Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, emitió un nuevo recurso judicial en el que buscan declarar al partido político como «terrorista» y, en consecuencia, disolver a la organización
Una nueva acusación contra el partido Voluntad Popular emitió este lunes el régimen de Nicolás Maduro. Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia adepto al chavismo, para determinar si la tolda naranja es una organización “terrorista” y si en razón de ello proceden sanciones civiles, penales y administrativas y su disolución. De esta forma, el recurso judicial se une a una lista de señalamientos del chavismo contra el partido y sus dirigentes, desde su fundación.
¿Qué dijo Tarek William Saab?
“En plena pandemia, lo que ha buscado (VP) es hacer estallar a Venezuela. Vimos como hicieron que una empresa satelital, Directv, se fuera del país producto de las presiones. Lo peor ha sido pagar con dinero venezolano a mercenarios apertrechados con armas y granadas para asaltar sedes policiales, asesinar al presidente y altas autoridades militares”, acusó Saab.
Según el fiscal del chavismo, Voluntad Popular financió la incursión mercenaria en territorio venezolano a principios del mes de mayo, presionó a AT&T para que sacara a Directv de Venezuela, solicitó a Estados Unidos que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos, y se apropió de Citgo.
«No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista nacional y trasnacional», agregó.
Saab acusó a Leopoldo López de participar en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y señaló que después de la elección presidencial en abril de 2013, en la que resultó electo Maduro, “el partido inició su deriva violenta hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado”. Culpó a la organización de ser responsables de las víctimas de las manifestaciones de los años 2014 y 2017, y de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Por estas razones, el funcionario solicitó tres medidas que, según él, busca “garantizar la paz de la República”. La primera, «establecer si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el Partido u organización política Voluntad Popular».
La segunda, establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de determinar si un partido u organización política, puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos establecidos en dicha Ley. Y, por último, declarar al partido como organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta conforme a las leyes respectivas en la materia.
¿Qué dicen los artículos 31 y 32 de la ley?
El artículo 31 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece que “Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas por sus órganos directivos o sus representantes”. Añade que, en caso de incurrir en la financiación o contribución, el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere lugar.
El artículo 32 prevé que el juez competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad y las consecuencias:
- Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley.
- La prohibición de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas.
- La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso.
- Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso.
- Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 de este artículo.
- Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.
Ataques sistemáticos
Desde su fundación en el año 2009, el partido ha sido uno de los principales flancos de ataque del chavismo. De hecho, desde el año 2018, el partido quedó inhabilitado en septiembre de 2018 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ante la negativa de participar en el proceso de validación de firmar convocador por el ente comicial y no participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, con la que reeligieron a Maduro.
De los 44 diputados pertenecientes al partido (18 principales y 26 suplentes), 13 se encuentran exiliados, cuatro están detenidos, y dos se encuentran en la clandestinidad.
Algunos de las acusaciones contra el partido político son los siguientes:
Mayo de 2020: Saab anunció que fue librada una orden de captura contra uno de los dirigentes de VP, Yon Goicoechea, por financiar la logística del intento de insurrección a través de la fundación Futuro Presente. Goicoechea negó la acusación.
Diciembre de 2019: Jorge Rodríguez, ministro de comunicación del régimen, un supuesto plan terrorista que pretendía atacar destacamentos de la Guardia Nacional. “Leopoldo López le encomendó a Guaidó y a su vez a la diputada (Yanet) Fermín, proceder con lo que sería, el asalto de dos unidades militares. Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional N°53”, dijo Rodríguez. También involucró a Lester Toledo, quien supuestamente ingresaría armas desde Colombia.
Noviembre de 2019: Ocho hombres armados irrumpieron en la sede del partido, en Caracas, y robaron las pertenencias de quienes allí se encontraban. El presidente interino Juan Guaidó explicó que al menos 33 miembros de esa organización fueron sometidos por sujetos desconocidos por durante horas.
Febrero de 2018: Nicolás Maduro calificó a la formación política como “partido terrorista” por un supuesto plan para secuestrar al exministro de Economía y expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes.
Agosto de 2017: El régimen anunció la investigación al partido por las manifestaciones de ese año. «El domingo la orden de la gente de Voluntad Popular era que se escucharan disparos para inhibir a la gente», acusó Maduro.
Agosto de 2016: Nicolás Maduro afirmó que Voluntad Popular es el brazo armado de la oposición desde los hechos de 2014, y aseguró que el partido está involucrado en un plan de golpe de Estado. “(VP) es el partido de la violencia golpista”, dijo en aquella oportunidad.
¿Se extiende a los demás partidos?
El politólogo Víctor Maldonado considera que, dado a que en Venezuela hay un “Estado totalitario”, todos los partidos políticos que tengan una declaración de principios democráticos y que se plantee tratar de superar estas circunstancias, van a ser perseguidos, hostigados, limitados e incluso cancelados, como en efecto está sucediendo, según comentó para El Diario.
“Esto no es una democracia, aquí no hay garantías ni Estado de derecho. Tampoco podemos concebir que hay oportunidades para el libre juego democrático. Todas las expresiones políticas juegan a riesgo y todas, de alguna manera, tienen un perfil clandestino, porque ninguna, además, es reconocida. Dependiendo de su capacidad para ser temerario, en esa misma medida, se exponen más o menos. Este es el caso de todos los partidos políticos, y no solo de Voluntad Popular”, comentó el politólogo.
De acuerdo con Maldonado, la política venezolana atraviesa un proceso de judicialización típica de los procesos autoritarios, tales como el stalinismo en el siglo pasado, o como Cuba. Como reflejo de ello, apunta que todos los partidos tienen algún dirigente exiliado, perseguido, o sus instalaciones están tomadas por el régimen. Por lo tanto, agrega, no hay garantías para atenerse a la ley y que pretender que exista algún fiscal general es “jugar a la ficción”.
“Creo que se trata de cómo el régimen es capaz de jugar desde la fuerza, pura y dura, y cómo las organizaciones democráticas han sido desvalijadas de sus liderazgos, de sus instituciones, de su capacidad institucional, y algunas de su probidad, porque algunas han sido compradas. Lo que sí está absolutamente claro es que solo aquellas organizaciones políticas que ceden, que conceden a la connivencia, que son capaces de participar en las simulaciones políticas que plantea el régimen, tienen algo de mayor suerte en cuanto y tanto se atengan al guion totalitario. Cuando se salen de ese guion, entonces sufren la misma suerte que los demás”, añadió.
Para Maldonado, sin embargo, algunos partidos tienen alguna cuota de responsabilidad originaria, en tanto a que accedieron a “coquetear” con el régimen, al aceptar acudir a procesos de negociaciones, a formar un gobierno de emergencia nacional en el que participen sectores del chavismo, o de hacer “borrón y cuenta nueva”.
“Si tú no caracterizas bien al adversario, tú eres víctima fatal, tarde o temprano, de lo que el adversario quiere hacer contigo”, dijo.
¿Qué respondió el partido?
A través de un comunicado, Voluntad Popular aseguró que el ataque es “contra todas las organizaciones políticas que luchan por la libertad de Venezuela”. La organización política afirmó que es el régimen de Nicolás Maduro el que está acusado y solicitado internacionalmente como terroristas y narcotraficantes, por sus nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con Hezbolá y carteles de drogas.
“Durante muchos años Voluntad Popular ha sido objetivo predilecto de la persecución dictatorial, algo que se ha traducido en encarcelamientos injustos, torturas exilios y hasta asesinatos. La dictadura ha intentado por todas las vías posibles acabar con Voluntad Popular, pero no ha podido ni podrá, pues nuestro partido se nutre del sueño de libertad de un pueblo que día a día lucha por alcanzar La Mejor Venezuela, un país donde todos los derechos sean para todas las personas”, dicen en la misiva.
Agregaron que seguirán luchando “de frente contra la dictadura” y en unidad con todas las fuerzas democráticas del país.
¿Y las demás formaciones políticas?
El líder de Primero Justicia y canciller del gobierno interino, Julio Borges, aseguró –en concordancia con el comunicado de VP- que este es un nuevo intento del régimen de criminalizar a los partidos políticos. Dijo la medida busca “desviar la atención de la inmensa crisis y esconder a los verdaderos terroristas: la organización criminal liderada por el propio Maduro.”
Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, rechazó en nombre de su partido la pretensión del “régimen usurpador chavomadurista mediante decisiones írritas de su bufete, de declarar como organización terrorista al partido opositor democrático Voluntad Popular”.
Por su parte, Un Nuevo Tiempo resaltó que esa orden judicial se suma a la inhabilitación de los partidos, al encarcelamiento de dirigentes y a la brutal represión contra la protesta. Agregaron que seguirán trabajando por las instituciones y por recuperar la democracia en Venezuela.
Andrés Velásquez, dirigente político de La Causa R, tuiteó que la acusación no es más que la política de terror contra los sectores democráticos del país. “El despropósito de pretender calificar a Voluntad Popular, como organización terrorista, tiene la clara intención de la tiranía de continuar con su política de terror contra todos los sectores democráticos del país”, escribió.
