El aparato sandinista empezó en 2018 una plan de expropiaciones como parte de su estrategia represiva
En México y Centroamérica la palabra piñata se asocia, por lo general, a fiestas y celebraciones. La excepción es Nicaragua donde, desde 1990, tras la derrota de la Revolución Sandinista en las urnas, decir “la piñata” es evocar un temido fantasma: el de las confiscaciones de propiedades. Antes de entregar el poder a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la nomenclatura sandinista se repartió una gran cantidad de inmuebles y bienes públicos, incluida la casa en la que habitan Daniel Ortega y Rosario Murillo en la actualidad. Fue un zarpazo que le generó al Estado nicaragüense una deuda de 2.000 millones de dólares, una suma que hubiera tenido que terminar de pagar en 2023.
Sin embargo, antes de que el adeudo de “la piñata” fuese saldado, Ortega vuelve a generar otra deuda a Nicaragua con una nueva etapa de confiscaciones, iniciada a partir de las protestas de 2018 como parte de su estrategia represiva contra todo aquel que se oponga al régimen. Según una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la organización Hagamos Democracia, hasta la fecha el oficialismo ha confiscado 135 propiedades por un valor que asciende a los 250 millones de dólares.
Esta estimación, sin embargo, “es la punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”, subraya el documento. “Esta investigación no llega a ser una cuantificación definitiva de lo confiscado por los Ortega-Murillo a partir de 2018, sino que es apenas un primer esfuerzo para documentar lo confiscado ilegalmente por el régimen”, indica el trabajo. “Hacer una cuantificación de las nuevas confiscaciones es complejo por muchos factores: la información disponible es nula y el terror que impera en Nicaragua por la represión dificulta de forma superlativa que las víctimas se sientan seguras a compartir información”.
Después que los Ortega-Murillo reventaran con violencia letal las protestas en contra de su Gobierno en 2018, uno de los flancos represivos que abrieron fue la expropiación de propiedades, a pesar que el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe tajantemente “la confiscación de bienes”. Un intento vano por evitar lo que ya se repite: la confiscación de opositores en sus condiciones de ciudadanos, grandes empresarios, gremios del sector privado, pequeñas y medianas empresas; organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y hasta sedes diplomáticas.
Empresarios críticos golpeados
Aunque los Ortega-Murillo ya ejecutaban las confiscaciones de facto después de 2018, fue en febrero de 2023 cuando el Parlamento sandinista aprobó una reforma al artículo 20 de la Carta Magna, la cual estableció que todo nicaragüense declarado como “traidor a la patria se le despojará de su nacionalidad” y sus “bienes pasarán a nombre del Estado”. Hasta la fecha, 317 ciudadanos han sido desnacionalizados y víctimas de confiscaciones, pero el régimen ha ido paulatinamente consumando la toma ilegal de propiedades. Han empezado por los inmuebles de mayor valor y los ubicados en zonas de alta plusvalía.
No obstante, las confiscaciones también se han extendido a personas que no han sido desnacionalizadas, como el empresario Piero Coen Ubilla. El empresario fue despojado de varias propiedades, incluido el complejo residencial y de oficinas Viejo Santo Domingo, cuyo valor total ronda los 100 millones de dólares.
Además, los empresarios también han sido confiscados de manera gremial: hasta abril de 2024, 35 cámaras y asociaciones empresariales fueron canceladas por el régimen. La investigación del OPTA revela que el Gobierno no solo ha ido tras los inmuebles de los empresarios, sino que también se ha adueñado de las acciones que las cámaras de la patronal tenían en otros negocios.
“En otras palabras, cuando la personería jurídica de una cámara o una asociación empresarial es disuelta por el Gobierno, todas las acciones que tengan –en cualquier compañía, empresa o sociedad– pasan a ser propiedad del Estado de Nicaragua. A falta de información disponible en esta materia por razones de seguridad, es bien difícil cuantificar el impacto. Sin embargo, las fuentes del sector privado hablan de un alcance muy alto y crítico”, advierte el estudio.
El antecedente más claro de la apropiación de acciones es la del grupo español TSK Melfosur. En diciembre de 2020, por medio de una aprobación “extraordinaria” de una Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense, las acciones que tenía en la distribuidora de energía eléctrica Disnorte-Dissur pasaron oficialmente a manos del Estado.
El investigador de Diálogo Interamericano Manuel Orozco explica en la investigación que la razón de ser de estas confiscaciones de propiedades y acciones por parte del oficialismo “es la búsqueda de un footprint de inversión y comercio exprés”. “Las confiscaciones les están dando el espacio de oportunidad de entrar y controlar el sector privado”, agrega el especialista.
Orozco sostiene que las propiedades de grandes empresarios pueden sumar 300 millones de dólares, ya que hay casos que no se conocen públicamente. “Es un negocio redondo, porque las confiscaciones son de naturaleza clientelista para dar premios”, prosigue Orozco.
Familiares de opositores afectados
Otra de las conclusiones que arroja la investigación es que el régimen Ortega-Murillo ha extendido las confiscaciones a los familiares de los desnacionalizados. Por ejemplo, el primero de febrero de 2024 la policía ocupó en el balneario turístico de San Juan del Sur un condominio de apartamentos propiedad de la familia Chamorro Barrios. La propiedad intervenida se llama Farallón de Sotavento, cuyo valor, de acuerdo con un avalúo del año 2017, es de 2,2 millones de dólares.
“Los propietarios fundadores de la sociedad condominio Farallón de Sotavento fueron doña Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Cristiana, Carlos Fernando (todos periodistas) y Claudia. Luego, la matriarca distribuyó las acciones del condominio de manera proporcional entre los hermanos. En 2017, Carlos Fernando y Pedro Joaquín vendieron sus acciones a otros dueños. De los cuatro hermanos, sólo Claudia Chamorro Barrios no fue desnacionalizada por el régimen. Sin embargo, la propiedad ha sido confiscada en su totalidad”, recoge la investigación.
El informe del OPTA ahondó en las propiedades pertenecientes a opositores desnacionalizados, empresarios y cámaras empresariales, universidades privadas y medios de comunicación. Por ahora, a diferencia de la primera “piñata”, el documento revela que las propiedades han sido otorgadas ilegalmente a institución públicas: al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnológico Nacional (INATEC), el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) y el Ministerio de Salud (MINSA).
“Existe poca o nula información sobre las propiedades cuyas confiscaciones ya han sido consumadas por el régimen Ortega-Murillo. En esto influyen dos factores: el habitual secretismo que impera en el aparato público, en especial en la Procuraduría General de la República (PGR), y el temor de las víctimas para denunciarlo por temor a más represalias”, insiste el OPTA.
“Esta investigación logra documentar la confiscación consumada de 135 propiedades. El valor total de ellas asciende a los 250 millones de dólares. Sin embargo, este monto es apenas la punta del iceberg de las confiscaciones […]. Este primer ejercicio de cuantificación, al ser un número inicial, calculado a partir de la escasa información disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los días, y que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro”, alertan.
