Es la nueva realidad producto de “la muerte civil”
El informe Encovi 2022 (10-11-2022), realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indica la caída de la pobreza multidimensional (medida más allá de la variable ingresos y toma dimensiones sociales y de infraestructura como la salud, educación y servicios públicos), el incremento de la desigualdad entre pobres y ricos (pasó del 0,407 al 0,603 del índice Gini) y un empeoramiento de la calidad educativa (1.5 millones de niños están fuera del sistema formativo).
El impacto de la recuperación económica se hizo sentir, pero se incrementó la pobreza por razones sociales, dijo uno de sus presentadores, el sociólogo Luis Pedro España. “Medida por el nivel de ingresos, la pobreza afecta a 81,5% de la población, es decir, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. La pobreza extrema, en la que se encuentran aquellos con ingresos insuficientes para adquirir los alimentos básicos, bajó de 68% en 2021 a 53,3% en 2022. Estos números son el resultado del repunte de la actividad laboral, luego de las crisis de la gasolina y Covid-19 en 2021, la eliminación de controles y la liberalización de la economía”.
Los analistas y la nomenclatura del régimen, en coro, refieren al “mejoramiento del país”, producto de la liberación –obligada- de la economía y la instauración del “dólar como moneda nacional”, porque es la referencia para determinar el valor de los productos –la mayoría importados- y los servicios.
No explican cómo Venezuela muestra indicadores positivos luego de una caída del PIB del 78% entre 2013-2021, explica Asdrúbal Oliveros; la pérdida del 80% del parque industrial (Conindustrias 2020) y el que queda trabaja entre el 20 y 30% de su capacidad, la quiebra de Petróleos de Venezuela, el limitado financiamiento nacional e internacional, una inflación anual calculada en 200%, con una escalada de precios producto del incremento del dólar, y una endeble protección jurídica.
En “el país normal”, la huida de sus hijos no para.
Los 7.1 millones de venezolanos que salieron, cifra manejada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difícilmente regresarán. El trabajo propagandístico del régimen chavista hace ver que el retorno de unos cientos es por la mejoría, pero el daño psico-social y económico producto de la diáspora es difícil de cuantificar, en materia de muertes, suicidios, desmembramiento familiar, pérdida de capital humano y quiebra de empresas. Nadie se marcha de su país si la situación está bien. Los números no mienten y tarde o temprano la realidad se impone.
El régimen busca tres objetivos estratégicos:
Reconocimiento internacional al ilegítimo Nicolás Maduro (ya lo está logrando con el apoyo de Estados Unidos de América), eliminación de sanciones (así los corruptos podrán mover sus capitales libremente y puede solicitar créditos internacionales para financiarse) e impunidad (posibles condenas de la Corte Penal Internacional). Ya con su socio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se inició el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y comerciales, convirtiéndose en su promotor activo.
Con el gobierno de Petro, la prioridad serán los negocios en el área petrolera y en el comercio de bienes.
Con el aparato productivo mermado, Colombia tendrá la balanza comercial a su favor. Es el aliado político e industrial más cercano; sin embargo, esta normalización se ha convertido en un gran problema. Los cierres y la suspensión de relaciones diplomática y comerciales realizadas por Hugo Chávez (2008-2009) y Maduro (2015) torpedearon un proceso de integración con la Comunidad Andina de Naciones y destrozaron un intercambio que ascendió hasta US $ 7.000 millones (2005).
Al restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas anunciado por las partes, hace poco más de un mes, la ensombrecieron los intereses de la guerrilla, las bandas criminales, los militares y los cuerpos de seguridad, especialmente venezolanos.
La periodista española de la revista Semana, Salud Hernández, denunció la corrupción, la mentira y la falta de seguridad jurídica, como los factores que impiden la apertura de la frontera. Información que confirma el periodista zuliano, Norge Faría, por lo experimentado en el eje Paraguachón-Maicao.
En su búsqueda de reconocimiento mundial, Maduro aceptó reiniciar las conversaciones con la oposición, con el patrocinio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y sus aliados del Foro de Sao Paulo (FS), Alberto Fernández (Argentina) y Petro.
Este último, cumpliendo los lineamientos del FS, pidió inmunidad para su aliado, aplicando el relativismo instrumentado por la izquierda para tapar sus crímenes y corrupción. La experiencia indica que las conversaciones y negociaciones, desde la llegada de Chávez en 1999, sólo ha beneficiado al chavismo y en nada a los venezolanos y su dirigencia opositora. 23 años lo ratifican.
Para reafirmar el reconocimiento, Maduro acudió a la cumbre del clima COP27, organizada por la ONU en Egipto, un objetivo que logró porque aceptaron su participación, sin cuestionarle el desastre ambiental del Arco Minero y los daños ocasionados por los derrames petroleros. Hasta la fecha, el régimen lleva la delantera.
La normalización de país, es la “muerte civil” de los venezolanos, dice el periodista zuliano, Alirio Rodríguez, recordando el planteamiento del colega fallecido, Antonio Marcano. Y eso es difícil de aceptar. El cerco mental y físico que vive la sociedad conduce a la depresión, la impotencia intelectual y la inmovilidad social. Lo ocurrido en Venezuela, “es un reacomodo hacia una nueva realidad”.
Lo que no dicen los analistas
Explica Rodríguez, es que la brecha social (desigualdad) aumentó. Los enchufados, los banqueros, los militares, la nomenclatura roja, los empresarios que ven en la anarquía una oportunidad de negocios, se colocan en el lado de los adinerados, mientras el resto se mantiene en la pobreza, como lo indica Encovi 2022.
Otro hecho que ejemplifica la búsqueda de impunidad, es la propuesta del general (R), Néstor Reverol, actual presidente de la empresa de energía eléctrica Corpoelec, quien lanzó la cínica propuesta “borrón y cuenta nueva” para el estado Zulia, el más afectado por la mala calidad del servicio, con la que los usuarios pagarán las consecuencias de la funesta gerencia.
Pretenden con un pago único justificar y tapar la corrupción acentuada desde 2009 (Derwick Associates, ProEnergy), la ineficiencia gerencial, el daño de miles de electrodomésticos y la destrucción del sistema de electricidad. Este financiamiento mantendrá una gestión obscura que no rinde cuentas y tampoco lo hará. A falta de dinero para robar, ahora el régimen le “mete la mano en el bolsillo al pueblo”. Es la nueva realidad producto de “la muerte civil”.
