SERIE ESPECIAL | EL NUEVO VENEZOLANO
El rastro de la muerte en los expedientes chavistas

Por Asuri Montes de Oca
Rosalía Urrea pasó seis días buscando a su hijo. Según su denuncia, el viernes 14 de abril de 2023 unos funcionarios se llevaron de su vivienda a Leoner Azuaje Urrea, presidente de Cartones de Venezuela. La familia acudió al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y al Ministerio Público sin conseguir información sobre su paradero.
El jueves 20, el fiscal general Tarek William Saab anunció que Azuaje había muerto bajo custodia del Estado.
Dijo que se había suicidado.
Seis días sin noticias de su hijo
La madre ofreció su versión al día siguiente, en un video difundido junto a su hija Mónica. CNN en Español recogió el testimonio: «Estuve seis días sin saber de mi hijo».
También denunció que en las dependencias oficiales les habían negado información. CNN confirmó, mediante una fuente relacionada con la familia, que las cuentas utilizadas para publicar los videos pertenecían a sus allegados.
Azuaje tenía 39 años, según Provea. Había ocupado distintos cargos en la administración pública y llegó a presidir Cartones de Venezuela, empresa estatal incluida en una operación anticorrupción que alcanzó a funcionarios y directivos de organismos públicos.
Su detención fue anunciada oficialmente el 18 de abril, cuatro días después de la fecha señalada por su madre.
Durante ese intervalo, según la denuncia familiar, sus allegados desconocían dónde estaba recluido.
Del expediente de corrupción a El Helicoide
La madrugada del miércoles 19 de abril, Azuaje fue presentado ante un tribunal especial por presuntas irregularidades en Cartones de Venezuela.
La audiencia se celebró en un tribunal instalado incidentalmente dentro de El Helicoide, sede del SEBIN en Caracas, según informó El Diario.
El expediente formaba parte de una operación anticorrupción más amplia que también alcanzó al sector petrolero, aunque la investigación de Cartones de Venezuela era distinta de la denominada trama PDVSA-Cripto.
Azuaje estaba imputado, pero no existía una sentencia que estableciera su responsabilidad penal.
Después de su comparecencia judicial continuó detenido.
Al día siguiente murió.
El suicidio anunciado por la Fiscalía
El jueves 20, Saab comunicó que había designado a dos fiscales para investigar el fallecimiento.
Desde aquella primera declaración, el fiscal ya se refería a lo ocurrido como un suicidio.
El viernes presentó nuevos detalles.
Según EFE, Saab informó que la autopsia había establecido una muerte por asfixia mecánica y que las experticias realizadas respaldaban la hipótesis de que Azuaje se había quitado la vida.
También anunció que los investigadores habían encontrado cartas dirigidas a sus familiares.
Según la versión oficial, en ellas Azuaje expresaba su intención de suicidarse y reconocía errores relacionados con su situación.
El fiscal mencionó, además, entrevistas con un psicólogo y con otro detenido, así como mensajes obtenidos del teléfono del fallecido.
La Fiscalía presentó esos elementos como respaldo de su conclusión.
Los documentos completos, sin embargo, no fueron divulgados en las fuentes públicas examinadas para este reportaje.
Las cartas y las preguntas de la familia
Los familiares ofrecieron una versión diferente sobre los días anteriores al fallecimiento.
Claudia Pimentel, esposa de Azuaje, aseguró que no había podido verlo desde su detención.
En un video solicitó protección para ella, sus hijas y otros miembros de la familia. También pidió ayuda a las autoridades de Perú y España.
Una persona cercana a la familia declaró a CNN en Español que los allegados desconocían las supuestas cartas mencionadas por Saab.
La discrepancia no demuestra que los documentos fueran falsos. Plantea, sin embargo, preguntas concretas sobre su contenido, autenticidad y las posibilidades que tuvo la familia de examinarlos.
Los familiares también defendieron la inocencia de Azuaje frente a las acusaciones de corrupción.
Esa era su posición. Tampoco existía una sentencia que hubiera resuelto el proceso penal.
La muerte dejó sin conclusión judicial los cargos que enfrentaba.
La responsabilidad del Estado no termina con la autopsia
El caso planteaba una responsabilidad que existía con independencia de las acusaciones contra Azuaje.
Desde el momento de su detención, el Estado debía garantizar su vida y su integridad.
La organización venezolana Provea reclamó una investigación independiente.
En su pronunciamiento del 24 de abril recordó que durante la década anterior había registrado al menos 465 muertes de personas privadas de libertad bajo responsabilidad del Estado, en circunstancias diversas.
La organización cuestionó las condiciones de reclusión y reclamó una investigación capaz de establecer responsabilidades.
El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, también solicitó acelerar las diligencias y reforzar la supervisión de los centros de detención.
Según recogió EFE, recordó que los organismos de seguridad tienen el deber de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas bajo su custodia.
Determinar una causa médica de muerte y establecer si las autoridades cumplieron sus obligaciones de vigilancia, atención y protección son cuestiones diferentes.
Incluso una conclusión forense de suicidio no elimina automáticamente esas responsabilidades.
Lo que todavía no se conoce
En las fuentes públicas examinadas no consta una resolución judicial posterior que permita conocer cómo concluyó formalmente la investigación sobre las circunstancias de la muerte de Azuaje.
Tampoco se ha localizado una publicación íntegra de los informes forenses, las cartas ni las demás evidencias anunciadas por Saab. Sí permite preguntar qué ocurrió durante los días transcurridos entre la detención denunciada por la familia y el anuncio oficial del fallecimiento.
La cronología conocida es breve.
El 14 de abril, según su madre, Azuaje fue detenido. El 18, las autoridades anunciaron públicamente su arresto. El 19 compareció ante un tribunal. El 20 murió bajo custodia del SEBIN. El 21, la Fiscalía presentó su explicación.
En esos mismos días, una familia denunciaba que había buscado información sin obtener respuestas.
La justicia venezolana investigaba a Leoner Azuaje por presunta corrupción. Cuando murió, todavía no había demostrado su culpabilidad.
Su madre pidió saber dónde estaba durante seis días. Después tuvo que pedir que se esclareciera su muerte.
La Fiscalía anunció un suicidio. La familia reclamó explicaciones.
No es la misma respuesta.
Próxima entrega: Juan Manuel Almeida Morgado, el operador tecnológico de PDVSA-Cripto que murió bajo arresto domiciliario.
«El rastro de la muerte en los expedientes chavistas» es una serie de El Nuevo Venezolano sobre fallecimientos de personas vinculadas a procedimientos judiciales relacionados con el poder venezolano. La inclusión de un caso no supone que su muerte haya sido provocada ni que exista conexión criminal con otros fallecimientos.


