haber ordenado secuestros, golpizas y asesinatos contra deudores o personas que interferían con el negocio, incluido el homicidio de un jefe local del narcotráfico en Caracas (justice.gov). Es, hasta ahora, la acusación más grave que le hemos visto encima en toda esta serie. El indictment, eso sí, no individualiza qué secuestro, qué víctima ni qué orden específica habría dado ella; la acusación es conjunta con Maduro y sin detalles operativos publicados (justice.gov). Grave, sí. Detallada, todavía no.
Vuelven los narcosobrinos, esta vez con la tía en escena
El nuevo indictment incorpora expresamente el caso de Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, aquellos narcosobrinos que ya conocimos negociando 800 kilos y hablando del «presidential hangar» de Maiquetía (justice.gov). Y reaparece, cómo no, la frase que ya es casi un eslogan familiar: «My mom is running for the election and I need … twenty million dollars.» Campo hablaba de Cilia, según aquella conversación grabada, buscando US$20 millones del narcotráfico para su campaña de 2015 (justice.gov). Campo, ya detenido, le dijo a la DEA que se lo había inventado por miedo a que lo robaran; esa retractación pertenece al expediente anterior, no al nuevo indictment, que solo recoge la parte de los veinte millones (justice.gov).
Una historia, dos versiones, veinte millones flotando en el medio como un fantasma que nadie logra embolsillarse ni descartar del todo.
De tía a acusada
Aquí el papel de Cilia cambia por completo. Antes era la «mamá» mencionada de refilón, la candidata cuyo nombre usaban los sobrinos como excusa. Ahora los fiscales la sientan directamente en la mesa de una conspiración que, según alegan, se extendió desde 1999 hasta 2025 (justice.gov). El salto de tía de los narcosobrinos a acusada federal por narcotráfico y armas es, para cualquier guionista de telenovela, un ascenso dramático de manual.
La gallina está presa
Cilia permanece detenida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Sus abogados pidieron el 9 de septiembre arresto domiciliario, alegando 69 años, dolor torácico, arritmias, taquicardia ventricular y más de once kilos perdidos (ingest.abcnews.com). A cambio, ofrecieron un domicilio que suena más a búnker que a casa: vigilancia armada 24 horas, GPS, pasaporte entregado, visitantes preaprobados, videovigilancia y teléfono monitoreado (newstribune.com). Libertad condicionada hasta el extremo de que uno se pregunta si no es, en realidad, otra forma de prisión con mejor decoración.
La audiencia sobre esa solicitud está prevista para el 8 de octubre, y el juicio —salvo cambios— para el 1 de junio de 2027 (telesurenglish.net).
Empezamos esta serie siguiendo un apellido por los pasillos de la Asamblea Nacional. Terminamos, por ahora, con esa misma mujer acusada de narcotráfico y armas, encerrada en Brooklyn y negociando su libertad con una lista de condiciones que parece sacada de un contrato de rehén de lujo. Se declaró no culpable. El resto lo dirá un tribunal, no nosotros.
La gallina está presa. Lo demás, paciencia y expediente.
