**Cinco nombres, ninguna explicación.**
Cinco presos murieron el 20 de abril en Yare III. El Estado venezolano conoce sus nombres: Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. Cinco meses después, no ha dicho públicamente cómo murieron, cuántos heridos dejó el hecho ni en qué terminó la investigación que anunció al día siguiente. Cuando la custodia es total, el silencio también es una decisión.
**La versión oficial: una «riña» que se volvió motín.**
El 21 de abril, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó las muertes. En un comunicado habló de una «riña entre privados de libertad» que derivó en motín dentro del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, un recinto de máxima seguridad, y anunció que el Ministerio Público abriría una investigación para determinar las circunstancias. Lo que el comunicado no incluyó es lo esencial: las causas de muerte de los cinco reclusos. Un parte que informa que hubo muertos, pero no de qué murieron, es un trámite, no una rendición de cuentas.
**Afuera, la incertidumbre.**
Para entonces, los familiares llevaban horas frente al penal buscando información. Las visitas estaban suspendidas sin explicación, había ambulancias en los alrededores y circulaban versiones de motín y traslados. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un video en el que los familiares exigían una respuesta con una consigna elemental: «¡Queremos visita!». No pedían un informe forense. Pedían saber si los suyos estaban vivos.
**Dos relatos que no coinciden.**
La reconstrucción posterior del OVP difiere de la del ministerio. Según los testimonios que recogió la organización, los privados de libertad llevaban cinco días sin agua potable ni alimentos. Durante una actividad religiosa, funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas), apoyados por el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), realizaron una requisa en el módulo II. El OVP sostiene que, en medio de una protesta de los reclusos para exigir comida, agua, la presencia del director y traslados, los funcionarios dispararon balas y perdigones contra la población penal.
**Una versión que exige investigación, no silencio.**
Nada de esto está probado, pero tampoco está descartado. Algunos familiares dijeron que los cuerpos tenían presuntos impactos de bala. Hasta ahora no se han divulgado autopsias, informes balísticos ni experticias que permitan establecer cómo murieron los cinco hombres. Sin datos oficiales, no se pueden confirmar ni desmentir las denuncias, y esa es precisamente la ventaja de quien no informa.
**La obligación no termina al cerrar la puerta.**
Quien priva de libertad a una persona asume la responsabilidad de proteger su vida, su integridad y su salud. Eso incluye garantizar agua, alimentos y atención médica, y usar la fuerza de forma proporcional cuando estalla la violencia. El Estado no puede ser dueño de la llave y ajeno a lo que ocurre detrás de la reja.
**Después de los muertos, la dispersión.**
Para el 28 de abril, el OVP documentó el traslado de más de 600 privados de libertad desde Yare III hacia cárceles de Aragua, Carabobo, Guárico y Lara. No se publicó una lista oficial y muchas familias no sabían dónde estaban sus parientes. Los traslados pueden responder a razones de seguridad. Pero después de un hecho con cinco muertos y un número no precisado de heridos, también pueden dificultar el esclarecimiento si entre los movilizados había testigos, víctimas o personas con información.
**Lo que una investigación seria tendría que responder.**
Quiénes ingresaron al módulo, qué armas se utilizaron, qué órdenes se impartieron, cuántas personas resultaron heridas y qué atención recibieron. Y también si hubo fallas previas de alimentación, agua, salud o manejo de la protesta.
**Un reloj que corre en contra de las familias.**
El 25 de abril, cinco días después de los hechos, el OVP resumió lo que se sabía: cinco muertos, una cantidad desconocida de heridos, visitas y paquetería suspendidas, traslados sin información clara y familias sin respuestas. La organización pidió separar al director del penal mientras se investigaba y solicitó la intervención de instituciones nacionales y organismos internacionales.
**Instituciones presentes, resultados ausentes.**
La Defensoría del Pueblo no ha presentado públicamente un informe sobre el caso. El Ministerio Público anunció la designación de fiscales, pero no ha divulgado imputaciones, experticias ni conclusiones. El Ministerio Penitenciario reconoció las muertes, pero no explicó las causas. Todos aparecen en el expediente y ninguno en la respuesta.
**Un caso que no es aislado, pero sí particular.**
Yare III arrastraba denuncias de falta de agua, alimentación deficiente, obstáculos para la atención médica y tratos crueles. Las muertes ocurrieron, además, en un período en el que el OVP ha documentado decenas de fallecimientos bajo custodia del Estado, muchos asociados a enfermedades, desnutrición y atención tardía. Pero aquí hay cinco nombres, una fecha precisa, una versión oficial, denuncias que la contradicen y una investigación anunciada que no ha producido nada público.
**Las preguntas que siguen en pie.**
¿Cómo murieron Keivin, Eliecer, Erkin, José y Jean Carlos? ¿Cuántas personas resultaron heridas? ¿Quiénes participaron en el operativo? ¿Por qué fueron trasladados más de 600 reclusos? ¿Qué hizo la Fiscalía con la investigación que anunció?
El Estado tiene las llaves de Yare III. También tiene los registros, las armas y la obligación de explicar qué pasó. Mientras no lo haga, la «investigación» seguirá siendo un anuncio con la cara tapada.
*Alfredo Alexander Alvarez / CNP 5289*
