De la gloria a la oscuridad
Diez años después que dejó el arresto domiciliario y prometió luchar por la justicia, la lideresa civil de Birmania se ha convertido en la carcelera de sus críticos y una apologista de la matanza de las minorías. Luego de recobrar su libertad y dotada de una colección de premios internacionales, que reconocían su lucha por los derechos civiles de sus compatriotas, le prometió al mundo dos cosas: luchar para que los presos políticos de Birmania para que fuesen liberados y poner fin a la lucha étnica que ha mantenido las fronteras del país en guerra durante los últimos setenta años. Ninguna de esas promesas fue cumplida, y el icono más resplandeciente de la democracia perdió su brillo.
/ Felipe Yajure / Guayamure Press
En medio del caos informativo que supone la lucha contra la pandemia de coronavirus, las miserias de la política doméstica en los Estados Unidos, las tensiones en Wall Street por los capitales emergentes, la puja entre los países más ricos del planeta por obtener el mayor número posible de vacunas contra el covid-19, o las emergencias políticas de la UE, la situación sobrevenida en Birmania, luego del golpe de estado que depuso a las autoridades civiles que gobernaban esa nación asiática, esta singular crisis política-militar se sobrepone en espectacularidad a los eventos que dominan el ecosistema noticioso de todo el planeta.
Hasta hace una década, la depuesta jefa de gobierno Daw Aung San Suu Kyi permaneció detenida en su casa bajo un estricto régimen de reclusión. Tras una intensa campaña de opinión a nivel mundial, exigiendo su liberación fue puesta en libertad luego de sumar varios años de arresto domiciliario. Durante su reclusión fue impedida de poder usar desde un celular o acceder a las redes sociales o sostener un corto diálogo con sus numerosos seguidores. Cuando pudo celebrar el fallo de la corte que la devolvía a la vida publica, en la oficina de su partido político -que estaba proscrito- emanaba un fuerte olor de humedad por los informes de derechos humanos que estaban amontonados en el piso.
Una junta militar ordenó su arresto domiciliario en 1989, después de lo cual su partido ganó las elecciones, pero los resultados fueron ignorados por la dictadura. En 1991, ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos. Luego de recobrar su libertad y dotada de una colección de premios internacionales, que reconocían su lucha por los derechos civiles de sus compatriotas le prometió al mundo dos cosas: luchar para que los presos políticos de Birmania para que fuesen liberados y poner fin a la lucha étnica que ha mantenido las fronteras del país en guerra durante los últimos setenta años. Ninguna de esas promesas fue cumplida, y el icono más resplandeciente de la democracia perdió su brillo.
Durante su detención en una villa ruinosa que duró 15 años, Aung San Suu Kyi mantuvo un horario estricto. Escuchaba las noticias radiales de la BBC. Practicaba el piano. Y, según ella, meditaba al estilo budista con la intención de trascender las preocupaciones terrenales. Aung San Suu Kyi no pudo disfrutar la crianza de sus dos hijos y tampoco pudo asistir a la ceremonia funeraria de su esposo, un académico británico que falleció de cáncer.
Aung San Suu Kyi, de 75 años, se ha convertido en una apologista de los mismos generales que la encerraron, minimizando su campaña asesina contra la minoría musulmana rohinyás. Ella pertenece a la mayoría étnica Bamar, sus críticos más fuertes la acusan de racismo y falta de voluntad para luchar por los derechos humanos de todas las personas en Birmania. Aung San Suu Kyi creció en una familia que pertenece a la nobleza política del país porque es hija del general Aung San, el héroe de la independencia birmana que fue asesinado cuando ella solo tenía 2 años. Después de pasar 28 años en el extranjero, regresó a su patria en 1988 cuando las protestas a favor de la democracia estaban estallando en todo el país. A los pocos meses, pasó de ser una ama de casa a convertirse en la lideresa del movimiento.
San Suu Kyi ha derrochado la autoridad moral de su Premio Nobel de la Paz, y aun así su popularidad ha perdurado en su país. En noviembre de 2020, su partido político, la Liga Nacional para la Democracia, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales, lo que le permitiría fijar el curso político de los próximos cinco años, un espacio donde compartiría el poder con los militares que gobernaron Birmania durante los últimos 50 años.
Su estilo de liderazgo no va hacia un sistema democrático, sino hacia la dictadura”, dijo Daw Thet Thet Khine, una ex colaboradora incondicional de la Liga Nacional para la Democracia que formó su propio partido para competir en las elecciones de noviembre. Daw Thet Thet Khine no logró ganar ningún cargo en esta oportunidad, pero advierte que San Suu Kyi no escucha la voz de la gente.
Los militares llevan varias semanas denunciando fraude electoral en las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi. as ganó por una mayoría austormente la Liga Nacional para la Democracia, que ya estaba en el poder. La LND con el 83% de los votos obtuvo 476 escaños en el parlamento, pero el ejército afirma haber descubierto 10 millones de casos de fraude electoral y ha pedido a la comisión electoral que publica las electorales para verificarlas, lo que esta no ha hecho.
El ejército declaró el estado de emergencia por un año y la celebración de elecciones «pluralistas, libres igualitarias» cuando termine este periodo. Asimismo, los generales ocuparon los puestos principales. Myint Swe, quien dirigía el poderoso comando militar de Rangún y vicepresidente real de Birmania, se convierte en presidente interino por un año, un cargo principalmente honorífico.
Es difícil pensar en un símbolo de los derechos humanos cuyo prestigio mundial se haya desvanecido tan rápidamente. Ella junto a Nelson Mandela y Václav Havel, Aung San Suu Kyi llegó a representar el triunfo de la democracia sobre la dictadura. Aunque Aung San Suu Kyi ha derrochado la autoridad moral del Premio Nobel de la Paz, su popularidad ha perdurado en Birmania, aseguran los partidarios que todavía le apoyan.
En 2019, Aung San Suu Kyi viajó a la Corte Penal Internacional en La Haya para defender al ejército de su país que fue acusado de perpetrar un genocidio contra los musulmanes rohinyás. Sin pedir disculpas, insistió al tribunal en que, si bien “no se puede descartar que se haya usado una fuerza desproporcionada” contra los rohinyás, inferir una intención genocida presentaba una “imagen fáctica incompleta y engañosa”. Su página de Facebook divulgó una publicación con la etiqueta de “Falsa violación”, descartando de manera abrupta la violencia sexual sistemática y bien documentada cometida contra los rohinyás.
Durante el gobierno de Aung San Suu Kyi, las tierras fronterizas de Birmania, donde conviven otras minorías étnicas, ahora están plagadas de un número mayor de conflictos que hace una década. Un nutrido grupo de poetas, pintores y estudiantes han sido encarcelados por decir abiertamente lo que piensan sobre la situación política de su país. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, actualmente se cuentan 584 personas que son consideradas presos políticos, o están a la espera de ser enjuiciadas por ese tipo de cargos en Birmania. Ahora que ella probó el poder, no creo que quiera compartirlo con nadie, asegura Seng Nu Pan, una lideresa política de la etnia Kachin que lucha por la autonomía en el norte del país.
Las objeciones.
Pero las virtudes que le sirvieron tanto durante su largo arresto domiciliario, su dignidad y el búnker psicológico que forjó podrían ser algunas características que explican su fracaso en la lucha por lograr una verdadera democracia representativa en Birmania. La línea entre resolución y obstinación, convicción y condescendencia, es muy delgada. Es irónico que mientras la comunidad internacional usó sus libertades para promover su liberación, ella está empleando algunos de los mismos mecanismos legales implementados por los militares para reprimir la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión”, dijo Bill Richardson, exembajador estadounidense ante las Naciones Unidas y un viejo aliado de Aung San Suu Kyi.
Richardson dice que se distanció de ella en 2018, porque la instó a liberar a dos periodistas de Reuters que fueron encarcelados después de descubrir una masacre de personas rohinyás y Aung San Suu Kyi se enojó tanto que pensó que iba a abofetearlo. “Si con sus palabras y acciones no logra que sus simpatizantes de la etnia bamar apoyen una visión más inclusiva del país, es probable que Birmania se convierta en un lugar menos estable y más violento”, agrega el embajador Richardson.
A pesar de su retórica democrática, Aung San Suu Kyi respeta el ejército que formó su padre. Algunos de los fundadores de la Liga Nacional para la Democracia eran ex oficiales militares que lucharon contra rebeldes étnicos en el interior de Birmania. Desde que asumió el poder como consejera de Estado del país en 2016, Aung San Suu Kyi suele elogiar al ejército, y se niega a reconocer las operaciones militares para librar al país de los musulmanes rohinyás. El partido que le apoya está organizado con una jerarquía militar en la que la oficial al mando es Aung San Suu Kyi, pero el ejército real mantiene el control sobre importantes ministerios, una parte del parlamento y un conjunto de negocios lucrativos.
En 2017, aproximadamente tres cuartos de millón de personas rohinyás huyeron a Bangladés, el país vecino. Muchos de los que quedan en el país se encuentran en campos de internamiento. A los rohinyá no se les permitió votar en las elecciones de noviembre de 2020, y las urnas fueron canceladas en otras zonas de conflicto de minorías étnicas, privando de sus derechos a más de 2,5 millones de personas que no pertenecen a la etnia Bamar. Como resultado, los partidos étnicos no pudieron alcanzar los logros electorales que esperaban, aunque la Liga Nacional para la Democracia postuló exitosamente a dos candidatos musulmanes.
La otra historia.
Daw Aung San Suu Kyi, la líder civil de Birmania depuesta por los militares en un golpe de Estado, fue acusada el miércoles de una confusa infracción: haber importado ilegalmente al menos diez radios portátiles, según un funcionario de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. La infracción puede ser castigada con hasta tres años de prisión. En un curioso epílogo a un golpe de Estado veloz, los militares de Birmania decretaron una medida contra la líder civil de la naciente democracia. En esta nueva etapa de su vida Aung San Suu Kyi, es acusada por la junta militar que la depuso de importar radios portátiles, y por este delito podría estar nuevamente detenida.
Fue un extraño epílogo a unas tensas 48 horas en las que el ejército volvió a poner a la líder más popular del país bajo arresto domiciliario y extinguió las esperanzas de que la nación del sudeste asiático pudiera servir algún día como faro de la democracia en un mundo inundado de creciente autoritarismo. El sorprendente uso de la importación de los walkie-talkies, para justificar la privación de la libertad de la nobel de la paz subraya la afición de los militares a utilizar una estrategia detallada para neutralizar a su mayor rival político. El presidente destituido del país también se enfrenta a penas de cárcel por presuntas violaciones de las restricciones impuestas por el coronavirus.
La orden judicial para detener a Aung San Suu Kyi, facilitada por funcionarios del partido que gobernaba Birmania hasta el golpe del lunes. Estaba fechada el día del golpe y autorizaba su detención durante 15 días. El documento decía que los soldados que registraron su casa en Naypyidaw, la capital, habían encontrado varios equipos de comunicaciones que habían sido introducidos en el país sin la documentación adecuada.
El golpe de Estado destituyó a un gobierno electo que los votantes consideraban la última defensa contra un ejército que había gobernado el país de forma absoluta durante casi cinco décadas. Durante sus cinco años de mandato, la Liga Nacional para la Democracia recibió dos contundentes mandatos, el último en las elecciones generales de noviembre pasado.
A medida que avanzaba el golpe de Estado, los militares recurrieron al conocido manual de las dictaduras: apagar del servicio de internet, suspender los vuelos y detener a sus críticos. Además de Aung San Suu Kyi, también fueron detenidos sus ministros más leales, monjes budistas, escritores, activistas y un cineasta.
Sin embargo, en el aturdimiento del silencio que siguió a la toma del poder por parte de los militares, pocos soldados patrullaban las calles. El lunes por la tarde, Aung San Suu Kyi estaba de vuelta en su villa de la capital, en lugar de en una de las tristemente célebres celdas del país. No se produjeron más detenciones masivas y volvió el acceso a internet.
La relativa paz -hasta el momento parecía un golpe de Estado prácticamente incruento- impulsó a algunos habitantes de Birmania a alzar cautelosamente la voz contra la reimposición del gobierno militar. Mientras algunas personas retiraban las banderas de la Liga Nacional para la Democracia del exterior de sus casas, otras participaban en pequeñas campañas de desobediencia civil, con cacerolazos o hacían sonar las bocinas de sus carros para protestar contra el golpe.
Decenas de trabajadores de una red de telefonía móvil dimitieron en protesta por los vínculos militares de su empleador. Los médicos de un hospital posaron juntos, cada uno con tres dedos levantados en un saludo desafiante inspirado por las películas de Los juegos del hambre. El gesto se ha convertido en un símbolo de las manifestaciones a favor de la democracia en la vecina Tailandia, donde también han surgido rumores de golpe de Estado.
Junto con Aung San Suu Kyi, el presidente U Win Myint, uno de sus acólitos políticos que también fue detenido el lunes, recibió una orden de detención por violar las normas de emergencia por el coronavirus. Se le acusó de saludar a un carro lleno de partidarios durante la campaña electoral del año pasado, según U Kyi Toe, funcionario de la Liga Nacional para la Democracia. Si se le declara culpable, Win Myint podría enfrentarse a tres años de prisión. Tener antecedentes penales podría impedirle volver a la presidencia.
El martes 2 de febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que había convocado una reunión privada de emergencia sobre Birmania, se negó a emitir una declaración de condena del golpe; China y Rusia se opusieron a tal medida. En Washington, el Departamento de Estado dijo que había llegado a la conclusión de que la toma del poder por parte de los militares era, efectivamente, un golpe de Estado, una etiqueta que afectará a parte de la ayuda exterior estadounidense al país.
Los militares de Birmania, conocidos como el Tatmadaw, dieron su primer golpe de Estado en 1962, un ejercicio sangriento que allanó el camino para casi cinco décadas de gobierno directo de mano dura. Aung San Suu Kyi y los líderes de su Liga Nacional para la Democracia fueron encerrados durante lo que debería haber sido su mejor momento político. Los generales ordenaron masacres de manifestantes prodemocráticos y enviaron soldados para expulsar de sus tierras a miembros de grupos étnicos minoritarios. Incluso cuando la junta comenzó a dar al gobierno civil cierto espacio para operar, se aseguró de que el ejército siguiera controlando gran parte de la esfera económica y política.
La confirmación de la acusación contra Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su resistencia pacífica al ejército, se produjo el miércoles en medio de un torbellino de rumores. A primera hora de la tarde, los legisladores de la Liga Nacional para la Democracia intercambiaron piezas de información errónea, incluso cuando ellos mismos estaban bajo detención militar.
Un rumor decía que sería acusada de alta traición, un delito castigado con la pena de muerte. Otra versión decía que se la acusaba de fraude electoral. Nadie adivinó que su supuesto pecado estaría relacionado con los radios portátiles. En un comunicado emitido el martes por la oficina del jefe del ejército, el comandante en jefe Min Aung Hlaing, el Tatmadaw dijo que había actuado en el mejor interés de los ciudadanos de Birmania.
La Liga Nacional para la Democracia, que supervisó la comisión electoral del país, rechazó la acusación del Tatmadaw de que la manipulación de los votantes había provocado un mal resultado del partido vinculado a los militares. El miércoles, los legisladores de la Liga Nacional para la Democracia que habían sido confinados en sus casas por los soldados emitieron un comunicado en el que afirmaban que seguían apoyando a Win Myint como presidente. Rechazaron las insinuaciones de que habían sido relevados de sus funciones legislativas. La Asamblea Nacional debía reunirse por primera vez desde las elecciones de noviembre, el mismo día del golpe.
