El presidente firma una ley de emergencia que destina 8.300 millones de dólares a combatir la crisis
PABLO GUIMÓNWashington –
Al mismo ritmo al que se expande el coronavirus en Estados Unidos, se extiende el temor a que su impacto sea mayor de lo que sugieren las cifras oficiales. El propio vicepresidente Mike Pence, al que Donald Trump encargó liderar la respuesta federal a la crisis, ha advertido de que a medida que “se expandan las pruebas de diagnóstico por el país, van a aparecer más casos”. “No tenemos suficientes tests hoy para hacer frente a lo que anticipamos será la demanda en adelante”, reconoció Pence el jueves, en una visita a una planta de material médico en Minesota. Hasta este viernes, se han certificado 14 fallecimientos y 233 contagios por el SARS-CoV-2 en 17 Estados del país, la gran mayoría en Washington y California, en la costa oeste.
El presidente Trump ha firmado este viernes una ley, aprobada de urgencia la víspera por el Senado, que destina 8.300 millones de dólares para afrontar la propagación de la enfermedad. Más de 3.000 de esos millones serán destinados al desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas de diagnóstico para detectar los contagios. El presidente canceló una visita que tenía prevista este viernes al Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), en Atlanta, alegando que no desea interferir en las labores de la agencia para frenar la expansión del virus. “El CDC ha sido proactivo y ha estado preparado desde muy al principio y el presidente no quiere interferir con la misión del centro de proteger la salud y el bienestar de la gente”, ha dicho un oficial de la Casa Blanca.
Pero la confusión sigue reinando en los protocolos de diagnóstico de posibles contagiados, después de días de declaraciones contradictorias de la Administración acerca de la disponibilidad de las pruebas, que han provocado frustración en la comunidad médica. La Administración federal primero limitó el acceso a las pruebas de diagnóstico a personas hospitalizadas con fiebre y síntomas respiratorios, o a aquellos que hubieran mantenido un contacto estrecho con pacientes confirmados. Pero el miércoles se publicaron nuevas directrices del CDC que extendían los exámenes a cualquier estadounidense con la orden de un doctor. El vicepresidente, en una visita el jueves por la noche a Washington, el Estado más afectado, con más de 70 casos y 11 muertes, aseguró que 1,2 millones de pruebas de diagnóstico serán distribuidas por el país “en los próximos días” y otras cuatro millones para finales de la semana que viene.
“Sin duda hubo pasos en falso al principio en la distribución de los tests, algunos problemas técnicos que ralentizaron el proceso”, dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, en una entrevista en televisión. “Aunque ha habido retraso, en el próximo par de semanas deberíamos haber aumentado la distribución”.
El origen de la tardanza en la distribución de las pruebas de diagnóstico está en que el CDC erró en su primer intento de producirlas. En febrero se distribuyeron kits de pruebas a laboratorios estatales y locales, pero algunos de ellos fallaron y no arrojaban resultados concluyentes. Se tardó en producir y distribuir el reemplazo, de modo que las pruebas de diagnóstico solo se podían realizar en la sede de la agencia en Atlanta.
Dada la deficiente distribución, según los críticos, el CDC restringió el acceso a las pruebas estableciendo criterios muy estrictos. Las quejas de los facultativos a la respuesta federal llevaron a la Administración a prometer una expansión de las capacidades de diagnóstico, contando con compañías privadas y centros académicos. Los expertos temen que el reciente el aumento de números de contagiados no obedece solo a la difusión del virus, sino a la mejora en la distribución de las pruebas de diagnóstico, que hace que se detecten más casos.
A todo ello se suma la realidad de un país sin una cobertura de sanidad pública universal en el que, por temor a los costes, muchos pacientes no acuden al médico aunque tengan síntomas similares a los que produce el coronavirus. Hay cerca de 28 millones de ciudadanos estadounidenses sin seguro médico, y muchos otros tienen seguros con primas que les obligan a pagar una parte de los gastos médicos. Aunque las pruebas diagnósticas son gratuitas, la visita a las urgencias de los hospitales puede tener costes asociados para los pacientes. En la prensa circulan historias de pacientes que han acudido a hacerse las pruebas y se encuentran, días después, en el buzón de su casa, facturas de compañías de ambulancias u otros servicios derivadas de su visita al hospital.
