Por Luis Felipe Montiel
El ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, anunció que queda sin efecto la medida temporal de 2025 que suspendió la operación, importación y circulación de drones en el país. Según contó, los productores se lo pedían en cada reunión, y él mismo los llama «imprescindibles». Es una buena noticia, y conviene darla pronto porque lo que viene detrás no lo es tanto.
El propio ministro reconoció que la agricultura debe ser rentable y que quien termina pagando las variaciones del precio de los fertilizantes es el productor. Un dron permite fumigar con precisión, vigilar sembradíos y gastar menos. Lo que no permite es pedir un préstamo. Osman Quero, presidente de Fedeagro, explicó en la misma nota que el origen del problema está en la falta de financiamiento bancario. Sin crédito aparecen financieras que compran los insumos y se los entregan al productor, que paga en cosecha y caro. Como lo financiado, con los cargos del prestamista, se cobra en producto que se vende a menor precio, la cosecha pierde valor antes de llegar al mercado. El dron mira la parcela desde arriba, pero el pagaré no sale en la foto.
Venezuela tuvo una empresa que hacía buena parte de ese trabajo. Se llamaba Agroisleña, y Bloomberg Línea recuerda que suministraba el 70% de los insumos a los productores y tenía 60 sucursales. Armando.info la describe como la empresa privada, fundada por inmigrantes canarios, que era líder tradicional del mercado. Hugo Chávez la expropió en octubre de 2010 y quedó convertida en Agropatria.
Cargarle a una sola expropiación todas las penas del campo sería deshonesto, porque hubo una crisis larga, inflación y un crédito que se secó. Transparencia Venezuela sostiene, eso sí, que Agropatria recibió créditos del Banco Bicentenario que ayudaron a financiar importaciones irregulares y una política de subsidios que terminó en sobreprecios y escasez.
Luego llegaron los privados. Esa organización cuenta que en 2020 se negociaron activos de Agropatria. Los silos de Chaguaramas fueron a Consorcio Veinca y algunas tiendas a Grupo Agrollano 2910, cuya accionista mayoritaria, según Transparencia Venezuela, con base en información del Registro Nacional de Contratistas, es Daimar Giorgina Landaeta Barbosa. El informe recoge además que Tal Cual reportó una alianza de veinte años para la tienda de Machiques, en Zulia, y no consta que esa duración rija para el resto. De los contratos, nada: Transparencia señala que el Gobierno no ha publicado ninguno y que, en ninguno de los 33 casos de empresas estatales negociadas que examinó, pudo identificar una convocatoria abierta y competitiva. Se sabe que alguien entró; por qué puerta, no tanto.
En Barinas hay algo más concreto. Armando.info documentó que cuatro antiguas tiendas de Agropatria, en Barinas, Pedraza, Santa Bárbara y Sabaneta, pasaron a lucir el rótulo Agrollano–Grupo Nemer, y no el de Agrollano 2910, distinción que el reportaje cuida. Describe a Atef Nemer, patriarca del grupo, como cercano a Adelis Chávez y vinculado con Adán Chávez, hermanos del fallecido presidente. En su carta de réplica, Nemer admite una vieja amistad con la familia, anterior, dice, a que algunos de sus miembros llegaran al poder, y niega haber necesitado protección o favores del Estado. Sostiene además que sus cuatro tiendas son una participación modesta dentro de una red mayor. Una amistad no prueba irregularidad alguna en unas tiendas. Lo que hace falta es que alguien explique el procedimiento, y si hubo arrendamiento, administración, alianza o una figura con nombre menos amable. Administrar una empresa pública no equivale a comprarla.
Queda la factura internacional. En marzo de 2022, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Venezuela por la expropiación. Bloomberg Línea, citando a las sociedades españolas demandantes, informó que la indemnización principal era de 1.629 millones de dólares, con intereses a la tasa Libor a seis meses más cuatro puntos, capitalizados cada año, desde el 4 de octubre de 2010 hasta el pago completo. El asunto no terminó ahí: según la base de datos de la UNCTAD, la decisión del 9 de abril de 2025 mantuvo el laudo frente a la solicitud de anulación presentada por Venezuela. La obligación sobrevivió al intento de anulación. Los intereses, según las condiciones comunicadas por las demandantes, siguen vinculados al tiempo transcurrido desde la expropiación. Falta confirmar cuánto se ha pagado, si algo.
El balance deja cuentas abiertas: qué fue de la red expropiada, bajo qué condiciones parte de ella pasó a manos privadas y cuánto costó el pleito.
El Gobierno ha devuelto los drones al campo. De aquella empresa que se expropió con la promesa de servir mejor al agricultor, todavía no hay noticias aéreas.
