La lista Engel, publicada por el Departamento de Estado, incluye a 55 funcionarios del ‘Triángulo Norte’ señalados por corrupción, obstrucción de la justicia o por debilitar la democracia
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves la denominada ‘Lista Engel’, una relación de 55 funcionarios del llamado ‘Triángulo Norte’ de Centroamérica, a los que Washington señala por actos de corrupción, obstrucción de la justicia o por debilitar la democracia y a los que puede sancionar con restricciones de visas.
La lista incluye a 14 funcionarios salvadoreños, entre ellos siete colaboradores cercanos del presidente Nayib Bukele, como su ministro de Trabajo, Rolando Castro, su jefa de Gabinete, Carolina Recinos, o su exministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Además, hay 20 guatemaltecos, entre ellos el expresidente Álvaro Colom (2008-2012) señalado de corrupción por anomalías en una contratación de transporte público; también está el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, y los excandidatos presidenciales Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi. El país con más señalados es Honduras. En el listado aparecen 21 personas de esa nacionalidad, entre ellas el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), acusado de recibir sobornos del grupo del narcotráfico Los Cachiros, y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y más de una docena de diputados.
La Administración de Joe Biden ha vinculado su plan para frenar la migración irregular de Centroamérica a la lucha anticorrupción. “Las acciones que socavan el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador y sus repercusiones en la vida de la gente de estos países contribuyen a la migración irregular y a la desestabilización de sociedades completas”, ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken en el comunicado en el que ha hecho pública la lista. El Congreso ya tiene el listado que se elaboró en cumplimiento de una ley aprobada en diciembre pasado.
Los señalamientos que hacen a las personas incluidas en la lista van desde actos de corrupción y fraude hasta tratar de usar sus influencias para las designaciones de los altos tribunales o del debilitamiento de la democracia en beneficio político propio. En el caso de uno de los sancionados salvadoreños, se le acusa de “facilitar la influencia maliciosa china en las elecciones”, sin especificar más detalles. Algunos de los incluidos en la lista del Departamento de Estado también están afectados por la Ley Magnitsky, que permite imponer sanciones económicas y migratorias “por estar implicados en actos significativos de corrupción”.
“Esta es una primera lista y una herramienta de varias”, ha asegurado el enviado especial de Biden al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en una conferencia telefónica en la que justificó la medida porque la corrupción y la impunidad siguen siendo factores importantes que impiden el desarrollo de Centroamérica y expulsan a su población. Según ha explicado, esta relación de nombres, que debe ser enviada al Congreso al menos una vez al año, puede ser ampliada a lo largo del año. “No excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes”, ha añadido.
