El Rey emérito recibió 100 millones de dólares de Riad días después de firmar un acuerdo bilateral con ese país y acoger en Madrid una cumbre que lavó la cara del integrismo religioso saudí
El rey Juan Carlos recibió 100 millones de dólares del rey Abdulá de Arabia Saudí en agosto de 2008 a los siete días de que el BOE publicara un acuerdo estratégico de colaboración con Riad y apenas tres semanas después de que se celebrara en Madrid una conferencia de Diálogo Interreligioso que presentó el régimen saudí como un país abierto y tolerante, pese a estar considerado una de las peores dictaduras del mundo que, además, patrocina una visión extrema del islam. El dinero salió del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y acabó en la cuenta de una fundación panameña que tenía como último beneficiario al Rey emérito.
Fuentes próximas al caso vinculan el pago al monarca con esos acuerdos y con la decisión de Juan Carlos I de concederle al rey Abdulá el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, el reconocimiento de mayor prestigio internacional y el más alto que el monarca podía conceder a título personal. La entrega se produjo en junio de 2007 en la primera visita de un rey saudí a España desde 1980 y generó una enorme polémica, porque supuso un lavado de cara a un régimen que tenía la consideración de paria en la comunidad internacional por su vulneración sistemática de los derechos humanos y sus intensas relaciones con el terrorismo yihadista de Al Qaeda, entre otros motivos.
La transferencia de 100 millones de dólares (64 millones de euros al cambio de la época) y otras operaciones están siendo investigadas por Yves Bertossa, fiscal del cantón de Ginebra, en una macrocausa que inicialmente se centraba en el presunto blanqueo de capitales a través del sistema financiero helvético. Los principales implicados eran el gestor Arturo Fasana y el abogado Dante Canonica, ambos con despacho en la capital suiza. Sin embargo, el rastro de estos operadores ha terminado destapando la existencia de una estructura ‘offshore’ que habría permitido ocultar durante años la identidad de Juan Carlos I y una fortuna sobre la que, por ahora, solo se pueden hacer estimaciones provisionales.
El movimiento más importante se produjo el 8 de agosto de 2008, como reveló este martes el diario ‘Tribune de Geneva’. Ese día, el Gobierno de Riad transfirió 100 millones de euros a una cuenta del banco suizo Mirabaud. La titular del depósito era una sociedad instrumental panameña, Lucum Foundation, controlada por Fasana, Canonica y otros testaferros locales. El monarca habría hecho uso de esos fondos durante los meses siguientes hasta que, en septiembre de 2012, transfirió los últimos 65 millones de dólares (41,6 millones de euros) a una cuenta de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein en concepto de donación.
El fiscal suizo vincula el cobro de los 100 millones y el posterior traspaso de 65 millones a Corinna con una supuesta comisión por el papel del Rey emérito en la adjudicación del AVE Meca-Medina a un consorcio de empresas españolas. El contrato ascendió a 6.736 millones de euros. El comisario Villarejo grabó unos audios en los que la antigua pareja del monarca confesaba que este había reclamado un porcentaje por sus labores de intermediación ante el régimen saudí. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya ha remitido una comisión rogatoria a Suiza para tener conocimiento del contenido de la investigación que allí se sigue para incorporar los datos que procedan a las diligencias que conduce sobre la construcción del tren, como ha adelantado eldiario.es y confirman a El Confidencial fuentes fiscales.
Sin embargo, fuentes próximas a las diligencias que mantiene abiertas la Fiscalía Anticorrupción española sobre el presunto pago de comisiones en el AVE Meca-Medina desvinculan los 100 millones de este proyecto. Entre otros motivos, porque las fechas no encajan. Fasana y Canonica montaron Lucum Foundation el 31 de julio de 2008 y la línea ferroviaria no fue adjudicada hasta octubre de 2011. En el momento del pago, el consorcio español solo era uno de los candidatos que aspiraban a llevarse las obras. Además, la supuesta comisión del AVE aún está abonándose, como reveló este diario la semana pasada. Asimismo, estos pagos habrían circulado por un canal distinto, el de la intermediaria de origen iraní Shahpari Azam Zanganeh, que continúa trabajando para las empresas del consorcio como ‘project developer’.
Las fuentes consultadas apuntan en otra dirección. Apenas siete días antes de que el dinero entrara en el banco Mirabaud, el BOE publicó un Acuerdo General de Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para “fortalecer la relación existente” entre ambos países y “estrechar los lazos históricos entre sus nacionales”. El tratado proponía intercambios en los campos de la economía, el comercio, las inversiones, la industria, la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura, la información, el turismo y la juventud, entre otras materias. El pacto fue suscrito en febrero de 2007 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo saudí, pero no entró en vigor hasta el 1 de agosto.
En la práctica, ese acuerdo otorgó al cuestionado régimen de Riad —con 1,93 puntos sobre un máximo de 10, ocupa la posición 159 de los 167 países analizados en el Índice de Democracia de ‘The Economist‘— el reconocimiento de un país miembro de la Unión Europea y le abría las puertas para sellar pactos similares con otras naciones occidentales.
No fue el único gesto que tuvo España con Arabia Saudí ese verano. Entre los días 16 y 18 de julio de 2008, Madrid acogió una conferencia de Diálogo Interreligioso patrocinada por Riad en la que este régimen se vendió al mundo como garante del respeto religioso y cultural, a pesar de que el credo oficial del Estado saudí es el wahabismo, una rama del islam extremadamente rigorista que propugna la aplicación de la ‘sharia’, niega la existencia de otros credos y defiende la lucha contra todo tipo de contaminación exterior para mantener la esencia de las enseñanzas originales del profeta Mahoma.
Juan Carlos I y el rey Abdulá inauguraron la conferencia en un acto solemne en el que ambos mandatarios se dedicaron reconocimientos y muestras de cariño. Era la segunda vez que el custodio de las dos mezquitas pisaba suelo español. La primera ocasión se había producido un año antes, con motivo de una visita oficial de tres días. Aprovechando ese viaje, el rey Juan Carlos le impuso el Collar del Toisón de Oro, la mayor distinción del mundo. El monarca saudí se convirtió en el primer dirigente musulmán que conseguía ese reconocimiento. Zarzuela evitó difundir imágenes del acto. De hecho, no se conoce ninguna. El comunicado oficial se limitó a destacar las buenas relaciones entre ambos países y subrayar que Arabia Saudí era uno de los sistemas más estables de Oriente Medio.
Por si fuera poco, el 6 de junio de 2008, el rey Juan Carlos concedió al entonces viceprimer ministro del país y responsable de Defensa, el sultán Bin Abdul-Aziz al-Saúd, heredero del trono, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, que reconoce a las personalidades que hayan destacado en la ayuda a España y a la Corona.
El rey Abdulá tenía motivos para estar contento. Según la investigación del fiscal del cantón de Ginebra, el 8 de agosto de 2008, justo después de esta secuencia de acercamientos y distinciones, el Ministerio de Finanzas de Riad envió 100 millones de dólares a una cuenta de Mirabaud que había sido abierta unos días antes por los supuestos testaferros del rey Juan Carlos. El depósito fue vaciándose en los meses siguientes hasta que, tras el episodio de Botsuana, el monarca decidió entregarle los últimos 65 millones de dólares que quedaban en la cuenta a su antigua amante. El 11 de septiembre de 2012, Lucum Foundation fue disuelta. Han tenido que pasar ocho años para descubrir que era lo que escondía esa sociedad aparentemente inocua del otro lado del Atlántico.
