El grupo español queda sometido durante tres años a una vigilancia especial de Estados Unidos que afecta a sus operaciones corporativas y su política de retribuciones
Los documentos judiciales del caso por el que Telefónica ha acordado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa de 85,26 millones de dólares, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, no desvelan la identidad de los dos altos cargos del Gobierno de Maduro ni de los dos intermediarios beneficiados con la trama corrupta, aunque Telefónica los ha identificado a las autoridades estadounidenses. Sí señalan, en cambio, dónde fue parte del dinero. También detallan cómo Telefónica queda sometida durante tres años a una vigilancia especial por parte del Departamento de Justicia, que condiciona materias como las fusiones y adquisiciones o su política retributiva. Telefónica costeó los sobornos, una comisión de nada menos que el 25%, para asegurarse el acceso a dólares a un tipo de cambio preferente.
Los documentos judiciales señalan que los beneficiarios principales de los sobornos fueron dos altos cargos del Gobierno de Maduro y que hubo dos personas, familiares entre sí, que ejercieron de intermediarios. Se utilizó una empresa pantalla en Panamá para recibir las comisiones, que se disfrazaron como un falso trabajo de consultoría. Buena parte del dinero pasó por cuentas bancarias neoyorquinas, lo que facilitó a las autoridades estadounidenses descubrir el pastel.
Relojes de lujo y joyas
Uno de los altos cargos y el principal intermediario celebraron los sobornos con unas “vacaciones suntuarias” con familiares en la paradisiaca isla caribeña de San Bartolomé. Según los documentos judiciales, las vacaciones en sí costaron más de 500.000 dólares, pero además, el intermediario se gastó allí unos 605.000 dólares en relojes de lujo y joyas, para disfrute del alto cargo y su mujer.
Telefónica Venezolana participó en 2014 en una “subasta” de divisas del Gobierno de Venezuela para cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Se trataba de una subasta de divisas dirigida específicamente al sector de las telecomunicaciones, para la compra de equipos. Para garantizar su éxito, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que pagasen comisiones de unos 28,87 millones de dólares a cargos del Gobierno venezolano. La filial de Telefónica cubrió el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Telefónica Venezolana pudo comprar unos 115 millones de dólares, que utilizó para comprar equipos a los dos proveedores.
Antes de la subasta, hubo una reunión entre los dos altos cargos del Gobierno de Maduro señalados y un directivo de Telefónica, en la que los miembros del Gobierno de Maduro dejaron claro que no habría dólares si no pagaban una comisión. En un acto social, un intermediario le transmitió el mismo mensaje al directivo de Telefónica, que a su vez se reunió con los directivos de las firmas proveedoras de equipos, y estos, a su vez, con el intermediario. Todos se pusieron de acuerdo.
A Telefónica le adjudicaron 55,54 millones de dólares para la compra de equipos a uno de los proveedores, que dio una comisión del 25% a la empresa pantalla: 13,863 millones. El esquema se repitió con el otro proveedor, con una adjudicación de 60 millones y una comisión de 15 millones.
El delito por el que el Departamento de Justicia señaló a Telefónica es el de “conspiración para sobornar a un cargo público extranjero”. Los documentos muestran que la empresa ha admitido los hechos y su responsabilidad en ellos. El Departamento de Justicia le ha impuesto una multa de 85,26 millones de dólares y le ha dado a Telefónica 10 días para pagarla. Además, Telefónica queda ahora en una situación que sería el equivalente empresarial a la libertad condicional de los acusados cuando son personas físicas. Tiene que demostrar buena conducta para evitar males mayores.
Vigilancia por tres años
La compañía estará sometida a una vigilancia o supervisión especial durante un periodo de tres años, la vigencia del acuerdo al que ha llegado con el Departamento de Justicia, en que se halla en una situación de “liberación condicional de responsabilidad”. Si al cabo de esos tres años ha cumplido sus compromisos, el Departamento de Justicia no presentará cargos.
Telefónica se compromete a no hacer declaraciones que supongan un rechazo de su responsabilidad en el caso. Si las hiciera, se consideraría una violación del acuerdo. Incluso debe pedir el visto bueno si quisiera enviar un comunicado o convocar una rueda de prensa para hablar del caso.
La vigilancia llega hasta el punto de que condiciona las operaciones corporativas de Telefónica. Si el grupo quisiera llevar a cabo alguna operación que implicase la venta, fusión o transmisión de negocios relevantes del grupo, tendría que asegurarse de que el comprador o sucesor empresarial acepta las exigencias de vigilancia y supervisión impuestas por el Departamento de Justicia. Si no se incluyen cláusulas para blindar ese cumplimiento, la “transacción sería nula o inválida”, dice el acuerdo.
No solo eso. Telefónica tendrá incluso que notificar con una antelación de al menos 30 días si va a emprender alguna operación corporativa de ese tipo y someter al juicio de la oficina antifraude del Departamento de Justicia si considera que tal transacción tiene el “efecto de eludir o frustrar” las exigencias impuestas al grupo o a su filial venezolana, “a su sola discreción”. Además, también las posibles compras de otras empresas se ven afectadas, pues Telefónica deberá extender a ellas las condiciones del acuerdo
Las exigencias son múltiples y someten a la compañía ―y a sus relaciones con proveedores y contratistas― a un examen continuo. El consejo de administración de Telefónica estuvo examinando el mes pasado el contenido del acuerdo, por el que asume obligaciones en materia de formación contra la corrupción, relativas a su código de conducta, controles, políticas y procedimientos internos y también sobre la estructura de su política de retribuciones y bonus.
Con respecto a esto último, el acuerdo obliga a Telefónica a poner en marcha “mecanismos claros para incentivar” el cumplimiento de su código de conducta y de las directrices contra la corrupción. Entre esos incentivos, será obligatorio que la compañía incluya “criterios relativos al cumplimiento normativo en su sistema de retribución y bonus”.
El acuerdo con el Departamento de Justicia ha sido firmado por el secretario general y del consejo de Telefónica, Pablo de Carvajal. El consejero delegado y los directores financieros y de cumplimiento deberán certificar que la compañía está ateniéndose a las directrices marcadas por las autoridades estadounidenses en cuanto a sus controles internos y otros asuntos.
Telefónica señaló en un documento registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015 que estaba “llevando a cabo una investigación interna sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”, sin precisar dónde. El supervisor requirió más información a la compañía, pero esta se limitó a decir que continuaba “cooperando con autoridades gubernamentales”, al tiempo que descartó que “cualquier posible sanción” en estos casos afectase “de forma material” a la situación financiera del grupo.
