Carlos Ramírez López sostiene que las expropiaciones de Hugo Chávez originaron las reclamaciones contra Venezuela, pero afirma que el camino que terminó colocando a CITGO frente al remate estuvo marcado por arbitrajes viciados, una representación ilegítima de la República y sucesivas fallas en su defensa. En esta entrevista señala responsabilidades con nombres y apellidos.
Por Henry Figueroa Brett | El Nuevo Venezolano
Carlos Ramírez López lleva años siguiendo el expediente CITGO y sosteniendo una tesis que incomoda tanto al chavismo como a quienes posteriormente asumieron la representación de los activos venezolanos en Estados Unidos. Conocido como Dr. Ley, Ramírez López es abogado venezolano con más de cuatro décadas de ejercicio profesional. Una parte importante de sus análisis de los últimos años está dedicada a los arbitrajes internacionales contra Venezuela, PDVSA y CITGO.
Su explicación comienza con las expropiaciones ordenadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Esas decisiones provocaron reclamaciones multimillonarias de empresas extranjeras contra la República. Ramírez López, Venezuela habría sido representada irregularmente en procedimientos arbitrales; los laudos resultantes fueron llevados a Estados Unidos para su ejecución; y finalmente activos vinculados con CITGO quedaron expuestos al cobro de obligaciones originalmente impuestas a la República.
En octubre de 2025 sintetizó su acusación en un artículo cuyo encabezado no dejaba demasiado espacio para los eufemismos: “Se utiliza al sistema judicial norteamericano para ejecutar un fraude”. (Medium)
El Nuevo Venezolano conversó con él sobre cómo, según su tesis, Venezuela llegó hasta aquí y quiénes tuvieron la responsabilidad de impedirlo.
«Todo comienza con las expropiaciones»
—Doctor, antes de hablar de fraude, vayamos al principio. ¿Cómo comienza la historia que finalmente coloca a CITGO en esta situación?
—Esto comienza con las expropiaciones que hizo Hugo Chávez. Las empresas que fueron víctimas de aquella racha de expropiaciones acudieron a los arbitrajes internacionales y de allí surgieron sentencias contra la República Bolivariana de Venezuela.
Ese es el origen de las reclamaciones.
—¿Y en qué momento aparece lo que usted califica como fraude?
—En los procesos de arbitraje.
Yo he explicado durante años que esos procesos fueron fraudulentos porque la República Bolivariana de Venezuela no tuvo la representación legal que correspondía.
Los procedimientos se tramitaron teniendo como representantes de Venezuela a personas que, en mi criterio, carecían de legitimidad constitucional para ejercer la representación de la República.
Y eso no es una cosa menor. Estamos hablando de procesos donde Venezuela terminó condenada a pagar miles de millones de dólares.
Cilia Flores y el comienzo del problema de representación
—¿Quién debía representar legalmente a Venezuela?
—La Procuraduría General de la República.
La Constitución establece que corresponde al procurador general representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República.
La última persona que, en mi opinión, fue designada cumpliendo los requisitos constitucionales fue Cilia Flores.
Ella dejó el cargo y dejó encargado a Manuel Galindo Ballesteros. Después Galindo se fue y dejó a Reinaldo Muñoz Pedroza.
Yo lo he llamado durante años “el encargado del encargado”.
—¿Cuál es exactamente su objeción?
—Que para ser procurador general no basta con que alguien deje encargado a otro.
La Constitución establece un procedimiento para la designación y exige la autorización de la Asamblea Nacional.
Mi planteamiento es que eso no ocurrió con esas personas y, sin embargo, continuaron representando a Venezuela en procesos internacionales.
Ramírez López viene sosteniendo públicamente esta tesis desde hace años. En sus artículos identifica a Flores como la última procuradora cuya designación considera ajustada al procedimiento constitucional y cuestiona posteriormente las actuaciones de Galindo y Muñoz Pedroza. (Medium)
«Venezuela no estuvo legítimamente representada»
—¿Y qué consecuencia jurídica tendría eso sobre los arbitrajes?
—Una consecuencia fundamental.
Si una parte no está legítimamente representada, hay un problema con su derecho a la defensa.
El CIADI tenía que comprobar quién estaba representando a Venezuela y con qué autoridad lo hacía. Mi posición es que no lo hizo.
Por eso sostengo que esos procedimientos quedaron viciados y que había fundamentos para solicitar la nulidad de los laudos.
—¿Estamos hablando solamente del caso Crystallex?
—No.
He venido señalando este problema en distintos procedimientos arbitrales contra Venezuela.
Crystallex es particularmente importante porque ese laudo terminó abriendo el camino que conduce a CITGO, pero el problema es mucho más amplio.
En escritos anteriores, Ramírez López identificó expresamente expedientes de Crystallex, Owens-Illinois y ConocoPhillips en los que Manuel Galindo o Reinaldo Muñoz aparecen como representantes de Venezuela, y desde 2020 reclamaba que se promovieran acciones de nulidad basadas en lo que considera un defecto de representación. (El Carabobeño)
De una deuda de Venezuela a CITGO
—Pero las condenas eran contra la República. ¿Cómo termina CITGO dentro de esta historia?
—Ese es precisamente uno de los puntos fundamentales.
La República Bolivariana de Venezuela es una persona jurídica. PDVSA es otra. PDV Holding es otra. CITGO es otra.
CITGO no expropió a Crystallex.
CITGO no fue demandada en aquel arbitraje.
CITGO no participó en aquel proceso ni tuvo oportunidad de defenderse allí.
Sin embargo, esas sentencias fueron trasladadas al sistema judicial estadounidense para ser ejecutadas y terminamos con CITGO amenazada por deudas que no son suyas.
—¿Y ahí aparece la doctrina del alter ego?
—Sí.
Se termina considerando a PDVSA como alter ego de Venezuela y con eso se abre el camino hacia las acciones de PDV Holding y, finalmente, hacia CITGO.
Yo cuestiono esa construcción porque se termina haciendo responder una estructura empresarial distinta por una condena dictada contra la República.
Maduro, Guaidó y dos oportunidades de defender el patrimonio
—Entonces, según su tesis, ¿la responsabilidad termina con quienes representaron a Venezuela durante el gobierno de Maduro?
—No. Aquí hubo distintas etapas y distintas responsabilidades.
Primero están las expropiaciones de Chávez.
Después viene lo ocurrido con la representación de Venezuela en los arbitrajes y la responsabilidad de quienes tenían que defender a la República.
Y posteriormente viene el gobierno interino.
Cuando Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, el gobierno interino adquiere capacidad para actuar sobre los activos venezolanos en Estados Unidos y para defenderlos.
Allí había otra oportunidad.
—¿Y usted considera que tampoco se utilizó?
—No como debía utilizarse.
Mi posición siempre fue que había que atacar los laudos desde su origen. No bastaba con discutir únicamente el alter ego. Había que ir contra la legalidad de los propios laudos.
Lo dije públicamente y lo escribí.
Efectivamente, en una carta pública dirigida a Juan Guaidó, Ramírez López reclamó que la estrategia no se limitara a combatir el alter ego y propuso atacar la legalidad de los laudos argumentando la supuesta ilegitimidad de quienes habían representado a Venezuela. (El Carabobeño)
José Ignacio Hernández
—Usted ha sido particularmente crítico de José Ignacio Hernández, procurador especial designado durante el gobierno interino. ¿Por qué?
—Porque él tenía una responsabilidad fundamental en la defensa de los intereses de Venezuela y, en mi opinión, no utilizó las acciones que correspondían.
Además existe una circunstancia que yo he señalado muchas veces: anteriormente había participado como experto en asuntos relacionados con empresas que litigaban contra Venezuela.
—¿Se refiere a Crystallex?
—Entre otros casos.
Yo he cuestionado cómo alguien que anteriormente había intervenido como experto contratado en asuntos relacionados con una de esas empresas después pasa a ocupar una posición fundamental en la representación de Venezuela.
Eso tenía que ser examinado.
La relación previa de Hernández con Crystallex está documentada: en 2017 presentó una declaración como experto en derecho venezolano instruido por Gibson Dunn & Crutcher en representación de Crystallex. Esa descripción es más precisa que llamarlo abogado de Crystallex.
Carlos Vecchio y la representación en Estados Unidos
—También ha mencionado a Carlos Vecchio. ¿Qué responsabilidad le atribuye?
—Carlos Vecchio era el representante diplomático del gobierno interino ante Estados Unidos.
Estamos hablando de un proceso que se estaba desarrollando precisamente en Estados Unidos y que amenazaba el principal activo venezolano en ese país.
Mi cuestionamiento es qué hicieron quienes tenían representación política, diplomática y jurídica para impedir que esto llegara hasta donde llegó.
No basta con decir después que los tribunales decidieron.
Había que actuar antes.
Horacio Medina y PDVSA ad hoc
—Y después aparece Horacio Medina, presidente de PDVSA ad hoc. Usted también ha sido muy crítico con él.
—Sí.
PDVSA ad hoc tenía una responsabilidad directa sobre la defensa de estos activos.
Yo he planteado públicamente alternativas jurídicas y he pedido que se actúe contra los laudos.
Mi pregunta siempre ha sido la misma: ¿por qué no se utilizaron todas las herramientas disponibles?
Ramírez López ha mantenido públicamente ese enfrentamiento con Medina y ha cuestionado tanto la estrategia seguida para CITGO como determinadas actuaciones de PDVSA ad hoc. (LinkedIn)
La otra acusación: el dinero de CITGO
—En su artículo de octubre de 2025 usted plantea además algo particularmente delicado: pide investigar si recursos vinculados con CITGO fueron utilizados por el gobierno interino. ¿Qué está diciendo exactamente?
—Estoy diciendo que eso debe investigarse.
En las decisiones judiciales se utilizaron elementos relacionados con el control ejercido sobre las empresas para fundamentar la tesis del alter ego.
Si el gobierno interino dispuso de recursos vinculados con CITGO para financiar sus operaciones o las de la Asamblea Nacional, debe determinarse qué ocurrió, quién lo autorizó y bajo qué condiciones.
Y también debe establecerse si se cumplieron las restricciones impuestas por OFAC.
Por eso he solicitado una investigación de las autoridades estadounidenses.
—¿Está afirmando que se cometió un delito?
—Estoy diciendo que debe investigarse si se cometió.
No corresponde simplemente ignorar esas circunstancias.
Si existen hechos que podrían constituir irregularidades, la obligación es investigarlos y establecer responsabilidades.
«Se utiliza al sistema judicial estadounidense para ejecutar un fraude»
—Volvamos entonces a la palabra más fuerte de toda su acusación. ¿Por qué habla de fraude?
—Porque mi planteamiento es que tenemos laudos provenientes de procedimientos viciados por falta de representación legítima de Venezuela y posteriormente esos laudos son llevados a Estados Unidos y utilizados para ejecutar contra bienes de personas jurídicas diferentes.
Por eso he dicho que se está utilizando el sistema judicial estadounidense para ejecutar un fraude.
No estoy acusando simplemente porque no me guste una sentencia.
Estoy diciendo que hay un problema en el origen de los procedimientos que nunca fue enfrentado correctamente.
En su artículo del 13 de octubre de 2025, Ramírez López formuló públicamente esa misma acusación y pidió una investigación de las autoridades estadounidenses. (Medium)
¿Todavía puede salvarse CITGO?
—Después de todo lo ocurrido, ¿usted considera que CITGO todavía puede salvarse?
—Sí.
Mientras no se haya consumado definitivamente todo el proceso, hay que actuar.
Estados Unidos tiene un papel fundamental porque existen decisiones que dependen de autorizaciones de su gobierno, particularmente a través de OFAC.
Y yo considero que el Departamento de Justicia debe investigar lo ocurrido.
No se puede aceptar simplemente que CITGO se pierda y después explicar que era inevitable.
—Si tuviera que resumir las responsabilidades, ¿cómo las repartiría?
—Esto es una cadena.
Las expropiaciones de Hugo Chávez originaron las reclamaciones.
Después estuvieron quienes tenían la responsabilidad de representar a Venezuela: Cilia Flores, Manuel Galindo y Reinaldo Muñoz Pedroza, cada uno en circunstancias diferentes.
Después viene el gobierno de Nicolás Maduro, bajo el cual continuaron esos procesos.
Y posteriormente quienes asumieron la responsabilidad durante el gobierno interino, entre ellos Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio y quienes han dirigido PDVSA ad hoc, como Horacio Medina.
Mi planteamiento no es que todos hayan hecho lo mismo.
Mi planteamiento es que en distintas etapas hubo personas con la responsabilidad de defender el patrimonio de Venezuela y que las decisiones que tomaron —o las que dejaron de tomar— deben ser examinadas.
Una acusación construida durante años
La tesis de Carlos Ramírez López no nació con la inminencia del remate.
Años antes de que CITGO llegara a su situación actual ya reclamaba públicamente que Venezuela atacara la validez de los laudos, cuestionaba la legitimidad de quienes habían representado a la República y advertía que concentrar la defensa exclusivamente en el alter ego significaba combatir la consecuencia sin atacar lo que él consideraba la causa. (El Carabobeño)
En 2022 responsabilizaba tanto al gobierno de Maduro como al gobierno interino por la ausencia de una estrategia común frente a los litigios. En 2024 volvió a analizar la sentencia que abrió el camino hacia CITGO. Y en octubre de 2025 pidió directamente una investigación estadounidense. (Medium)
Su tesis puede resumirse en una pregunta que atraviesa toda esta entrevista:
Si Venezuela tenía argumentos para cuestionar los procesos que originaron las deudas, ¿por qué quienes tuvieron sucesivamente la responsabilidad de defenderla no lograron impedir que esas condenas terminaran amenazando a CITGO?
Ramírez López cree conocer la respuesta.
Y por eso utiliza una palabra que difícilmente pasa inadvertida:
fraude.
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