Capítulo 3: El decreto de la impunidad: La jugada legal que suspendió las licitaciones para armar un festín express
Para comprender cómo fue posible levantar decenas de colosos residenciales de 12 pisos que colapsaron en pocos segundos, es necesario adentrarse en los despachos de la burocracia caraqueña. El desastre de las Opppe en La Guaira no comenzó con la mezcla defectuosa de concreto ni con la inestabilidad de los terrenos; comenzó en las oficinas gubernamentales con una jugada jurídica precisa que desmanteló de un plumazo los controles de transparencia del Estado venezolano. Bajo el pretexto humanitario de atender la crisis climática, el gobierno de Hugo Chávez diseñó una arquitectura de la opacidad que permitió repartir miles de millones de dólares sin rendir cuentas a nadie.
La coartada perfecta: Las lluvias de 2010
El punto de partida del desmantelamiento institucional se sitúa a finales de 2010, cuando intensos deslaves y lluvias azotaron de forma catastrófica los estados Falcón, Miranda, Distrito Capital y Vargas. La magnitud del desastre natural dejó a miles de familias damnificadas y obligó al Ejecutivo a actuar con extrema rapidez. Sin embargo, en lugar de encauzar la respuesta estatal a través de los canales ordinarios de planificación y fiscalización técnica, el gobierno diseñó un régimen de excepción que sirvió como un cheque en blanco permanente.
En diciembre de 2010, el presidente Hugo Chávez promulgó un decreto de emergencia que declaraba el estado de excepción en todo el territorio de los estados afectados. La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), creada originalmente por decreto en octubre de 2009 para labores urbanísticas excepcionales de carácter estético y paisajístico en Caracas, recibió de pronto la colosal y desproporcionada misión de asumir la edificación masiva de viviendas sociales bajo el esquema de la naciente Misión Vivienda Venezuela.
Apenas tres meses después del decreto de emergencia, en enero de 2011, la Opppe pasó formalmente a convertirse en una fundación de Estado con patrimonio propio y atribuciones extraordinarias para manejar ingentes fondos directamente. Esta transformación jurídica le otorgó un inmenso poder financiero que, a la postre, se ejerció con absoluta opacidad, blindándola contra la obligación de ofrecer reportes contables públicos o desglosados al país.
El artículo 102 y la muerte de las licitaciones públicas
La verdadera llave maestra de la discrecionalidad financiera se activó mediante la suspensión formal de las leyes de licitación y control del gasto público. Al amparo del decreto de emergencia y mediante una aplicación caprichosa del artículo 102 de la Ley de Contrataciones Públicas, el gobierno suspendió la obligatoriedad de convocar a concursos públicos para los contratos de ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes.
Esta anulación fáctica de la ley eliminó de cuajo el requisito indispensable de someter a las empresas constructoras a un riguroso escrutinio de solvencia técnica, capacidad financiera e historial en el sector. A partir de ese momento, el criterio de selección de las empresas quedó reducido a la absoluta discrecionalidad de los directivos de la Opppe, quienes despachaban con comodidad desde su sede ubicada en el tercer piso del Palacio Blanco, justo frente al Palacio de Miraflores. Bajo este paraguas de discrecionalidad y contrataciones express directas, coloquialmente conocidas como contratos ‘a dedo’, la Opppe benefició a empresas inexpertes, desconocidas o directamente inhabilitadas ante la ley.
La danza de los millones sin fiscalización
Con las compuertas de la licitación y la transparencia completamente cerradas, el flujo de recursos públicos hacia la Opppe alcanzó dimensiones extraordinarias. Documentos de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Despacho de la Presidencia —ente de adscripción de la Opppe— demuestran que durante el quinquenio comprendido entre 2011 y 2015 la oficina manejó un presupuesto consolidado de casi 3.300 millones de dólares (específicamente, 3.273.625.727,15 dólares, calculados a la tasa de cambio oficial de cada año).
Durante ese quinquenio, el de 2012 fue el año de mayor prosperidad y despilfarro para las arcas de la Opppe, devorando un presupuesto extraordinario sin parangón de 1.169.517.397,90 dólares. El afán de propaganda chavista para asegurar el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 justificó que la Opppe entregara a todo galope un total de 2.306 viviendas en Vargas solo en ese año de campaña, acelerando un sprint de obras apresuradas que sacrificó la seguridad técnica de los ciudadanos a cambio de votos inmediatos.
A pesar de la magnitud del tesoro público manejado por esta fundación estatal, la transparencia brilló por su ausencia. En las Memorias y Cuentas de 2011 y 2012, el organismo se negó a desglosar la ejecución de los millonarios montos, limitándose a justificar genéricamente el uso de los fondos alegando que se destinaron a ‘contribuir a las mejoras y soluciones de los problemas urbanísticos’. A partir de 2013, la opacidad del organismo se volvió absoluta: la directiva de la Opppe ni siquiera se tomó la molestia de detallar algún proyecto específico en sus rendiciones de cuentas anuales, ocultando el desfile de las 84 contratistas inexpertas que recibieron contratos express. El decreto de emergencia, concebido para proteger a las familias damnificadas por las lluvias de 2010, operó en la realidad como una patente de corso jurídica para que el favoritismo y el desvío de fondos se adueñaran del litoral central, abriendo el camino para la impunidad de las constructoras de maletín.
Mañana en el Capítulo 4: Comercializadoras de ferretería y cooperativas llaneras: Los ‘ilustres desconocidos’ que construyeron en La Guaira. Desnudaremos la radiografía de las empresas beneficiadas con los contratos express de la Opppe, revelando el alarmante historial mercantil de las firmas que levantaron las torres que colapsaron.
