Hace menos de un mes empezó en Venezuela un juicio que parecía imposible. Tareck El Aissami, apenas tres años atrás el hombre más poderoso del chavismo —ex vicepresidente, ex ministro de Petróleo, figura inseparable de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— llegó a la primera audiencia en silla de ruedas, visiblemente más delgado, con el uniforme azul celeste de los prisioneros. Era el protagonista del mayor proceso por corrupción que se ha abierto en Venezuela en dos décadas: 64 imputados, miles de millones de dólares desaparecidos, y una arquitectura criminal construida desde el propio Estado para evadir las sanciones estadounidenses.

El juicio se celebra en el último piso del Palacio de Justicia de Caracas, bajo vigilancia de hombres armados, cerrado al público, con sesiones que se prolongan hasta la madrugada. El expediente está bajo llave. “Es un caso de envergadura y hay tanta opacidad”, dice el exfiscal Zair Mundaray, hoy en el exilio, que sigue el proceso a través de fuentes dentro de los tribunales.

Lo que esas fuentes han revelado es perturbador. Ante el tribunal, El Aissami declaró que fue extorsionado por fiscales del Ministerio Público, que le pedían dinero a cambio de liberarlo del proceso. Que sufrió desaparición forzada, aislamiento prolongado, negación de atención médica y el uso de drogas durante los interrogatorios. Que un fiscal y un médico lo desnudaron y drogaron. Que pasó ocho meses bajo un reflector, durmiendo en un piso extremadamente frío. El Aissami declaró que no sabía que en Venezuela había tortura hasta que lo vivió, aunque él mismo supervisó los cuerpos policiales cuando fue ministro del Interior entre 2008 y 2012.

Y dio nombres. El Aissami declaró que, bajo órdenes de a Tarek William Saab que estuvo al frente del Ministerio Público —el mismo que lo acusa— hasta febrero, los fiscales y un psiquiatra “lo drogaron y desnudaron durante un interrogatorio”. El acusado aseguró que Saab fue a su celda “a burlarse de sus condiciones” y que una vez le dijo: “Duermes como un príncipe, porque así duermen los príncipes, en el suelo”. Mundaray agregó que El Aissami dijo que Saab le amenazó: “Estás muerto. Hoy te odia todo el país, pero yo voy a encargarme de que te odie todo el universo”. Además, asegura que intentó incriminarlo junto a sus escoltas en el asesinato del cantante de rap Canserbero, una causa que el exfiscal reabrió y convirtió en prioridad.

Esa primera audiencia terminó con El Aissami llorando. Exigió su derecho a la salud y dijo que tenía miedo de no volver a ver a su hijo, que se recuperaba de una operación de corazón.

El acusado ha convertido cada intervención en un desafío abierto al tribunal. Ha denunciado violaciones procesales, exigido sesiones públicas. “Si este es el robo más grande de la historia, debe ser el juicio más transparente”, aseguran que dijo. Las denuncias han tenido efecto: esta semana el fiscal Eddie Rodríguez —a quien dicen que acusó de acudir a su celda para exigirle que grabara un video confesando delitos— fue apartado temporalmente del caso. Mientras tanto, la hernia en la columna y el trombo en una pierna que arrastra desde su detención —las secuelas ocho meses en el suelo helado— han llevado a su defensa a pedir la libertad condicional.

El Aissami también ha señalado otras tramas que involucran a funcionarios del entorno de Maduro y a la esposa del presidente, Cilia Flores. Su defensa pide la nulidad del juicio.

En el fondo del expediente hay algo más grande que un hombre, hay una compleja red criminal vinculada con el Estado. El llamado caso PDVSA Cripto investiga el desfalco que dejó la operación con la que Venezuela comenzó a intercambiar petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022 —el mecanismo con el que el Gobierno sobrevivió al cerco sancionatorio. Una arquitectura que involucra también a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Economía, y luego al frente de Petróleo cuando El Aissami renunció intempestivamente en marzo de 2023, desapareció de la escena pública y fue detenido un año después. En el banquillo están también el exdiputado Hugbel Roa, el exministro de Finanzas Simón Zerpa y el exsuperintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez.

Los cargos son graves: traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales, asociación para delinquir. El dinero perdido, solo en esta causa, se calcula entre 5.550 millones de dólares según la Fiscalía y 16.900 millones según Transparencia Venezuela. “La acusación señala que las divisas producidas por las ventas del crudo se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles”, explicó la ONG.

No es la única acusación que pesa sobre El Aissami. Figura en las listas de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2017, lo busca la justicia estadounidense —con recompensa incluida— y la corte federal de Manhattan lo señala por vínculos con el narcotráfico y evasión de sanciones internacionales. En los registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) figura como “capturado” desde su arresto por las autoridades venezolanas en abril de 2024.

El juicio llega con dos años de retraso —desde que se anunció la captura de El Aissami hasta que arrancó el proceso— y se abre en un momento de transformación convulsa: el chavismo intenta recomponerse tras la captura de Maduro en la intervención militar estadounidense, mientras Delcy Rodríguez promete desmantelar el oscuro aparato judicial que durante años sirvió para reprimir. El Aissami, de momento, se ha empeñado en poner luz sobre los abusos de los suyos.