En torno a la 1.00 de ese día, un grupo armado irrumpió en el domicilio presidencial, asesinó de 12 disparos al presidente haitiano y disparó otros tres de 9mm a la primera dama. Los encargados del dispositivo de la seguridad de Jovenel, Dimitri Hérard, jefe de la Unidad General de Seguridad, y Jean Laguel Civil, coordinador de seguridad del presidente, se encuentran bajo sospecha e implicados en una ardua investigación. La necropsia apunta a que Moïse fue brutalmente torturado, ya que le habrían extirpado su ojo izquierdo y presentaba orificios de bala en la frente, el busto, tres en la cadera y en el abdomen.
El comando de 28 supuestos sicarios, integrado por 26 colombianos y los dos haitiano-estadounidenses, estaban bien entrenados. La intervención de la Policía Nacional haitiana, junto con la ayuda desinteresada de los habitantes de Puerto Príncipe, han hecho posible las detenciones. «Hemos arrestado a la mayoría de los atacantes. Estoy encantado con el apoyo de la población. También quiero enaltecer el trabajo de la Policía y el CSPN (Consejo Superior de la Policía Nacional de Haití). La mejor manera de honrar la memoria del presidente Jovenel Moïse es hacerle justicia», declaró Claude Joseph, primer ministro interino.
Por otra parte, ante la presión en la calle, un grupo de hasta 11 hombres armados irrumpieron el jueves en la Embajada de Taiwán en Puerto Príncipe. Finalmente las fuerzas de seguridad del país caribeño los capturó en suelo diplomático. Taiwán se apresuró a condenar la violencia en el país y la muerte del presidente caribeño.
Mientras, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha ordenado a la Dirección Nacional de Inteligencia viajar al país caribeño para tratar de esclarecer los hechos. A falta de un cuerpo por identificar, Mauricio Javier Romeo Medina y Duberney Capador Giraldo son los colombianos que fueron abatidos en la operación policial como repuesta a la intervención de la policía de Haití.
Las autoridades colombianas, por su parte, están investigando a cuatro empresas que, al parecer, reclutaron a los supuestos mercenarios. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, aseguró ayer en rueda de prensa que están indagando sobre cuatro compañías, «si es que existen», porque habrían hecho «el reclutamiento, la agrupación de estas personas» y organizaron los viajes a República Dominicana, desde donde llegaron a Puerto Príncipe, según recoge Ep.
Versión alternativa
Pero políticos locales y un informante con el que contactó el diario colombiano ‘El Tiempo’ apuntan a una versión alternativa, según la cual los integrantes de la banda colombiana llegaron a la residencia presidencial una hora después del asalto. De acuerdo con estas fuentes, los colombianos habrían sido quienes trasladaron a la primera dama a un centro hospitalario y facilitaron la huida a la hija presente. Este grupo del grupo colombiano, según esta versión, no habría amordazado a su hijo y a la chica de servicio ni habría estado implicado en la tortura y asesinato de Moïse. El grupo de colombianos, integrado por exmilitares, sostiene que más bien se encargaban de dar seguridad a la zona y que acudieron para salvaguardar la vida del líder haitiano ante el tiroteo previo, apunta el medio colombiano.
El senador opositor Steven Beinot sintoniza con la versión aportada por el grupo de colombianos que llevaban un mes residiendo el país caribeño: «Fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes lo asesinaron. Ellos eran contratistas del Estado haitiano». Además, los dos asaltantes con nacionalidad estadounidense que han sido arrestados han declarado que la misión consistía en arrestar al presidente, pero no incluía acabar con su vida.
La disputa por el poder
Entre tanto, la situación política y económica del país, que ya era un caos antes del asesinato de Jovenel Moïse, sigue rodeada de incertidumbre. La tensión es máxima por la cantidad de grupos armados ilegales constituidos en Haití y en a nivel político las dudas sobre cuál es la Constitución vigente añade dificultad a la transición en el poder.
La Carta Magna de 1987 recoge que el jefe de la Corte Suprema, muerto por Covid-19 hace menos de una semana, es el que debe asumir el poder si faltara el presidente. Pero una reforma de 2012 prevé que el primer ministro sea el que asuma el poder. Esta reforma fue rechazada por ciertos sectores políticos, porque consideraban que el expresidente Michel Martelly no estaba legitimado para acometerla y, además, no está en francés y criollo, los dos idiomas oficiales del país.
