Creció convencida de ser estadounidense, cuando se dió cuenta que no lo era, su busqueda para solucionar el problema, la puso en riesgo de deportación
BETHEL, Alaska — Cuando Rebecca Trimble era niña, vestía de rojo, blanco y azul para los desfiles del Día de la Independencia. En la escuela secundaria, fue abanderada de las Niñas Exploradoras. Durante su adolescencia, los Backstreet Boys sonaban desde un equipo de sonido en su habitación.
Fue en la víspera de su boda en 2012 cuando se dio cuenta de que algo andaba mal en su educación estadounidense. Había sido adoptada de recién nacida en México y descubrió que lo que ella creía una pequeña confusión en su documentación era algo completamente diferente. Al final, se dio cuenta de que no solo no era estadounidense, sino que, en opinión del gobierno, no tenía lugar en Estados Unidos.
Este año, una carta de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos llegó al remoto rincón del oeste de Alaska donde Trimble cocina para personas sin hogar y donde su esposo, John, es el único dentista de la ciudad.
“No está autorizada a permanecer en Estados Unidos”, decía el documento, y le ordenaba que abandonara el país en 33 días o enfrentara la deportación.
“Me siento increíblemente vulnerable”, dijo Trimble, de 30 años, mientras sus dos hijos, Elliot, de cinco años, y Jay, de cuatro, jugaban en su departamento en Bethel en una tarde soleada. “Tengo mi fe en un milagro”.
La descuidada supervisión de adopciones internacionales impulsó durante años el auge del comercio de bebés. En los años 80 y 90, los estadounidenses que querían niños fueron engañados para pagar a redes que pasaban bebés de contrabando a través de la frontera. A inicios de la década de 2000, niños que fueron arrebatados a sus padres por intermediarios en Vietnam, Guatemala y otros países fueron presentados como huérfanos a agencias de adopción estadounidenses. En otros casos, los padres no entendieron, o no siguieron, las reglas para lograr que las adopciones extranjeras fueran totalmente legales.
La adhesión de países como México a las convenciones internacionales para evitar el secuestro, venta o tráfico de niños ha frenado las adopciones ilícitas en los últimos años. Pero algunas de las prácticas irregulares del pasado les dan un vuelco a las vidas de los adoptados cuando llegan a la edad adulta, como Trimble.
“Hay demasiadas personas en el limbo sin tener ninguna culpa”, dijo Susan Jacobs, una embajadora jubilada que fue asesora especial en materia de adopciones en el Departamento de Estado entre 2010 y 2017. “Se enteran a los 20 años, y tienen que asumir la responsabilidad de lo que hicieron o no hicieron sus padres cuando ellos eran bebés”.PARTICIPATus comentarios, opiniones y críticas en español son bienvenidos.
La Campaña por los Derechos de los Adoptados, un grupo que promueve la ciudadanía para los adoptados, calcula que al menos 35.000 personas en Estados Unidos carecen de la ciudadanía estadounidense porque sus padres adoptivos no se las garantizaron.
Han formado sus propias familias, solo para enterarse de la verdad al ir a votar u obtener un pasaporte o cuando tuvieron problemas con la ley. Más recientemente, su estatus precario ha quedado al descubierto cuando solicitaron una Real ID, una licencia con estándares más estrictos que en 2020 se requerirá para los viajes aéreos nacionales.
“Los adultos adoptados empiezan a descubrir que no son ciudadanos después de haber pensado que eran estadounidenses toda su vida”, dijo Gregory Luce, un abogado de inmigración de Mineápolis especializado en adopciones.
En 2001, el Congreso proporcionó ayuda a los adoptados menores de 18 años que carecían de ciudadanía, y el gobierno federal ha estado dispuesto a ayudar a otros a ajustar su estatus caso por caso. Pero esa flexibilidad parece haber disminuido bajo la agenda restrictiva a la inmigración del gobierno de Donald Trump.
Trimble se ha encontrado en un enmarañado viaje a través de la burocracia de inmigración, donde cada apelación parece terminar igual: debe regresar a un país que no ha visto desde que tenía tres días de nacida.
Una bebé nacida en México
La historia de Trimble comenzó cuando su padre adoptivo, George Wilson, mecánico de vehículos recreativos en Salem, Oregon, y su esposa, Pamela Edmonds, dejaron de tratar de concebir un hijo después de ocho años de intentos. Un día en 1989, recibieron noticias de amigos en México de que un bebé a punto de nacer de una niña de 12 años necesitaría un hogar. Acordaron pagar las facturas médicas de la niña y se dirigieron a México con una pila de pañales, biberones y ropa de recién nacido.
Tres días después, estaban en casa con su hija. En la frontera, un agente de Estados Unidos se asomó a su vehículo, donde Rebecca estaba acurrucada en los brazos de su nueva madre; los hizo pasar. Al mes siguiente, llegó un certificado de nacimiento de México que los nombraba como los padres de Rebecca Lynn Wilson, que pensaron —de forma incorrecta— que era todo lo que necesitaban para legalizar la adopción.
Becky, como la llamaban, era una niña alegre con ojos marrones almendrados y cabello oscuro y sedoso. “Era una alegría, tan inteligente y tan amorosa”, recordó Edmonds, hoy de 62 años.
Finalmente, Becky se enteró de que fue adoptada. “No pensé que fuera menos estadounidense”.
Después de que sus padres se separaron, Trimble y su madre se mudaron a Vancouver, Washington. En la secundaria Hudson’s Bay, Becky se destacó en sus clases, comenzó a jugar bolos y dirigió el equipo de atletismo.
Una de sus maestras alentó a la clase a registrarse para votar antes de las elecciones presidenciales de 2008, y ese noviembre, Trimble votó por única vez en su vida.
Se enamoró de un compañero de estudios, John Trimble, un fondista que la llevó al baile de graduación. Después de la secundaria, la pareja decidió casarse y pensó en un viaje por carretera a Canadá para su luna de miel.
En la primavera de 2012, ella solicitó una ID mejorada, alternativa a un pasaporte que los estadounidenses pueden usar para ingresar a Estados Unidos desde Canadá o México.
Un empleado estudió su acta de nacimiento mexicana, se la devolvió y dijo que Trimble tenía que mostrar una prueba más de ciudadanía estadounidense, como un certificado de naturalización. Ella estaba perpleja.
“Fui donde mi madre y le hice preguntas, y ella no sabía. John y yo comenzamos a investigar”, recordó.
Confundida, la pareja decidió centrarse en su boda, que se aproximaba. “Soy una persona bastante optimista”, recordó Trimble, de 29 años. “Pensé: ‘Lo resolveremos’”.
Solo mucho más tarde quedó claro el alcance de los problemas con la forma en que sus padres manejaron su adopción. Antes de salir de México, los padres de Trimble deberían haber obtenido la custodia oficial de su nueva bebé de un juez mexicano y luego obtener una visa de inmigrante para ella en un consulado de Estados Unidos.
Los padres de Trimble dijeron que no sabían que habían ido en contra de las reglas. El médico que atendió el parto, dicen, les informó que todo lo que necesitaban para formalizar la adopción era un certificado de nacimiento que los nombrara como padres, y que los amigos que organizaron la adopción les consiguieron uno. En Oregon, solicitaron y recibieron una tarjeta del seguro social para la niña. “Hasta donde sabíamos, Becky era ciudadana de Estados Unidos”, dijo Wilson, quien ahora tiene 74 años.
Lo que luego sabrían es que Trimble tampoco tenía una ciudadanía mexicana clara. Las autoridades mexicanas les dijeron que no tenían constancia del certificado de nacimiento que la pareja recibió por correo.
“Siento que, cuál es la palabra para decirlo, no he hecho lo correcto por ella”, dijo Wilson. “Siento que le he fallado”.
Los funcionarios de los Servicios de Inmigración dijeron que la agencia no comenta casos individuales, pero enfatizaron la necesidad de que los padres adoptivos obtengan visas para los niños traídos al país.
Los Trimble, que no podían pagar un abogado, visitaron un grupo de asistencia legal en 2015. Durante una dolorosa reunión comprendieron por primera vez la gravedad de la situación de Trimble. No solo no era estadounidense. Su hija también estaba en el país de manera ilegítima.
Como inmigrante indocumentada, a Trimble se le exigiría abandonar Estados Unidos y esperar diez años antes de volver a ingresar como solicitante de un permiso de residencia.
Pero había esperanza. Tener un cónyuge estadounidense en el ejército, al que Trimble se había unido para sufragar el costo de la escuela de odontología, podría proporcionar un camino más rápido para obtener un permiso de residencia. Era candidata para solicitar una exención que le permitiría permanecer en Estados Unidos mientras su solicitud estaba pendiente.
Trimble señaló en el formulario que su esposa “literalmente conoce a cero personas que viven en México”. No sabe el paradero de sus padres biológicos. No habla español.
Pero lo que sucedió después pareció desafiar la lógica.
En febrero de 2016, el gobierno negó a Trimble la exención debido a que dicha solución solo está disponible para aquellos que ingresaron ilegalmente al país. La entrada de Trimble no había sido ilegal, dijo la agencia, porque un agente fronterizo la había autorizado.
Confiada ahora en que podría presentar una solicitud sin exención especial, presentó una solicitud formal para un permiso de residencia en diciembre de 2016, con su esposo como patrocinador.
Su carpeta contenía decenas de páginas de documentos, incluidas declaraciones de impuestos, un certificado de matrimonio y fotos de su boda.
Pasaron los meses y la pareja no tenía noticias.
A inicios de 2017, durante el último año de Trimble en la escuela de odontología, él comenzó a buscar trabajos en zonas desatendidas para cumplir con el requisito de su beca militar.
Aceptó un puesto en la clínica comunitaria de Bethel —a unos 640 kilómetros de Anchorage, en el río Kuskokwim— que está cubierta de nieve y hielo la mayor parte del año y donde solo se puede llegar en avión o en barco.
Cuando la familia hacía las maletas, los Servicios de Inmigración notificaron a Trimble que tenía programada, a fines de junio, una entrevista en persona, un paso crucial, y a menudo el último, en el proceso del permiso de residencia.
En la reunión, la línea de preguntas de la funcionaria se desvió hacia su registro de votación. Sí, dijo Trimble, ella había votado en una elección nacional a los 19 años.
“Le dije que pensaba que estaba cumpliendo con mi deber cívico”, recordó Trimble. “No tenía motivos para creer que no era una ciudadana estadounidense”.
Un nuevo hogar en Alaska
Los Trimble llegaron a Bethel en julio de 2017, justo a tiempo para buscar bayas en la tundra.
Al ser el único dentista en la clínica familiar local, Trimble vio crecer rápidamente su lista de pacientes en una comunidad muy unida.
Él empezó a tocar la guitarra en la banda de la iglesia Acuerdo Evangélico de Bethel. Ella se convirtió en la jefa de cocina del club de comidas para personas sin hogar de la iglesia y comenzó a dirigir estudios bíblicos para niños pequeños.
Mientras tanto, los Servicios de Inmigración empezaron a plantear preguntas sobre la autenticidad del certificado de nacimiento mexicano de Trimble.
Un problema era que el certificado de nacimiento que se le había entregado a sus padres hacía tantos años no se emitió en Baja California, donde nació, sino en el estado de Oaxaca, a unos 3200 kilómetros de distancia. Y aunque los padres de Trimble también tenían una copia del registro de nacimiento del hospital en Baja California, no había un registro oficial de su nacimiento registrado con las autoridades allí.
Las autoridades mexicanas le dijeron que un juez tendría que analizar las circunstancias que rodearon su nacimiento y entrevistar a testigos para emitir el nuevo certificado de nacimiento, si fuera necesario. Y Trimble tendría que estar presente, dijeron, sin ninguna garantía de que se le permitiría volver a ingresar a Estados Unidos.
A pesar de la incertidumbre, la pareja siguió con su vida. Las conservas de pera de Becky ganaron el primer lugar en la feria de la ciudad aquel verano. La pareja erigió un puesto de raspadillas, donde servían 21 sabores
Comenzaron a compartir fragmentos de su saga con amigos.
En la iglesia se hicieron peticiones de oración a su nombre.
“Toda nuestra familia de la iglesia ha derramado oraciones sobre la situación de Becky”, dijo Adam London, el pastor principal de la congregación de 200 miembros.
Un miembro, representante estatal de Bethel, sugirió a la pareja contactar a la oficina de la senadora principal de Alaska, Lisa Murkowski, para pedir ayuda. Los Servicios de Inmigración le respondieron a la senadora que el caso estaba “bajo revisión”.
En mayo del año pasado, un miembro de su iglesia organizó una venta de garaje para beneficiar a una familia necesitada. Becky Trimble no sabía que las ganancias —1486,01 dólares— eran para ayudar con sus honorarios legales.
Los Trimble contrataron a Margaret Stock, una abogada de Anchorage que se reunió con un supervisor de los Servicios de Inmigración para discutir el caso. Pasaron varios meses más.
En febrero, Trimble recibió una decisión de dos páginas negándole el permiso de residencia.
La negativa indicaba que el 17 de enero de 2008 ella se había registrado para votar de forma ilegal y que luego había votado en una elección general en noviembre. “Por lo tanto, su solicitud debe ser y , por medio de la presente, queda denegada”, decía.
Trimble tenía 33 días para salir del país, o enfrentar la deportación.
“Sentí que no tenía identidad en ese momento. No significaba nada”, dijo, con la voz entrecortada.
En marzo, Stock presentó una moción para reabrir el caso de Trimble, y el concejo de Bethel aprobó una resolución instando a los representantes y agencias federales a reconocer “la singularidad de la situación de Rebecca Trimble”.
El mes pasado, los Servicios de Inmigración rechazaron la solicitud. El próximo paso de Stock es demandar a la agencia en un tribunal federal para conseguir un permiso de residencia o ciudadanía para su clienta.
Los dos senadores de Alaska han presentado un proyecto de ley privado “para el auxilio de Becky Trimble” que requerirá ser aprobado por la Cámara y el Senado, un proceso que podría llevar años.
Trimble, cuyas facturas legales han aumentado, no ha sido informada de que se haya iniciado un caso de deportación en su contra, tal vez porque la pandemia del coronavirus ha retrasado la aplicación de la ley de inmigración.
Por ahora, está intentando reanudar lo que llamó “una vida tranquila y normal”. En el cumpleaños de Jay, horneó un pastel de limón con glaseado de bayas de la tundra, y la familia celebró por Zoom con amigos y familiares. Trató de acallar los temores de que los agentes de inmigración se presentaran para llevársela.
Sheelagh McNeill contribuyó con la investigación.
Miriam Jordan es una corresponsal nacional cuyos reportajes descorren el telón sobre las complejidades y paradojas de las políticas de inmigración y su impacto en los inmigrantes, las comunidades y la economía. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India. @mirjordan
Miriam Jordan is a national correspondent whose narratives pull back the curtain on the complexities and paradoxes of immigration policies and their impact on immigrants, communities and the economy. Before joining the Times, she covered immigration for more than a decade at the Wall Street Journal and was a correspondent in Brazil, Israel, Hong Kong and India. @mirjordan
