El rastro de la muerte en los expedientes chavistas

El miércoles 17 de abril de 2024, a la 1:34 de la tarde, el periodista Eligio Rojas, de Últimas Noticias, informó en X que el coronel Marino José Lugo Aguilar estaba siendo interrogado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
A las 4:10, el Ministerio Público anunció su muerte bajo custodia del Estado, según la cronología reconstruida por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Al día siguiente, el periódico de Rojas publicó una presunta confesión del coronel. Según esa versión, había reconocido la entrega de 300 millones de dólares a Joselit Ramírez, antiguo jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Un interrogatorio, una muerte y una confesión publicada después. Todo en menos de cuarenta y ocho horas.
El hombre al que se atribuían aquellas declaraciones ya no podía confirmarlas ni desmentirlas.
De la Guardia de Honor a los negocios petroleros
Marino José Lugo Aguilar egresó del Ejército en 1999, en una promoción apadrinada por Hugo Chávez.
Según una investigación de Armando.info recogida por Runrun.es, estuvo vinculado a la Guardia de Honor presidencial entre 1999 y 2013.
Posteriormente ocupó cargos en empresas estatales, incluida una filial de la Corporación Socialista del Cemento, relacionada con Antonio Pérez Suárez, compañero de promoción y también investigado por PDVSA-Cripto.
Entre 2020 y 2023 fue director gerente de Mercado Nacional de PDVSA.
En enero de 2022, Tareck El Aissami difundió un video en el que Lugo anunciaba la intervención de una estación de servicio en La Castellana, Caracas, por irregularidades en el cobro de combustible.
El ministro que entonces difundía sus actuaciones fue detenido en abril de 2024, dentro de la misma investigación que posteriormente alcanzó al coronel.
Una detención confirmada con la muerte
El 9 de abril de 2024, el fiscal general Tarek William Saab anunció las detenciones de El Aissami, Simón Zerpa y Samark López por su presunta participación en la trama PDVSA-Cripto.
El nombre de Marino Lugo no figuraba entre los detenidos identificados públicamente.
Según Transparencia Venezuela, el Ministerio Público no había informado oficialmente que Lugo estuviera detenido hasta que trascendió su fallecimiento.
Las versiones periodísticas también difieren sobre cuándo fue capturado. Últimas Noticias situó la detención el domingo 14 de abril, en Puerto Cabello. Otros reportes señalaron el martes 16.
La Fiscalía no precisó la fecha.
El miércoles 17, Rojas informó de su interrogatorio por la DGCIM. Horas después llegó la confirmación oficial de que había muerto.
Las autoridades identificaron al fallecido como una persona detenida por orden judicial dentro de la investigación PDVSA-Cripto.
El comunicado no precisó el centro de reclusión.
El ahorcamiento anunciado por la Fiscalía
El Ministerio Público informó que las primeras evidencias apuntaban a una muerte por ahorcamiento.
La conclusión fue presentada expresamente como preliminar.
También anunció una autopsia en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
EFE informó aquel día que la Fiscalía presumía un suicidio, aunque todavía no se conocían los resultados de la autopsia.
Conviene distinguir las dos afirmaciones.
El ahorcamiento describe un mecanismo de muerte. Establecer un suicidio exige determinar las circunstancias en que ocurrió y descartar la intervención de terceros.
En las fuentes públicas examinadas no aparece el informe definitivo de la autopsia ni una resolución judicial que permita conocer cómo concluyó la investigación del fallecimiento.
Tampoco se ha establecido públicamente qué funcionarios tenían a Lugo bajo custodia, cuánto tiempo permaneció detenido o cuáles fueron las condiciones de sus interrogatorios.
Es información que debería existir en los registros oficiales.
La supuesta confesión de los 300 millones
El jueves 18 de abril, Últimas Noticias publicó una declaración atribuida a Lugo.
Según el periódico, el coronel había reconocido la entrega de 300 millones de dólares a Joselit Ramírez para que fueran convertidos en criptoactivos.
La información, recogida por Runrun.es, relacionaba esa operación con el supuesto desvío de ingresos provenientes de la comercialización de petróleo.
La publicación presentaba una contradicción cronológica. Situaba el interrogatorio el lunes y, al mismo tiempo, señalaba que Lugo había declarado un día antes de morir.
Su muerte fue anunciada el miércoles.
No se ha podido examinar un acta judicial completa, una grabación del interrogatorio ni documentación independiente que permita verificar la declaración, sus circunstancias o la voluntariedad con que habría sido prestada.
La cifra de 300 millones tampoco puede darse por acreditada únicamente por su publicación en un periódico.
Hay preguntas que necesitan respuestas documentales: quién interrogó a Lugo, quién registró sus palabras, si contó con asistencia jurídica y qué pruebas respaldaban los movimientos financieros que supuestamente describió.
El periódico difundió la declaración cuando su presunto autor ya había fallecido.
La DGCIM y los antecedentes de tortura
La información de que Lugo estaba siendo interrogado por la DGCIM adquiere especial relevancia por los antecedentes documentados de ese organismo.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas investigó 122 casos de personas detenidas por la contrainteligencia militar venezolana. En 77 documentó torturas, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las investigaciones internacionales describieron golpizas, descargas eléctricas, asfixia, amenazas y otras prácticas empleadas contra detenidos, particularmente durante los interrogatorios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha recogido patrones de tortura atribuidos a organismos de seguridad venezolanos.
No se trata de acusaciones aisladas ni de rumores políticos. Son prácticas documentadas por organismos internacionales a partir de investigaciones y testimonios de víctimas.
En el caso de Marino Lugo no contamos con pruebas directas que permitan afirmar que fue sometido a torturas.
Esa ausencia no convierte automáticamente en suficiente la explicación inicial de las autoridades.
Un detenido que muere mientras permanece bajo responsabilidad estatal, después de informaciones sobre un interrogatorio de contrainteligencia, exige una investigación capaz de establecer qué ocurrió y bajo qué condiciones.
Con mayor razón cuando el organismo mencionado tiene antecedentes documentados de tortura.
La condición militar de Lugo tampoco permite presumir, sin evidencia específica, que recibiera un trato más violento. Lo que sí conocemos es el historial de abusos contra militares detenidos que las investigaciones internacionales han atribuido a la contrainteligencia venezolana.
La duda sobre su caso requiere pruebas. La exigencia de una investigación independiente no.
Tres muertes alrededor de la operación anticorrupción
La muerte de Lugo fue la tercera conocida entre personas detenidas o sometidas a medidas restrictivas de libertad durante la operación anticorrupción iniciada en 2023.
En abril de ese año murió Leoner Azuaje Urrea, expresidente de Cartones de Venezuela, mientras estaba bajo custodia del SEBIN. La Fiscalía atribuyó su fallecimiento a un suicidio.
En mayo murió Juan Manuel Almeida Morgado, investigado por PDVSA-Cripto, mientras cumplía arresto domiciliario. La versión oficial señaló una enfermedad hepática terminal, explicación respaldada públicamente por su viuda.
En abril de 2024 apareció muerto Marino Lugo, también investigado por PDVSA-Cripto.
Tres fallecimientos, con circunstancias y explicaciones diferentes.
No hay pruebas públicas de que las muertes formaran parte de una operación destinada a eliminar a los investigados.
Sí está documentado que los tres murieron antes de que los tribunales determinaran sus respectivas responsabilidades penales.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha cuestionado las muertes ocurridas bajo custodia estatal y la falta de explicaciones verificables sobre algunas de ellas.
La responsabilidad de proteger la integridad de un detenido corresponde al Estado. No depende de su rango militar, su posición política o las acusaciones que enfrente.
El expediente sin respuestas
Marino Lugo conocía la administración del mercado nacional de PDVSA. Había ocupado cargos de responsabilidad y mantenido relaciones profesionales con funcionarios que terminaron investigados por corrupción petrolera.
El Ministerio Público lo vinculó con presuntos delitos relacionados con el patrimonio público, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación.
Murió sin llegar a juicio.
La declaración de los 300 millones, divulgada después de su fallecimiento, plantea interrogantes sobre su autenticidad, las condiciones del interrogatorio y el destino del dinero que supuestamente describió.
También permanece sin respuesta pública documentada la cuestión central de esta entrega: cómo murió Marino Lugo mientras estaba bajo custodia del Estado venezolano.
El 17 de abril de 2024, un periodista informó que estaba siendo interrogado por la contrainteligencia militar. Horas después, la Fiscalía confirmó su muerte.
Al día siguiente, el diario de ese periodista publicó una supuesta confesión.
La Fiscalía anunció una autopsia aquel miércoles. En las fuentes revisadas para esta entrega, su resultado no aparece.
Próxima entrega: José Manuel González Testino, el empresario de PDVSA-Citgo que murió en Miami junto a su hijo antes de recibir sentencia.
«El rastro de la muerte en los expedientes chavistas» es una serie especial de El Nuevo Venezolano sobre fallecimientos de personas vinculadas a investigaciones judiciales relacionadas con el poder venezolano. La inclusión de un caso no supone que su muerte haya sido provocada ni que exista una conexión criminal con otros fallecimientos.


