Luis Felipe Montiel
Quien decide quiénes serán los jueces del Tribunal Supremo de Justicia no es la «sociedad civil». Es el PSUV. Y tiene nombres y apellidos, ocho en total, todos sentados en la Comisión Preliminar designada por la Asamblea Nacional, el organismo que recibe las credenciales, revisa los perfiles y decide quién llega a la plenaria:
- Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión y presidente también del proceso anterior. Reincidente con ascenso.
- Gloria Castillo
- María Gabriela Vega
- Liliana González
- Fernando Bastidas
- Carlos Mogollón
- José Óscar Villarroel
- Jonathan García
Ocho oficialistas. Frente a ellos, tres diputados que hacen de oposición simbólica: Pablo Pérez y Luis Florido, de Un Nuevo Tiempo, y Félix Freites, de Fuerza Vecinal. Ocho contra tres: la votación ya se puede dar por resuelta.
Mientras tanto, el país va a la ventanilla. Desde el viernes 2 hasta el 9 de octubre, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, el Palacio Federal Legislativo recibe las credenciales de quienes aspiren a uno de los doce puestos de la sociedad civil en el comité de 23 que escogerá a los magistrados. Horario de oficina, sin cita previa. Sobre el papel, los civiles tienen mayoría, porque son doce frente a once diputados. Pero antes deben pasar por esos ocho nombres, y el papel, que lo aguanta todo, lo aguanta también en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.074 del 15 de septiembre de 2026, donde la reforma quedó escrita con letra impecable y propósito de enmienda.
El filtro tiene dueño
Imagínese la escena: usted, jurista respetable, entra con su carpeta bajo el brazo, sus títulos y su fe intacta. Al otro lado del escritorio, ocho oficialistas revisan su perfil con la solemnidad de quien examina un tomate en el mercado. Aprobado, usted pasa a la plenaria. Rechazado, vuelve a casa a seguir siendo sociedad civil, pero la de verdad, la que no tiene silla.
La pregunta cae sola: ¿quién vigila a los vigilantes?
El artículo 270 de la Constitución habla de un comité formado por representantes de los distintos sectores de la sociedad. Ni una palabra sobre sentar diputados a la mesa. Pero juristas y organizaciones como Acceso a la Justicia llevan años advirtiendo que esa mezcla desfigura el carácter ciudadano del comité. La reforma respondió con un gesto magnánimo: subió los puestos civiles de diez a doce, dejó a los once diputados donde estaban y les entregó además la primera selección. Es como resolver el hacinamiento de un autobús añadiéndole dos ventanas.
El cuentakilómetros
Durante el primer semestre de 2026 se recibieron y evaluaron cientos de expedientes para llenar vacantes del TSJ. Cientos de personas reunieron papeles, pidieron cartas y esperaron. Todo se interrumpió por las negociaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, lo resumió con envidiable desparpajo: «Hemos llevado otra vez el cuentakilómetros a cero».
Qué frase. Listas, entrevistas y evaluaciones previas no deberían pasar automáticamente al nuevo procedimiento. Y esto es solo la convocatoria para los doce civiles: cuando el comité esté armado, vendrá otra distinta para quienes aspiren a magistrados. La disposición transitoria de la reforma ordena renovar a todos los magistrados, principales y suplentes, más los órganos auxiliares. No se trata de tapar un hueco. Se trata de mudar el edificio entero, y con los mismos cargadores.
Los siete sabios sin reglamento
Como si faltara enredo, apareció un segundo mecanismo, hijo de la negociación política: el Consejo de Revisión de Credenciales, formado por siete juristas: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves Bastidas, Federico Fuenmayor Gallo y María Bernardoni de Govea.
Se presenta como filtro adicional. Un detalle menor: la reforma publicada en Gaceta no lo menciona. No se conoce reglamento público que diga qué puede hacer, qué expedientes verá ni si sus recomendaciones obligan a alguien. Es un árbitro sin reglamento: silba cuando quiere y cuando no, no silba.
Y conviene aclarar algo sobre Deyanira Nieves Bastidas, porque la confusión es cómoda: no integra la Comisión Preliminar ni ocupa uno de los doce puestos civiles. Es parte de ese consejo paralelo. Fue magistrada de la Sala de Casación Penal entre 2004 y 2015, y la presidió. Su presencia ha generado cuestionamientos, y no hace falta mucha imaginación para entender por qué.
¿Pasarán las trampas?
Cuando se sirve una mesa tan bien arreglada, la pregunta es legítima: ¿último esfuerzo por apoderarse del tribunal o simple afán de influir? Los hechos no permiten sentenciar intenciones. Lo que sí muestran es una comisión de mayoría oficialista que hace la primera selección, un consejo paralelo sin reglas públicas y un proceso anterior borrado de un plumazo. Quien arma así el tablero no está jugando a la neutralidad.
¿Escogerán jueces independientes? Hoy no hay forma de saberlo, y esa es precisamente la cuestión. La Asamblea Nacional anunció el cronograma con la puntualidad de quien sabe que las fechas son lo fácil. Lo difícil falta: requisitos, documentos, criterios de evaluación y mecanismos para detectar militancia partidista, parentescos, negocios y conflictos de interés. Falta publicar los nombres de todos los postulados, las actas de evaluación y las razones de cada selección o descarte. No basta con pegar doce nombres bajo el cartel de «sociedad civil», como quien cuelga un letrero de «pan fresco» en una ferretería. Hay que saber a quién representan, quién los propuso y qué relación tienen con los poderes que dicen vigilar.
El 15 de octubre la Comisión llevará a la plenaria a los aspirantes elegibles, y la Asamblea necesitará dos terceras partes para designarlos. Calendario hay. Garantía de independencia, todavía no.
La puerta promete empezar de cero, pero el portero es el mismo de siempre. Solo queda exigir que la dejen abierta, y que esta vez todos vean quién entra, quién se queda afuera y por qué.
Fuentes: Acceso a la Justicia (texto de la reforma de la LOTSJ) y Asamblea Nacional de Venezuela (comunicados sobre la Comisión Preliminar y la convocatoria), enlazadas en el texto.
