SERIE ESPECIAL | EL NUEVO VENEZOLANO
El rastro de la muerte en los expedientes chavistas

Por Asuri Montes de Oca
Juan Manuel Almeida Morgado tenía 43 años cuando el fiscal general de Venezuela anunció su muerte. Había sido detenido el 5 de abril de 2023 como presunto operador tecnológico de la trama PDVSA-Cripto. Seis semanas después, Tarek William Saab informó que padecía cirrosis hepática terminal y que había fallecido en su residencia de Aragua, donde cumplía arresto domiciliario.
La prensa lo conocía como «el hacker de El Aissami».
La explicación de la Fiscalía fue una enfermedad. No se divulgó públicamente un informe médico completo ni una autopsia que permitiera conocer la causa clínica inmediata del fallecimiento.
El dato importa por quién daba la explicación. Los organismos de seguridad venezolanos han sido señalados en investigaciones internacionales por detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. La palabra de la Fiscalía no sustituye una comprobación independiente.
Un alias anterior al expediente
En 2012, el Comité para la Protección de los Periodistas documentó que un grupo denominado N33 se atribuyó ataques contra las cuentas de Twitter de la periodista Ibéyise Pacheco y del escritor Leonardo Padrón, entre otros críticos del gobierno de Hugo Chávez.
El informe no identificaba personalmente a Almeida. Esa vinculación apareció después en denuncias y reportajes periodísticos.
El día de su detención, Nelson Bocaranda denunció que Almeida había intervenido sus comunicaciones cuando investigaba la enfermedad de Chávez. Runrun.es recogió esa acusación, que no equivale a una responsabilidad penal establecida judicialmente.
Según el mismo medio, Almeida mantuvo una relación profesional con Tareck El Aissami desde la etapa en que este gobernaba Aragua y posteriormente lo acompañó en dependencias ministeriales.
La cercanía con funcionarios de alto rango era parte de su trayectoria conocida. No impidió que terminara detenido en una investigación que alcanzaría al propio El Aissami.
Tres hermanos y una clínica
La operación anticorrupción también alcanzó a sus hermanos Jorge Luis y Carlos Jesús Almeida Morgado.
El Ministerio Público los presentó como presuntos operadores tecnológicos de una estructura vinculada con la comercialización irregular de petróleo y el manejo de ingresos mediante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.
Eran acusaciones de la Fiscalía. Juan Manuel murió sin una sentencia que estableciera su responsabilidad.
Su situación médica ya había alterado el procedimiento judicial antes del fallecimiento.
Según Venezolana de Televisión, sufrió una arritmia cardíaca y fue trasladado a una clínica. Allí se constituyó un tribunal para realizar su presentación y se le concedió arresto domiciliario, como recogió El Diario.
El episodio demuestra que las autoridades conocían un problema de salud durante su detención.
No permite establecer cuánto tiempo permaneció bajo custodia policial, qué atención recibió durante ese período ni cuál fue la evolución de su enfermedad.
Son cuestiones distintas de la causa médica que posteriormente anunció Saab.
La versión oficial y la palabra de la viuda
La muerte se conoció la noche del lunes 15 de mayo.
Saab sostuvo que Almeida padecía desde hacía tiempo cirrosis hepática y que estaba en su residencia gracias a una medida humanitaria.
La información oficial no identificó la complicación inmediata que produjo el fallecimiento ni acompañó el anuncio con documentación clínica pública.
Posteriormente, Zulma Navas, viuda de Almeida, difundió declaraciones en Instagram en las que atribuyó la muerte a una enfermedad relacionada con el consumo excesivo de alcohol durante los cuatro años anteriores.
Sus palabras fueron recogidas por medios venezolanos, entre ellos La Verdad de Monagas.
Es un testimonio que debe respetarse. También debe ubicarse en su justa dimensión: una declaración familiar no sustituye una historia clínica ni permite verificar por sí sola las circunstancias de la atención médica recibida durante la detención.
La coincidencia entre la explicación de la viuda y la versión de Saab respalda la existencia de una enfermedad grave. No constituye prueba de que Almeida recibiera malos tratos ni de que su muerte fuera provocada.
Tampoco permite reconstruir completamente sus últimas seis semanas.
Lo que Naciones Unidas ha documentado
El contexto en el que Almeida fue detenido merece una atención que los comunicados oficiales no suelen conceder.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas por organismos de seguridad venezolanos.
Sus investigaciones incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y tratos crueles contra personas privadas de libertad.
Los informes han señalado actuaciones del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Son hallazgos internacionales documentados, no simples denuncias opositoras.
Eso no significa que Almeida haya sufrido alguno de esos abusos. Las fuentes revisadas no contienen pruebas que permitan afirmarlo.
Significa que una investigación periodística sobre la muerte de una persona detenida en Venezuela no puede limitarse a repetir la explicación del Ministerio Público sin examinar sus condiciones de custodia y las garantías de atención médica.
La responsabilidad de las autoridades comienza con la detención. No desaparece porque posteriormente se conceda una medida humanitaria.
El expediente siguió sin él
Almeida fue el segundo detenido relacionado con la operación anticorrupción de 2023 cuya muerte se hizo pública en menos de un mes.
El primero había sido Leoner Azuaje Urrea, expresidente de Cartones de Venezuela, fallecido el 20 de abril bajo custodia del SEBIN.
La Fiscalía atribuyó aquella muerte a un suicidio.
En el caso de Almeida informó de una enfermedad hepática terminal. Las dos explicaciones son diferentes y no existe evidencia pública de que ambas muertes estuvieran conectadas.
Tampoco se trataba del mismo expediente penal, aunque las detenciones ocurrieran dentro de la operación anticorrupción anunciada por el gobierno.
La investigación PDVSA-Cripto continuó.
Tareck El Aissami había renunciado al Ministerio de Petróleo el 20 de marzo de 2023. El 9 de abril de 2024, casi un año después de la muerte de Almeida, Saab anunció su detención por su presunta participación en la trama.
El hombre con quien Almeida había mantenido una relación profesional terminó también sometido a investigación penal.
No hay pruebas de que esa detención posterior estuviera relacionada con su fallecimiento.
Las seis semanas que faltan
Almeida murió sin que un tribunal resolviera las acusaciones formuladas contra él.
La Fiscalía informó de una enfermedad terminal. Su viuda también habló de una condición médica grave. La información sobre una arritmia durante el procedimiento judicial demuestra que los problemas de salud eran conocidos antes de su muerte.
Lo que no permiten reconstruir los documentos públicos examinados es cómo se atendió su situación médica desde el arresto hasta su traslado a una clínica, qué medidas adoptaron sus custodios y cuál fue la causa clínica inmediata de su fallecimiento.
No existe fundamento documental para afirmar que fue asesinado.
Tampoco corresponde dar por cumplidas todas las obligaciones del Estado únicamente porque el fiscal anunció una enfermedad.
Juan Manuel Almeida Morgado pasó de estar vinculado, según investigaciones periodísticas, con operaciones digitales relacionadas con el poder a ser acusado por ese mismo aparato estatal.
Fue detenido, presentado judicialmente en una clínica, enviado a su residencia y declarado muerto seis semanas después.
La enfermedad tiene una explicación pública. El recorrido médico y judicial de esas seis semanas, todavía no una reconstrucción documental completa.
Próxima entrega: Marino José Lugo Aguilar, el coronel de PDVSA-Cripto que murió bajo custodia del Estado.
«El rastro de la muerte en los expedientes chavistas» es una serie de El Nuevo Venezolano sobre fallecimientos de personas vinculadas a procedimientos judiciales relacionados con el poder venezolano. La inclusión de un caso no supone que su muerte haya sido provocada ni que exista conexión criminal con otros fallecimientos.


