El nuevo acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos —“histórico”, coinciden ambos gobiernos— obliga a preguntar si estamos ante una operación de reconstrucción o ante el reparto anticipado de una riqueza que pertenece también a generaciones que todavía no han nacido. Venezuela se convirtió en el segundo proveedor de petróleo de Estados Unidos, por encima de Arabia Saudita, con alrededor de 662.000 barriles diarios. Del contrato que promete transformar esa relación, sin embargo, conocemos grandes anuncios, cifras redondas y muy poca letra pequeña.
Cuando alguien pronuncia la palabra “saqueo”, aparece el argumento inevitable: “¿Y Dubái?”. La comparación tiene sentido. Dubái empleó la renta petrolera como capital inicial, abrió la economía y construyó puertos, aeropuertos, zonas francas, bancos, hoteles y una plataforma comercial capaz de mirar el petróleo por el retrovisor.
La inversión extranjera no es colonialismo por definición. Venezuela necesita capital, tecnología y operadores capaces de recuperar una industria devastada. Negarlo sería condenar los pozos a continuar enterrados bajo la corrosión de PDVSA.
Dubái —uno de los siete Emiratos Árabes Unidos— no dejó abierta la puerta para que el primer visitante se llevara las llaves. Tenía un proyecto propio, empresas estatales con músculo, infraestructura y una estrategia sostenida durante décadas. Invitó al capital extranjero, pero conservó la dirección del negocio.
Si Dubái representa la promesa, Irak ofrece la advertencia. Después de la invasión de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Fondo de Desarrollo para Irak. Los ingresos de sus exportaciones petroleras comenzaron a depositarse en una cuenta abierta en la Reserva Federal de Nueva York.
La cuenta sigue siendo propiedad soberana del Banco Central iraquí, pero su ubicación entrega a Washington una formidable palanca de presión. Estados Unidos puede restringir transferencias, entregas de dólares y pagos relacionados con entidades sancionadas. No autoriza cada aspirina que compra un iraquí, pero conserva la posibilidad de apretar la válvula financiera de un país dependiente del petróleo.
En 2009, Irak organizó grandes licitaciones para elevar la producción. Llegaron ExxonMobil, BP, Shell, compañías chinas y otras empresas internacionales. Algunas occidentales redujeron posteriormente su presencia y otras están regresando con nuevos convenios. China, mientras tanto, se convirtió en el operador extranjero dominante: solo CNPC participa en campos que representan más de la mitad de la producción nacional.
Irak recuperó capacidad petrolera, pero no construyó un nuevo Dubái. El crudo todavía aporta cerca del 88% de los ingresos gubernamentales, el desempleo juvenil ronda el 32% y una gran parte de sus trabajadores permanece en la informalidad. El fracaso no consiste en que nadie reconstruyera los pozos, sino en que reconstruirlos no liberó al país de su dependencia ni de la presión financiera estadounidense.
Ese precedente vuelve inevitable la pregunta venezolana. No es si necesitamos inversión extranjera: la necesitamos como el desierto necesita agua. La pregunta es quién fija las condiciones, quién administra los ingresos y quién termina controlando el negocio.
En el centro del acuerdo aparece NABEP, dirigida por Alejandro Betancourt, empresario surgido de los grandes contratos energéticos de la era chavista y relacionado con investigaciones judiciales en varios países, aunque no ha sido condenado por esos hechos. No conocemos una licitación competitiva que explique por qué fue seleccionada esa empresa y no otra con mayor trayectoria y menos controversias.
Washington obtendría derechos sobre el 35% de NABEP y acceso preferencial al 20% de su producción a precio de costo. Los ingresos venezolanos permanecerían bajo custodia estadounidense y las principales disputas corporativas quedarían sometidas a leyes estadounidenses o arbitrajes internacionales. Además, los derechos sobre 17 campos —aproximadamente 65.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las reservas declaradas del país— podrían extenderse durante cien años.
La presidenta encargada dice que Venezuela escogió el camino de la paz. Marco Rubio resume la doctrina de Washington con “América primero”. El mandatario estadounidense sostiene que Venezuela regalaba su petróleo. Si algo se estaba regalando, convendría saber quién recibirá ahora el obsequio y a qué precio.
Dubái utilizó el petróleo para construir una economía capaz de sobrevivir sin él. Irak recuperó la producción, pero continuó dependiendo del crudo y de una cuenta en Nueva York. Venezuela todavía no sabe cuál de esos caminos está firmando.
Antes de celebrar el acuerdo del siglo, faltan respuestas: quién fiscalizará los ingresos, cuánto recibirá realmente el país, qué control tendrá la Asamblea Nacional y qué parte se destinará a escuelas, hospitales, infraestructura y diversificación económica.
Porque una cosa es abrir la industria para reconstruir Venezuela. Otra es comprometer durante cien años el recurso que debería financiar su reconstrucción. La pregunta continúa intacta: ¿quién administrará los recursos de los venezolanos?
