En La Habana, cuando cae la noche, muchas calles ya no se iluminan. No es una imagen poética: es una descripción literal de lo que ocurre en amplias zonas de Cuba, donde los apagones han llegado a extenderse hasta veinte horas diarias. El país entero ha vivido, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, cinco colapsos eléctricos de alcance nacional, según documentó Human Rights Watch. No se trata de un incidente aislado ni de un mal año: es la fotografía de un sistema que lleva décadas sin la inversión necesaria para sostenerse.
La raíz técnica del problema es conocida y ha sido confirmada por reportajes internacionales. A comienzos de 2025, Reuters informó que apenas seis de las quince plantas termoeléctricas del país funcionaban, mientras la escasez de combustible impedía siquiera recurrir con regularidad a los generadores diésel de respaldo. Un año después, en 2026, la crisis se agravó todavía más cuando se interrumpieron los envíos de petróleo provenientes de aliados tradicionales como Venezuela y México. El resultado es una isla que depende, para mantener encendidas sus luces, de soluciones parciales y costosas.
Una de esas soluciones parciales llegó, paradójicamente, desde Estados Unidos. Entre febrero y mayo de 2026, empresas privadas cubanas recibieron unos 900.000 barriles de combustible estadounidense, autorizados bajo una excepción a las restricciones que Washington mantiene sobre la isla. Reuters calculó que ese volumen apenas cubría nueve días de las necesidades energéticas del país: un alivio simbólico, no una solución estructural. Y un alivio desigual, además, porque ese combustible se vende en un mercado informal donde el galón ha llegado a costar hasta 38 dólares, una cifra que resulta inalcanzable para un salario estatal medio que ronda hoy los 10 dólares mensuales, según la misma agencia.
Ahí aparece una de las paradojas más crueles de la Cuba actual: mientras el Gobierno autoriza tímidas aperturas —cerca de 200 empresas ya cuentan con permiso para distribuir combustible al por mayor, y se aprobó la primera inversión extranjera dedicada a importar y vender petróleo—, esas mismas aperturas terminan beneficiando sobre todo a quienes ya tienen capital o acceso a divisas. El Estado que administra la escasez es también el que, al abrir la puerta a la iniciativa privada, corre el riesgo de profundizar la desigualdad entre quienes pueden pagar el mercado informal y quienes dependen exclusivamente del salario estatal.
La energía no es el único frente de la crisis. Human Rights Watch recoge declaraciones del propio Ministerio de Salud cubano según las cuales, en julio de 2025, solo estaba disponible el 30% de los medicamentos considerados esenciales. Una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, realizada ese mismo año, encontró que siete de cada diez cubanos consultados afirmaban saltarse comidas a diario. Son cifras que proceden de organismos no gubernamentales y de declaraciones oficiales citadas por terceros, no de mediciones independientes sobre el conjunto de la población, pero su magnitud coincide con lo que describen viajeros, periodistas y los propios apagones: un país donde interrumpir la electricidad significa también interrumpir la refrigeración de medicinas, el bombeo de agua y el traslado de pacientes.
A esa precariedad material se suma una dimensión política que no puede separarse del análisis económico. Human Rights Watch estimaba, citando a la organización Prisoners Defenders, que hacia octubre de 2025 había cerca de 700 presos considerados políticos en Cuba; otra organización, Justicia 11J, contabilizaba 359 personas todavía encarceladas por su vínculo con las protestas de julio de 2021. En enero de ese año, el Gobierno cubano liberó a 553 detenidos tras gestiones del Vaticano y de Estados Unidos, aunque organizaciones no gubernamentales cubanas calcularon que solo unos 200 de ellos eran presos políticos, y señalaron que varios quedaron bajo vigilancia o restricciones de movimiento. Human Rights Watch documenta también que algunas de esas personas liberadas volvieron a ser detenidas meses más tarde, lo que sugiere que las excarcelaciones responden más a la presión diplomática puntual que a un cambio de fondo en la política represiva del Estado.
La demografía cierra el cuadro. Human Rights Watch estima que Cuba habría perdido alrededor del 10% de su población en años recientes, aunque advierte que otros estudios independientes calculan una pérdida mayor; el BTI Transformation Index sitúa en más de un millón el número de cubanos que abandonaron la isla desde 2022, y Reuters calcula la población actual en torno a los nueve millones de habitantes. Se trata, en cualquier caso, del mayor éxodo de la historia reciente del país, protagonizado sobre todo por población joven y en edad laboral. No hace falta suscribir la tesis de que el Gobierno fomenta deliberadamente esa emigración como estrategia —una afirmación que ningún reportaje disponible respalda con pruebas— para reconocer que la salida masiva de trabajadores alivia la presión social interna y, al mismo tiempo, vacía al país de la fuerza de trabajo que necesitaría para reconstruirse.
¿Cuánto de todo esto es responsabilidad del embargo estadounidense y cuánto del propio modelo cubano? La pregunta divide a analistas y no admite una respuesta única. Reuters describe las restricciones de Washington como un bloqueo que ha limitado durante décadas el acceso cubano al combustible y al crédito internacional, y que solo permite excepciones limitadas, costosas y difíciles de escalar. Human Rights Watch, por su parte, sostiene una posición doble: reconoce que el embargo perjudica el acceso de la población a derechos económicos básicos, pero también señala que el Gobierno cubano lo ha utilizado sistemáticamente como justificación para no rendir cuentas por sus propios abusos y por décadas de mala gestión económica. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y probablemente lo son: las sanciones externas y la ineficiencia interna no son hipótesis excluyentes, sino factores que se retroalimentan.
¿Qué futuro inmediato le espera a Cuba? Ninguno de los datos disponibles sugiere un colapso repentino, pero tampoco una recuperación cercana. El Gobierno parece decidido a sostener una apertura económica gradual y controlada —más mipymes, más inversión extranjera puntual en sectores como el energético— sin ceder terreno político. Esa combinación, sin embargo, tiene límites evidentes: no hay reforma parcial capaz de reconstruir plantas termoeléctricas envejecidas, revertir un éxodo de más de un millón de personas o devolver la confianza a una economía con inflación oficial que llegó al 28% interanual en octubre de 2024, según el BTI Transformation Index, en un contexto donde el tipo de cambio informal multiplicaba varias veces el oficial.
La crisis cubana, en suma, no tiene una sola causa ni una sola solución. Combina el desgaste de un modelo estatal que no se ha reformado a fondo, el impacto real de las sanciones externas, el deterioro físico de una infraestructura que lleva décadas sin renovarse y la salida constante de quienes ya no ven futuro en la isla. Cualquier salida duradera exigiría, al mismo tiempo, una respuesta humanitaria inmediata, reformas económicas con garantías jurídicas reales y una apertura política que hoy no se vislumbra en el horizonte cercano. Mientras tanto, cada noche, en buena parte de Cuba, la oscuridad sigue siendo la imagen más honesta de un país que espera un cambio que no termina de llegar.
