Por Luis Felipe Montiel
Hay cosas que uno aprende a contar desde niño. Una es el número de personas que acaban de pasar por una puerta. Por eso me detuve en la aritmética de la Comisión Preliminar que prepara la selección de los doce representantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales.
El 15 de octubre, el diputado Pablo Pérez, vicepresidente de la Comisión, anunció que habían entrevistado a los 127 postulados. Al día siguiente, Luis Florido, también integrante de la Comisión, habló de 124 entrevistas. Tres de diferencia. No es prueba de una maniobra; sí es una pregunta que merece respuesta.
La Asamblea había publicado el 10 de octubre una lista de 127 personas que cumplían los requisitos para aspirar a los doce puestos civiles. Esa lista permite confirmar el tamaño del grupo inicial, pero no quién asistió a cada entrevista. No encontré publicada un acta de asistencia ni una explicación de la diferencia: ¿tres personas desistieron?, ¿no comparecieron?, ¿hubo un error al contar? Por ahora, no hay cómo saberlo.
Florido aportó otros datos: dijo que alrededor de treinta aspirantes recibieron las calificaciones más altas y que la Comisión esperaba juramentar a los doce el martes 20 de octubre, aunque la fecha podía cambiar. Son declaraciones del diputado recogidas por El Cooperante, no resultados oficiales publicados por la Asamblea. Tampoco encontré una lista de esos treinta ni el informe que debía presentar la Comisión.
Y aquí la cosa se pone interesante. Si hubo notas de «excelente» o «sobresaliente», alguien tuvo que aplicar criterios. Pero no se han divulgado la matriz de puntuación, el peso de las credenciales frente a la entrevista, las preguntas realizadas ni las calificaciones individuales. Tampoco sabemos quiénes son esos treinta ni por qué fueron mejor evaluados.
No conviene afirmar que los otros 94 o 97 quedaron descartados: Florido habló de unas treinta personas con las mejores notas, pero eso no equivale necesariamente a una lista oficial de elegibles. La diferencia entre una declaración y un acto publicado importa, sobre todo cuando la selección final depende de esta etapa.
Pérez, por su parte, dijo que el Comité completo deberá establecer y publicar un baremo para evaluar a quienes aspiren a magistrados. Es una promesa para la etapa siguiente; no explica cómo se evaluó a quienes aspiran ahora a representar a la sociedad civil. Es como anunciar que el próximo año habrá cartelera en la puerta del colegio mientras las notas de este año salieron de un cuaderno que nadie puede abrir.
La reforma publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.074, del 15 de septiembre, dispone que el Comité tendrá 23 integrantes: once diputados y doce representantes de otros sectores de la sociedad. También encarga a la Comisión Preliminar —formada por los once diputados— recibir, preseleccionar y remitir los nombres a la plenaria. La Asamblea designa a los integrantes del Comité con una mayoría de dos tercios.
La representación civil será mayoría numérica por un voto. Pero antes de llegar al Comité, los aspirantes civiles pasan por una comisión de diputados que hace la primera preselección. Eso no demuestra que el resultado esté decidido de antemano; sí vuelve indispensable conocer los criterios, las actas y las razones de cada decisión.
Según Florido, la Comisión esperaba juramentar a los doce el 20 de octubre, con posibilidad de retraso. Al revisar las publicaciones disponibles de la Asamblea, no encontré una lista oficial de los seleccionados ni un acta pública que despeje el recuento. Hasta que aparezcan esos documentos, la fecha y la cifra de entrevistas siguen siendo declaraciones atribuidas a los diputados.
Los tres que no cuadran no están necesariamente desaparecidos: están sin explicar en el recuento público. Para una selección que debe contribuir a renovar todo el Tribunal Supremo, pedir esa explicación no es sospechar por deporte. Es pedir el acta.
La referencia a los 127 aparece en la lista publicada el 10 de octubre; las cifras de entrevistas y de aspirantes mejor calificados, por ahora, proceden de declaraciones recogidas por medios, no de un informe oficial disponible.
