Por Luis Felipe Montiel
El miércoles 23 de septiembre, la planta de National Beef en Liberal, Kansas, avisó a sus empleados que algunos horarios de entrada habían cambiado y que consultaran con sus supervisores antes de presentarse. El mensaje no explicaba por qué. Afuera, en las calles por las que esos trabajadores llegan a la planta, agentes de ICE detenían vehículos, según Kansas News Service. En Kansas no hacía falta mucha imaginación para relacionar una cosa con la otra. Hacía falta, en cambio, averiguar cuánto le había costado al negocio.
La fiesta a la que nadie entró
El Departamento de Seguridad Nacional fue preciso en un punto. Su secretario, Markwayne Mullin, dijo a Reuters que ICE no realizaba operativos dentro de los centros de trabajo y que buscaba a personas acusadas de delitos graves o con órdenes finales de expulsión. Dentro de la planta, no. Alrededor de las plantas y en las calles que llevan a ellas, sí, según vecinos y autoridades locales en Dodge City, Liberal y Garden City. Es como decir que uno no entró a la fiesta: solo se quedó en la puerta con cara de policía y los invitados decidieron volver a casa.
Esa precisión importa, y hay que respetarla en ambos sentidos. Alejandro Rangel-Lopez denunció que agentes intentaron entrar en las plantas de National Beef; DHS sostiene que no realizó operativos dentro de los centros de trabajo. Mullin difundió imágenes de cinco personas que identificó como detenidas en Kansas, pero eso no es un balance completo de las detenciones. La vicealcaldesa de Liberal, Janeth Vázquez, habló de «decenas», una cifra local que nadie ha confirmado oficialmente. Al cierre de esta crónica no se había publicado un balance completo de los arrestos, los lugares donde ocurrieron y sus fundamentos.
Lo que sí consta es el efecto. Vázquez contó a Reuters que el jueves se presentaron muy pocos empleados en la planta de National Beef en Liberal. La empresa dijo que cooperaba con las autoridades dentro de la ley, pero no respondió a las preguntas concretas sobre la actividad de ICE. Cooperar mucho y explicar poco es una especialidad de la casa.
Ciudadanos a los que también les pidieron papeles
El miedo no se detuvo a comprobar el estatus migratorio de cada trabajador. Frank Duran, empleado de Cargill en Dodge City, y su hija Guadalupe Navarrete, empleada de National Beef en Liberal, contaron a The Midwest Newsroom y Kansas News Service que agentes detuvieron el vehículo en el que viajaban y pidieron identificación. Ambos son ciudadanos estadounidenses. No fueron arrestados. Llegaron a casa con la experiencia de haber tenido que demostrarlo.
La inquietud alcanzó las escuelas. Vázquez dijo a esos medios que 120 alumnos faltaron el miércoles a Meadowlark Elementary. En Dodge City, el distrito escolar pidió a las familias actualizar sus contactos de emergencia por si algún estudiante necesitaba que otra persona lo recogiera. Cuando la escuela pide un plan B para la salida de clases, el pueblo ya tiene claro qué clase de semana es.
Ni los defensores de la política migratoria quedaron indiferentes. El senador republicano Roger Marshall reconoció en un comunicado «interrupciones masivas» en negocios y comunidades del suroeste de Kansas. Dijo que las autoridades locales no habían recibido el aviso ni la cooperación esperados de ICE y trasladó sus preocupaciones a DHS. Marshall defendió la aplicación de las leyes, pero pidió que se hiciera de manera responsable. Cuando quien aplaude la función pide que bajen el volumen, algo se desajustó en el sonido.
El ganado que no llegó a la planta
El 24 de septiembre, las asociaciones ganaderas de Kansas, Oklahoma y Texas informaron que los envíos de miles de reses a las procesadoras se habían retrasado, con millones de dólares en ingresos perdidos y costos adicionales, según reportes de sus miembros. Describieron interrupciones también en corrales de engorde, lecherías, empresas de granos y centros de transporte, y advirtieron que el temor afectaba a trabajadores con documentos y autorización legal.
Es una advertencia seria de quienes conocen el negocio, pero no es una contabilidad. El comunicado no identifica corrales, empresas ni rutas, y no publica cómo se calcularon esas pérdidas. «Miles» y «millones» son, por ahora, las dos unidades de medida de quien todavía no enseña la libreta.
Los números verificables los tiene el USDA, y hay que leerlos con pinzas. Reuters informó que el sacrificio nacional de bovinos cayó de unos 107.000 animales el jueves anterior a 90.000 el jueves 24, aproximadamente 16 %. Para el viernes 25, el USDA registró 87.000, frente a 101.000 el viernes previo: casi 14 % menos.
Sería cómodo adjudicarle toda esa caída a ICE, y sería falso. Son cifras de todo el país, no solo de Kansas ni de una planta. La faena ya venía históricamente baja antes de esta semana. En Kansas hay testimonios de ausencias y reportes de envíos retrasados. Lo que las cifras nacionales no permiten calcular es cuánto de la caída de la faena se debió a esas interrupciones.
Y no es la única pieza del mercado: el USDA registró 542 millones de libras de carne de res importadas en julio, 19 % más que un año antes, impulsadas en parte por una cuota ampliada para Argentina. Ese movimiento comenzó antes de los operativos de Kansas.
Una factura que aún no llega al supermercado
Los ganaderos advierten que las interrupciones terminarán elevando el precio de la carne. Puede ocurrir, pero todavía no hay una medición que atribuya a las redadas un aumento concreto en la caja registradora. La carne ya estaba cara antes. El índice de precios del BLS muestra que la carne de res y ternera costaba 5,9 % más en agosto que un año antes, aunque el índice mensual había bajado 0,8 % en julio y 1,0 % en agosto. El inventario del USDA situó el hato estadounidense en 86,2 millones de cabezas al comenzar 2026. El CPI de septiembre está programado para el 14 de octubre. Culpar a ICE de todo el precio actual sería como acusar al mesero de la inflación del restaurante.
El miedo también entra a las obras
El fenómeno no es exclusivo de la carne. En una encuesta publicada en septiembre, la asociación de contratistas AGC encontró que 29 % de las empresas participantes había sufrido algún efecto directo o indirecto de la aplicación de las normas migratorias en los seis meses anteriores. En 12 %, trabajadores se marcharon o dejaron de presentarse por acciones reales o por rumores. Esos porcentajes se solapan y no deben sumarse. La encuesta se hizo en julio y agosto: no midió los operativos de Kansas.
También registra retrasos de proyectos por falta de personal, pero por cualquier causa, y esa escasez tiene explicaciones múltiples. Cargarle esos retrasos a ICE es un deporte de moda que la encuesta no respalda.
Lo que queda en el plato
Queda una noticia concreta y una pregunta abierta. La noticia: una política destinada a detener y expulsar personas también puede sacar de sus puestos a trabajadores que nadie detuvo, incluso a quienes tienen autorización legal para trabajar. También puede hacer que ciudadanos tengan que identificarse en el trayecto a sus empleos. La pregunta: cuánto durará la interrupción y qué parte de la cuenta terminará pagando quien compra la carne.
Mientras tanto, las reses siguen necesitando alimento y cuidado. Para llevarlas del corral a la mesa sigue haciendo falta alguien dispuesto a salir de casa e ir a trabajar.
