El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano.
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.
A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países –incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.
Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.
Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta.
Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.
El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (…) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.
Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez.
Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.
Cultivando una red “agrícola”
Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos.
Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en paraísos fiscales no son ilegales, facilitan la evasión de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los dueños a través de “capas”, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos dueños de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el inglés de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez más frecuente entre venezolanos, según las revelaciones de Pandora Papers, pues Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.
Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho más allá de la creación de sociedades sin ninguna actividad real, y que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compañías de cascarón- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.
Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola. En la trama andorrana, el pago de “asesorías” era el pudoroso concepto que con frecuencia amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.
Según comunicaciones emanadas de la filtración, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compañías que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta última recibió en 2011 un “préstamo” de seis millones de dólares prometido por la misma Brown Investments Ltd.
Si se sigue tirando del hilo de Brown Investments Ltd, este arrastra consigo toda una maraña de conexiones que exponen la magnitud y complejidad de la red.
En enero de 2015, la sociedad firmó un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un “estudio actuarial”. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodríguez Cabello y Salazar.
Otro hilo de esa misma red “agrícola” apunta directamente a Diego Salazar –arrestado en 2017 tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante el régimen de Nicolás Maduro, y todavía hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a través de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una “gestión y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales” por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, también registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de “asesoría técnica” a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.
Por Apolonia Services Inc. firmó el acuerdo su representante, Edgardo Eloy Díaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 suscribió un acuerdo de “asesoría y servicios” directamente con Diego Salazar Carreño para ayudarle a “asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas” y “crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de interés”.
La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registró una sede en Caracas, pero el local se encuentra vacío y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista.
Ni Apolonia Services Inc., Brown Investments Ltd. o CIC Consulting Insurance Company han sido mencionadas hasta ahora por el Tribunal de Andorra como parte de la trama de los venezolanos, lo que demuestra que las entidades involucradas en la misma eran muchas más que las 56 empresas identificadas a lo largo de la investigación judicial en el Principado, e introduce la posibilidad de que sean incluso más que las 78 que las nuevas revelaciones totalizan.
Cuestión de reputaciones
Aunque los primeros nombres que identificó la justicia andorrana como de creadores de la trama que canalizó el dinero de sobornos y pagos opacos a través de cuentas en la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro que se haría familiar para los investigadores fue el de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, tenido entonces como mano derecha de Rafael Ramírez y sobre quien pesan tres procesos judiciales, en Estados Unidos y en España, además del de Andorra.
Dos empresas creadas por BPA Serveis con la ayuda de Alcogal, Josland Investments S.A. y Oswald International Limited S.A -cuyos propietarios finales son Villalobos y su esposa, Milagros Torres Durán-, también utilizaron los servicios de agentes del bufete panameño para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited.
En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy Díaz, de Alcogal, firmó un acuerdo de servicios de “asesoría y asistencia” por cinco millones de dólares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesoría por 3,96 millones de dólares. El representante y signatario por parte de Oswald para este último acuerdo fue José Cornelio Berdiales, de nacionalidad panameña y reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero.
Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firmó los acuerdos la ejecutiva panameña Thays Herrera de Salas -entonces miembro de otro bufete panameño, Anzola, Robles & Asociados-, un nombre que se repite sin descanso en cargos directivos de todo tipo en empresas creadas en paraísos fiscales y por lo tanto vinculada a algunos escándalos de desvío de fondos.
A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetición de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos, Tristaina Trading Corp., registrada y manejada por Alcogal, firmó a través de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy Díaz, otro contrato “por servicios profesionales y asistencia técnica” por un monto de 5,1 millones de dólares con la empresa Nizar Industries Corp., representada por Thays Herrera de Salas.
Aunque estos acuerdos comprometían abultados montos en dólares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resalta la informalidad en su redacción y presentación. Con la excepción de, quizás, un par de ellos, la mayoría no exceden las cuatro páginas, no cuentan con algún sello o logo de las empresas relacionadas, anexos o cronogramas que indiquen cómo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos supuestamente acordados. Prácticamente ninguno tiene cláusulas penales o advertencias en caso de incumplimiento del contrato.
Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo después de que este dejara de ser viceministro, lo cual debió haber levantado algún seguimiento o alerta entre los agentes registradores, como Alcogal, y entidades bancarias, como la BPA y sus respectivas oficinas de comprobación de antecedentes o KYC (know your client o “conoce a tu cliente”), creadas precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero.
Alcogal aseguró, sin precisar nombres, que “como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento”.
También señaló que BPA Serveis, la filial panameña de la BPA, “era una entidad jurídica independiente del banco andorrano (…) operaba con una licencia bancaria internacional emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 2011 y también gozaba de una muy buena reputación en el sector”.
Para esa fecha y desde 2010, ya estaba en curso por parte de la fiscalía venezolana la investigación relacionada con la trama inicial de blanqueo de dinero, a raíz del descubrimiento de cuentas de ocho funcionarios en BPA. Esa primera pesquisa desembocó en algunas detenciones, confiscación de pasaportes, y una rogatoria de información para las autoridades del Principado.
Dos años más tarde, desde Andorra llegaría una petición equivalente para que el Ministerio Público venezolano, para entonces dirigido por Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, requiriendo información adicional sobre otro grupo de venezolanos -de los que más de mitad eran funcionarios públicos- con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios expedían un tufo a blanqueo.
Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atlántico quizás se habría prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en 2015 el reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que revelaba que BPA -uno de los dos bancos principales de Andorra, un virtual paraíso fiscal- había alojado por años las transacciones de lavado de dinero de corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que BPA se había convertido en “una institución financiera de interés primordial para el blanqueo de capitales” de una red de fondos de procedencia ilícita que se había construido “a través del desarrollo de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales”. La subsiguiente sanción de Washington impedía a BPA seguir trabajando con el dólar estadounidense y el sistema financiero norteamericano, lo que en la práctica equivalía a una sentencia de muerte para su negocio.
Con guante de seda
Al reventar el escándalo de BPA en marzo de 2015 tras la publicación del informe de FinCEN, Alcogal pareció tomar cartas en el asunto. Sus ejecutivos requirieron informes internos sobre cuántas y cuáles empresas gestionaban por órdenes de BPA Serveis, y de inmediato el bufete renunció a 11 de las 50 empresas que manejaba entonces con beneficial owners que formaban parte del grupo de venezolanos mencionados como parte de la trama de blanqueo andorrana. En ese momento, detectó otras 14 compañías también relacionadas pero que habían quedado disueltas en años anteriores. El bufete reconoce que renunció a las empresas “envueltas en actividades ilegales”, pero no detalla qué pasó con las otras 25 sociedades de los clientes señalados, con las que se llegaría a las 50.
Entre estas se cuentan algunas de muchísima actividad en la trama de blanqueo según las justicia andorrana, como High Advisory and Consulting, High Rise Projects o Highland Assets Corp (de la dupla Salazar-Rodríguez Cabello), Lomond Overseas o Tristaina Trading (de Nervis Villalobos), sobre las que no adoptó medida alguna de suspensión o renuncia sino hasta dos o tres tres años después.
En algunos casos la reacción de Alcogal llegó a ser muy cautelosa. Especial atención merece el trato que recibió Luis Mariano Rodríguez Cabello, uno de los cabecillas de la trama, y su empresa High Advisory and Consulting, cliente de BPA Serveis y de Alcogal, quien levantó sospechas incluso entre personeros del alto gobierno panameño. Este, desde la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF), solicitó información al bufete sobre esa empresa y quién era su beneficiario final.
En una carta enviada en noviembre de 2015, Alcogal ratificó que el último beneficiario de High Advisory and Consulting era Rodríguez Cabello, pero sin informar sobre el estatus o actividad de la empresa para la fecha. Solo sería en otra carta, dirigida al mismo despacho pero en 2017, cuando Alcogal destaca que había renunciado como agente residente de la empresa el 1 de febrero de ese año, casi dos años después de la intervención y cierre de BPA en Andorra.
Alcogal tardó lo mismo en deslindarse de Landstreet International, una de las sociedades que según investigaciones de la policía de Andorra funcionó como el epicentro de los pagos que hicieron las “sociedades instrumentales” de los venezolanos a los agentes de la BPA Serveis que facilitaron la canalización de dinero a través de cuentas en la BPA.
Uno de los más activos reclutadores para BPA Serveis, que recibió hasta 3,9 millones de dólares por parte de Landstreet International, fue Luis Alejandro Rivero García, identificado como tal por el Tribunal Superior de Andorra y, al mismo tiempo, testaferro de Nervis Villalobos a través de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre). Tras ser requerido por la Fiscalía Nacional Anticorrupción de Panamá, Alcogal respondió que renunció a ser agente residente de la mencionada sociedad en 2017 “debido a noticias adversas publicadas (…) que involucraban a la sociedad en supuestas actividades ilícitas”.
Aunque la investigación sobre esta red en Andorra fue concluida en 2018, ninguno de los venezolanos señalados como participantes está bajo arresto. El juicio continúa paralizado. Con la declaración, esta semana, del directivo de la BPA y único detenido tras la intervención del banco en 2015, Joan Pau Miquel, la justicia andorrana parece dar un agónico paso para retomar el caso, cuyo segmento venezolano no menciona ni las gestiones ni el involucramiento de Alcogal, que salió ileso del embrollo. Hasta ahora.
(*) Brenda Medina, Joaquín Gil y Aníbal Pedrique colaboraron con esta historia.
