Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear 4.200 millones de dólares de dinero saqueado. Entre esos clientes había exfuncionarios de alto rango de Pdvsa, una institución plagada de corrupción en un país sumido en el caos, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.
La firma, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados en el escándalo eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero. Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo de la decisión: «El impacto de las noticias negativas» y «el nivel de riesgo que representan dichas sociedades por las personas que forman parte de ellas», según un informe interno de 2015.
Para un prestigioso bufete de abogados que representa a empresas de la talla de Citibank y Pfizer, la creación de sociedades para antiguos miembros del Gobierno venezolano podría considerarse un riesgo demasiado grande de ayudar sin querer a blanquear dinero.
Pero no fue por rechazar a los clientes de riesgo que Alcogal llegó a representar un papel destacado en el sector de la evasión fiscal y la protección de activos.
Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de más allá que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra una filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Estos documentos se conocen como los Pandora Papers.
La empresa sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras del mes que viene, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania. Al final, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal.
Alcogal también ha prestado servicios a personajes implicados en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente de Latinoamérica, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción, Odebrecht S.A (ahora conocido como Novonor), el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como el presunto saqueo del patrimonio público venezolano.
La investigación de los Pandora Papers se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales. Más de dos millones de ficheros proceden de Alcogal. ICIJ obtuvo los documentos y los compartió con 150 medios de todo el mundo.
Casi dos años de investigaciones hechas por más de 600 periodistas arrojan una luz sin precedentes sobre una economía en la sombra a la que solo pueden acceder quienes tengan el dinero o las conexiones necesarias. Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales. El precio lo suele pagar la gente de a pie.
Los Pandora Papers contienen información sobre más de 14.000 entidades extraterritoriales en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996.
En una carta al ICIJ, Alcogal declaraba que la constitución de empresas «es solo un aspecto» de sus servicios legales y que opera en «pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos». La empresa «lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio», afirma en la carta.
Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de Pdvsa en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos.
Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una «preocupación principal por el blanqueo de capitales». La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en la lista negra en 2015.
También a petición de BPA, Alcogal creó dos empresas de maletín que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.
Los documentos muestran que en 2000 y 2001, Alcogal registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, su hermano, su padre y otros socios. Varela fue vicepresidente de Martinelli y en 2014 le sucedió en la presidencia de Panamá. A los tres meses de que llegara Varela a la presidencia, una revisión interna de Alcogal encontró acusaciones de que su campaña presidencial fue financiada, en parte, con dinero lavado proveniente de apuestas ilegales en internet. La empresa señaló que Varela negó las acusaciones, que se basaban en publicaciones de los medios de comunicación y no en investigaciones de ninguna autoridad, y concluyó que los informes no requerían investigación adicional.
En 2017, Varela admitió que durante su campaña vicepresidencial recibió donaciones de Odebrecht, una empresa brasileña que se halla en el centro de una de las mayores investigaciones de corrupción de Latinoamérica, pero negó que el dinero fuera un soborno. Varela declaró al ICIJ que las donaciones de la campaña se hicieron conforme a la ley y se informó de ello a las autoridades electorales. Las autoridades panameñas también han recomendado que se presenten cargos contra Varela en el caso Odebrecht.
En 2006, el bufete de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones se transfirieron a Nasry Juan «Tito» Asfura, según los documentos. Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras el mes que viene.
El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio. A través de un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.
Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades. No hizo comentarios sobre Varela o Asfura, y tampoco sobre otros clientes, citando las leyes de confidencialidad y las «obligaciones éticas con nuestros clientes».
Sobre el banco andorrano afirmaba: «No teníamos ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación».
La debida diligencia
Se supone que investigar a los potenciales clientes es una prioridad absoluta para los abogados y los agentes financieros. Las normas legales y bancarias internacionales exigen que las empresas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando sin querer al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente.
Pero a veces, según los documentos, Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información, confiando en que hubieran hecho un buen trabajo de investigación del cliente.
Por ejemplo, en 2015, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas solicitaron información sobre el propietario y los documentos sobre las comprobaciones debidas de una empresa llamada Firelli International Limited. Alcogal señaló que no podía facilitar esos documentos porque su cliente intermediario, una rama de la banca privada de Morgan Stanley en Miami, se negaba a entregar los documentos necesarios.
Alcogal sí conocía el nombre de un accionista de Firelli: José María Marín, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol caído en desgracia. Marín había sido detenido un mes antes con relación al Fifagate, un caso de fraude que implicaba sobornos para obtener los derechos de los principales torneos de fútbol. No está claro si Marín era el verdadero propietario de Firelli, pero documentos judiciales en Estados Unidos revelaron posteriormente que utilizó la cuenta bancaria de la empresa fachada para recibir millones de dólares en sobornos. Marín fue condenado a cuatro años de prisión en 2018.
Alcogal dijo a ICIJ que renunció como agente registrado de Firelli «de acuerdo con nuestras políticas y la ley vigente». La firma señaló que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real. Las nuevas leyes le obligan a incluir esta información en acta, afirmaba.
Incluso mientras ayudaba a mantener una flota de empresas fantasma para clientes destacados, Alcogal trató de distanciarse de su antiguo competidor caído en desgracia, Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados impulsaron la investigación de los Papeles de Panamá por el ICIJ en 2016. Tras el escándalo, Alcogal elaboró una presentación llamada «Desmitificación del mundo de los paraísos fiscales», que hacía hincapié en las reformas y señalaba la mejora de las evaluaciones de Panamá por parte de las organizaciones internacionales contra el blanqueo de capitales, según muestran los nuevos documentos.
Un año después, durante un desayuno-foro organizado por un grupo comercial de las Islas Vírgenes Británicas, Ayana Liburd, directora de la filial de Alcogal en las Islas Vírgenes Británicas, se quejó de que los bancos estaban metiendo a Alcogal y a otras empresas del sector «en el mismo saco» que Mossack Fonseca.
Un análisis de los documentos de los Pandora Papers realizado por el ICIJ descubrió que, a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá, 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.
«La honestidad no tiene precio»
A principios de la década de 1980, Jaime Alemán, joven abogado e hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, aspiraba a labrarse un nombre.
Tras licenciarse en la facultad de Derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D C, Alemán regresó a casa en 1981 para trabajar en el bufete de su padre. Pero no estaba contento con el salario y con el tiempo que hacía falta para que los abogados nuevos como él escalaran posiciones en la empresa, según sus memorias de 2014, Honesty Is Priceless (La honestidad no tiene precio).
Las memorias y los documentos filtrados muestran a un abogado ambicioso con una férrea ética del trabajo, que se levantaba a las 4 de la mañana para leer el periódico, responder a los correos electrónicos y hacer ejercicio. Entre los archivos se encuentran las meticulosas notas que Alemán se escribía a sí mismo a modo de ayuda a la memoria, detallando los rasgos personales de un nuevo contacto o los pormenores de una interacción. «Le regalé ron y quedó feliz. Regálale más», se lee en una nota sobre un caddie de un club de golf de Maryland.
Tras trabajar brevemente como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, en 1985 Alemán reclutó a otros tres abogados, Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee, y fundaron Alcogal. Desde el primer día, la empresa se dedicó a los asuntos confidenciales.
Alcogal cobró a sus primeros clientes, un grupo de empresarios nicaragüenses, 25.000 dólares por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias.
La creación de este tipo de empresas, escribía, es un «negocio maravilloso» que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, un papel de representación en el que gestionan documentos legales y reglamentarios. Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores, escribía Alemán. De ese modo, el propietario real quedaba oculto al público.
«El cliente simplemente iba a Suiza (o Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, etc.), abría una cuenta cifrada cuyo beneficiario era una sociedad anónima panameña, que a su vez operaba en forma totalmente secreta, y que no tenía la obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá», explicaba Alemán en su libro. » Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos, con lo cual no podían cobrarle impuesto a este».
Lo que describía Alemán son los cimientos de la economía de los paraísos fiscales: montar empresas pantalla en jurisdicciones de impuestos bajos o inexistentes; en esas empresas la titularidad se oculta tras unos administradores que no representan ninguna función significativa en la empresa.
Se trata de un negocio de volumen, escribía Alemán. Cuantas más empresas creen los proveedores de servicios offshore, mayores serán los beneficios.
“Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos”
También es un negocio arriesgado. Los clientes que buscan la confidencialidad suelen tener algo que ocultar. Ese fue el caso en la década de 1990, cuando Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet, el dictador de Chile desde 1973 hasta 1990. En el momento de su muerte, en 2006, Pinochet se enfrentaba a cargos por crímenes de lesa humanidad y por el robo de millones de dólares de fondos públicos.
En los documentos judiciales, Alemán reconocía que su bufete de abogados había creado las empresas, pero señalaba que en ese momento ignoraba que estuvieran conectadas con Pinochet. Alemán declaró que su bufete descubrió la conexión en 2004 y que procedió a dimitir como agente registrado. Alcogal tiene «una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas», afirmaba en una declaración judicial.
Conexiones de alto nivel
Los fundadores y los socios de Alcogal forman parte de la clase política para la que trabaja su bufete. Han entrado y salido del Gobierno panameño, ocupado y abandonado cargos políticos durante décadas. Uno de los fundadores, Galindo, era el vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y uno de los asesores presidenciales de Martinelli. Cordero, la “C” de Alcogal, es un exviceministro de Asuntos Exteriores. Lee, la “L”, fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de Trabajo. Alejandro Ferrer, un socio, fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y juez del Tribunal de Apelación.
Los miembros de la familia Martinelli son clientes de Alcogal al menos desde finales de la década de 1990, y el propio Martinelli fue director de una empresa creada por el bufete.
El por aquel entonces presidente Martinelli nombró a Alemán para que ocupara el antiguo cargo de su padre, el de embajador de Panamá en Estados Unidos, en 2009. En enero de 2011 lo dejó: Alemán dice que abandonó el cargo, y Martinelli dice que lo destituyó.
Unos años después, Martinelli y Alemán discutieron en una boda. Los medios de comunicación informaron de que Alemán llamó al presidente “ladrón y corrupto”, y le dio un puñetazo en la cara. Martinelli niega que le golpeara. Las noticias convirtieron a Alemán en un héroe popular entre los enemigos de Martinelli. En su libro, Alemán afirma que ambos se reconciliaron más tarde. Martinelli asegura que mantienen una “relación cordial”.
En 2015, Alcogal comunicó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas (IVB) que había creado y mantenido una empresa que perteneció al cuñado de Martinelli, Aarón Ramón Mizrachi Malca, después de que algunos medios de comunicación revelaron que la empresa había ayudado supuestamente a adquirir aparatos de espionaje fabricados en Israel. A Martinelli le acusaron después de utilizar los aparatos para interceptar las comunicaciones de políticos de la oposición y otras personas.
Martinelli actualmente está en juicio, acusado de realizar vigilancias y seguimientos sin autorización judicial. Él niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política iniciada por Varela, su exvicepresidente.
Mizrachi declaró al ICIJ que su empresa fue absuelta en la investigación y que nunca lo han investigado o acusado en el caso de espionaje.
En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, un exejecutivo del gigante de la construcción Odebrecht admitió que su antigua empresa había pagado en secreto 30 millones de dólares en sobornos a dos empresas pantalla, Pachira Ltd. y Mengil International, para obtener contratos de obras públicas en Panamá. Los medios brasileños relacionaron a las dos empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos ⎯no está claro cuál⎯ recibió seis millones de dólares, aseguraba Soares, según algunos informes de prensa.
Al cabo de unos días, Alcogal rompió los vínculos con ambas empresas, según informes internos de cumplimiento. Había recibido información de que las compañías se utilizaban para «actividades ilícitas», de acuerdo con las circulares internas. Alcogal escribió que «consideraba» a dos hombres para los que había emitido poderes -que no eran los hermanos Martinelli- como los verdaderos propietarios. En 2017 esos dos hombres dijeron a las autoridades panameñas que Ricardo Martinelli Linares estaba detrás de ambas empresas, según algunos informes de prensa.
En julio de 2020, los hermanos Martinelli fueron detenidos en un aeropuerto de Guatemala después de que Estados Unidos les acusara de pertenecer al entramado de Odebrecht. Siguen en la cárcel a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, y niegan las acusaciones.
Bajo sospecha
A los proveedores se les piden informes de actividad sospechosa como el en la mayoría de las jurisdicciones cuando sospechan que un cliente puede estar relacionado con una actividad delictiva.
Las autoridades prefieren los informes proactivos: los que se presentan antes de que un proveedor de servicios realice una transacción o una actividad, en vez de después de que se haya utilizado una sociedad instrumental en un delito. En una presentación de una Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas descubierta en los documentos filtrados de Alcogal se asegura que los informes proactivos ayudan a minimizar el riesgo de lavado de dinero. Los informes reactivos “añaden un valor mínimo a las investigaciones para que tengan algún efecto útil”.
Una vez tras otra, como muestran los documentos, el bufete de abogados enviaba los informes de actividad sospechosa solo después de que las autoridades o los periodistas hubieran hecho público que sus clientes eran posiblemente corruptos o estaban implicados en otros delitos.
Un análisis del ICIJ de los informes de actividad sospechosa presentados por Alcogal en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas entre 2007 y 2018 muestra que la gran mayoría de ellos, 87 de 109, fueron “reactivos”. Más de la mitad de los informes de Alcogal se realizaron después de la investigación de los Papeles de Panamá del ICIJ.
Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato.
“Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”
Alcogal fue el agente registrado de varias empresas propiedad de Paulo Roberto Costa, un director de Compras de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña.
En 2014, Costa confesó que había blanqueado casi 26 millones de dólares en sobornos por su participación en el amaño de licitaciones para favorecer a Odebrecht y otras empresas. Según muestran los documentos judiciales, para mover el dinero a cuentas de bancos suizos, Costa utilizó empresas instrumentales constituidas en Panamá, incluidas dos para las cuales Alcogal actuaba como agente registrado.
Alcogal dice que prepara informes de actividades sospechosas en cumplimiento de la legislación local. Si encuentra «información negativa» sobre una empresa o un cliente, como que se sospeche o se le acuse de un delito, «procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de descargos de responsabilidad hasta la renuncia como Agentes Registrados y/o presentar informes de actividad sospechosa según corresponda en cada caso», dijo al ICIJ. Los clientes de alto riesgo se revisan con más frecuencia que los de bajo riesgo, señalaron.
“Entendemos que el cumplimiento es uno de los principales pilares de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales”, agregó la firma.
Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, Alemán afirmó que mantener el cumplimiento era una tarea complicada. “Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”.
Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado. Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada.
“La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”.
(*) Colaboraron con esta historia: Delphine Reuter, Valentina Lares, Joaquin Gil, Agustín Armendariz, Andrés bermúdez, Jennifer Ávila, Sean McGoey, Kathleen Cahill, Fergus Shiel, Ben Hallman, Dean Starkman y Sydney Freedberg.
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