Por Luis Felipe Montiel
María Corina Machado pasó meses practicando una virtud que en política suele confundirse con el mobiliario: la paciencia. Confió en Donald Trump, confió en Marco Rubio, confió en las etapas previstas en Washington. El viernes 16 de octubre, en una entrevista con Julie Turkewitz publicada por The New York Times, empezó a ponerle apellidos a sus reparos.
El más sonoro es Alejandro Betancourt, a quien Machado atribuye una «corrupción obscena». El empresario aparece vinculado a North American Blue Energy Partners (NABEP), protagonista de un acuerdo petrolero anunciado por la Casa Blanca que, según los términos divulgados, contempla derechos sobre 17 campos venezolanos durante un plazo de hasta cien años. Cien años. Uno ha visto contratos de alquiler de local comercial con menos vocación de eternidad.
Conviene la cautela que el asunto exige. El nombre de Betancourt está asociado a Derwick Associates, a los contratos eléctricos de la era de Hugo Chávez y a investigaciones por presunto blanqueo de capitales. Una investigación no es una condena, y esa distinción importa incluso cuando los antecedentes resultan incómodos. Lo que sí está sobre la mesa es una pregunta de sentido común: qué explicación pública merece un acuerdo de esa magnitud. Hasta ahora, las declaraciones oficiales sobre recuperación económica no parecen alcanzar.
La corrupción, por cierto, no es un tema de salón. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, de febrero de 2026, halló que el 56,7 % de los consultados la ubicaba entre los principales problemas del país. Nadie necesitaba un estudio para saberlo; basta con preguntarse, cada vez que se va la luz, dónde fueron a parar los reales.
Machado propone además una Comisión de la Verdad y sostiene que ciertos crímenes no pueden ser objeto de amnistía. Lo curioso es que esto no requiere militancia opositora. El artículo 29 de la Constitución obliga al Estado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y el 30 establece el deber de indemnizar integralmente a las víctimas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y persecución política. Una comisión puede preservar testimonios y esclarecer responsabilidades, pero no sustituye a los tribunales. Hay quien entiende pasar la página como arrancarla del expediente. Las víctimas tienen razones para discrepar.
Luego viene el asunto de la mesa. Machado afirma que Estados Unidos no la ha incluido en las negociaciones. El Departamento de Estado sostiene que su partido fue invitado. Las dos versiones están sobre la mesa y alguien tendrá que aclararlas, porque una invitación formal no demuestra participación efectiva, aunque tampoco puede ignorarse la respuesta estadounidense. Entretanto, Delcy Rodríguez sigue al frente del gobierno interino, y Machado cuestiona que la estabilización haya pasado por entregarle la conducción a quien considera parte de la estructura responsable de los abusos anteriores.
Nada de esto equivale a una ruptura. Ella sigue diciendo que confía en que Washington busca una transición democrática. Lo que cambió es que ahora se permite señalar que el camino escogido podría estar equivocado, algo que durante meses se dijo, si acaso, en voz baja y con mucha educación.
Hay un punto que los inversionistas deberían leer con lupa. Machado asegura que respetará los contratos firmados en esta etapa siempre que cumplan la legislación nacional. Es una condición tan elemental que sorprende tener que subrayarla. Sin conocer los contratos completos, las condiciones de adjudicación y las autorizaciones correspondientes, sería irresponsable declarar ilegal el acuerdo de Betancourt. También lo sería garantizarle por adelantado una validez que nadie ha demostrado en público. La seguridad jurídica empieza por la ley, no por la importancia del socio.
Queda el argumento de los números, que ella tiene a favor. Otra encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, publicada el 14 de octubre, le atribuyó el 52 % de la intención de voto en una hipotética elección presidencial, frente al 19 % de Rodríguez y el 8 % de Lorenzo Mendoza. Una encuesta no concede poderes constitucionales ni nombra representantes exclusivos de nadie. Sirve, eso sí, para medir el respaldo de quienes pretenden hablar en nombre de los venezolanos.
Machado dice que volverá a Venezuela antes de lo que muchos imaginan, y que no obstaculizará los acuerdos que faciliten una transición democrática. Su entrevista deja claro, sin embargo, que no piensa seguir de espectadora mientras otros fijan las reglas.
En una negociación, llegar tarde tiene una desventaja conocida: cuando uno entra al salón, alguien ya repartió las sillas.
