Sebastiana Barraez
Caracas 16 de abril de 2020. Se ha desatado una feroz persecución, por parte de los cuerpos de seguridad y de militares, contra quienes protesten ante la escasez de combustible, de gas, por los cortes de hasta 18 horas de electricidad, pero también contra quienes expresen críticas contra algún funcionario del Gobierno, a quien ni feo les puedes decir. Los casos que son conocidos ante la opinión pública no se comparan con los que no son denunciados, que en el interior del país y especialmente en la frontera llegan a ser más dramáticos.
“Yo salí a casa de mi hermana, que vive cerca, a buscar unos pastelitos para acompañar el desayuno. Mi esposa se quedó en la cocina preparando café. El bebé y la niña aún dormían. Apenas puse el pie fuera de la casa me caen tres muchachos muy jóvenes, que me estaban esperando, quien sabe desde qué horas. Me pusieron una pistola en la frente y uno de ellos me advirtió que, si volvía a publicar algo sobre la actuación de los colectivos, iban a regresar para matarme a mí, a mi esposa, a mis hijos”, cuenta a Infobae un periodista de la frontera con Colombia.
“Me quedé aterrado. Aún mucho tiempo después, siento miedo. Le dije a mi esposa que en cuanto pudiera nos íbamos a otro país, aunque sea a pasar necesidades. No le he contado esto a más nadie, pero sé que esos colectivos andan de la mano de funcionarios militares. Me atreví a decírselo porque no sé si en algún momento me pase algo”, dice con cierta tristeza.
Ayer miércoles, poco después de las 5 de la tarde, el periodista Eduardo Galindo Peña, secretario de organización del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Apure-Amazonas, denunció, a través de un video, la presencia en su vivienda, en la urbanización José Antonio Páez de San Fernando de Apure, de una comisión de militares del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (GNB), quienes le dijeron que debía ir a la sede militar para hablar sobre una publicación en el portal de noticias SenderosDeApure, del cual es su director.
Minutos después de haber sido trasladado al CONAS, otra comisión de funcionarios llegó a su vivienda y se llevaron a su esposa y a su hermano, a la vez que incautaron sus computadoras.
Lo que habría motivado la detención del comunicador es la denuncia de unos militares de la Guardia Nacional vendiendo gasolina en dólares.
En todo el país han surgido cientos de denuncias contra funcionarios de ese componente militar, incluso acompañado de videos, por estar negociando con el combustible.
Sin garantías
Una joven periodista del Zulia narra para Infobae cómo fue su encuentro con el terror. “Salí de una entrevista en la casa de un dirigente político. Tomé una moto para irme a redactar a mi casa antes de que se fuera la luz. De pronto una camioneta con hombres vestidos de negro y con pasamontañas obligaron al mototaxista a detenerse, me pidieron identificarme y me llevaron a la oficina de su jefe”.
Allí me quitaron el teléfono, me revisaron los archivos y me dijeron que yo estaba violando la Ley contra el Odio porque estaba publicando cosas contra el Gobierno. Un individuo moreno que murmuró un nombre que ella no recuerda le dijo que no la iban a enviar a una celda porque ahí la podían violar y hasta matar. “Hay mucha gente llena de rabia por lo que hacen los periodistas”, le dijo el funcionario.
Confiesa la joven que la obligaron a firmar un documento donde se comprometía a no revelar lo sucedido, a no publicar nada por redes sociales contra el gobierno ni contra la Fuerza Armada. “En ese escrito que era larguísimo decía que me podían meter 25 años de cárcel por traición a la patria. Me apresuré a firmar y salí de ahí corriendo. Nunca me había sentido tan vulnerable. Me devolvieron el teléfono y estuve varias noches sin poder dormir. Eso sucedió hace más de un mes y aún tengo pesadillas”.
El jueves 2 de abril, según denunció el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el periodista Adán Contreras fue citado al comando de los militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del municipio Tovar, estado Mérida, con la excusa de conversar sobre una publicación que él hizo en redes sociales, sobre lo que vecinos reportaron de múltiples detonaciones que habrían hecho efectivos de la GNB, quienes estarían buscando un dron que sobrevoló en la zona.
Cuando el periodista llegó al cuartel, lo hicieron esperar cuatro horas hasta que fue atendido por el capitán Reinaldo Reyes, quien le dijo: “Si haces una publicación en contra del Estado venezolano te voy a procesar por el artículo 12 de la Ley contra el Odio, voy por ti y te pego los ganchos”.
También IPYS señaló que el martes 14 de abril, el periodista y director de TV local, Arnaldo Sumoza, fue detenido mientras grababa una protesta en el sector El Sombrero del estado Guárico. Se estima que este jueves sea presentado en el tribunal Nr. 14 de San Juan de Los Morros.
En todo el país
Upata, capital del municipio Piar del estado Bolívar, zona cuya economía se basa en las minas de oro. Ahí conviven unos 125 mil habitantes, la mayoría en precarias condiciones, por el deterioro de los servicios públicos como el agua, el gas, escasez de dinero en efectivo y la gasolina, temas recurrentes en los escritos del periodista Eutimio González y que obviamente no le han gustado a la alcaldesa Yulisbeth García, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
“El año pasado una emisora local llamada Global 94.3 FM fue cerrada por haber entrevistado al diputado Américo DeGrazzia”, dice González en exclusiva para Infobae.
“En mi pueblo la tradición de toda la población es escuchar la radio, realmente ese es el medio preferido, aunque ya casi no hay voces críticas. La alcaldesa obliga a todos los medios a encadenarse gratuitamente durante su programa semanal y cada vez que visita una estación de radio”.
A Eutimio González se le complicó la vida desde que “recientemente salió una cuenta anónima denominada ‘Taguary Rey Blanco’, que publica chismes y medias verdades del entorno de la actual alcaldesa, señalándola de actos de corrupción. Denuncian a funcionarios de la policía municipal, señalándolos de malandros. Lo grave es que la alcaldesa me señaló en cadena radial de ser el autor de esa red, lo que me hace temer por mi familia que son reconocidos y respetados profesionales del pueblo”.
“Imagínate que dijo en su programa que me iban dar un regalito si yo regresaba a mi país. Lo inaudito es que no tengo nada que ver con eso, mis escritos siempre los he firmado y colocado el número del Colegio de Periodista o del Sindicato de la Prensa”.
“Es una falta de respeto llamarme malandro delincuente cuando yo no me he robado nada, decirme tarifado cuando yo a ellos ni a ningún político les he cobrado por publicarle alguna nota de prensa. La alcaldesa ha hecho que todo su equipo me ataque de manera injusta inconsciente”, finalizó diciendo el periodista Eutimio González.
Por otra parte, en el estado Falcón fue detenido el dirigente político y periodista de Vea Radio, Rodolfo “Popo” Barráez, quien el martes 14 de abril vio a trabajadores en una obra particular en construcción y se decidió a grabar en la calle, para denunciar cómo se está violando la cuarentena obligatoria, las personas sin tapabocas ni medidas sanitarias de seguridad.
Según narró el comunicador, el dueño de la obra, Gilberto Junior Curiel, lo persiguió, lo amenazó y le arrebató el teléfono. Llegaron dos funcionarios motorizados de la Policía de Falcón que prestan servicios de seguridad al gobernador Víctor Clark, quienes se llevaron detenido al periodista. Estuvo varias horas en manos del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Falcón (SIPEF) en Coro, hasta que en horas de la noche Barráez fue liberado.
El 7 de abril, militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detuvieron a la periodista Maryerling Villanueva y a su equipo de prensa Luis Cobaría y Rafael Pérez del portal de noticias La Prensa de Táchira. Eso ocurrió en la alcabala de Peracal, ubicada en la frontera, específicamente en San Antonio del Táchira.
El equipo de prensa, según informó la ONG Espacio Público, se dirigía a una pauta en el Cuerpo de Bomberos. Los militares de la GNB le decomisó sus equipos de trabajo y borraron las fotografías que habían realizado.
Los funcionarios militares los llevaron al Comando, les quitaron la cédula de identidad, el teléfono y les borró el material. “Nos aislaron. Ni siquiera nos podíamos sentar juntos el chófer, fotógrafo y yo. Insistían en saber qué íbamos a hacer a San Antonio. Allí estuve desde las 12 del mediodía hasta las 4:30”, le dijo Villanueva a Espacio Públic
