Hay discusiones que llegan tarde y otras que llegan cuando todavía queda tiempo para impedir que alguien se lleve los muebles. La planteada por Alfredo Alvarez pertenece a la segunda categoría. Mientras buena parte de la conversación venezolana anda fascinada con barriles, inversiones y fotografías de apretones de manos, Alvarez decidió hacer algo bastante menos glamoroso: abrir la Constitución.
Mala noticia para quienes prefieren gobernar con PowerPoint.
Porque detrás del anunciado acuerdo petrolero aparece una pregunta bastante más incómoda que saber cuántos barriles existen bajo tierra:
¿Quién tiene autoridad para comprometerlos?
Y todavía peor:
¿bajo qué condiciones?
Alvarez pone el dedo exactamente allí donde la fiesta petrolera comienza a ponerse nerviosa. Venezuela puede necesitar inversiones con la desesperación de un náufrago buscando una tabla, pero necesitar dinero no convierte automáticamente cualquier contrato en legítimo.
La urgencia económica tampoco funciona como borrador constitucional.
El punto de partida parece elemental: los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República. No son propiedad del gobierno de turno, del ministro que consiguió una buena cita en Washington ni del funcionario que encontró una estilográfica disponible para firmar.
Son bienes públicos.
Y aquí comienza el problema.
Porque si estamos hablando de un acuerdo gigantesco que compromete recursos venezolanos y en el cual intervienen intereses extranjeros, no basta con anunciar que será maravilloso, histórico, fabuloso y probablemente capaz de curar hasta el dolor de espalda.
Hay que saber qué se firmó.
Alvarez introduce precisamente esa dimensión que suele desaparecer cuando comienzan a desfilar muchos ceros: el control constitucional.
La Constitución venezolana establece condiciones para determinados contratos de interés público celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras y atribuye a la Asamblea Nacional competencias para autorizar ciertos contratos de interés público nacional.
Traducido al idioma de la calle: el petróleo no se administra como si fuera una venta de garaje.
No basta con ponerle precio, estrechar manos y llamar a los fotógrafos.
Hay procedimientos.
Hay competencias.
Hay controles.
O al menos debería haberlos.
Y entonces llegan las preguntas de Alvarez, una detrás de otra, como esos familiares incómodos que aparecen en una boda precisamente cuando alguien pregunta quién pagó la fiesta.
¿Quién firmó?
¿Qué campos petroleros están comprometidos?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Cuáles son las condiciones?
¿Qué ocurrirá con las regalías?
¿Qué impuestos se cobrarán?
¿Quién auditará los ingresos?
¿Qué mecanismos de revisión existen?
Y una especialmente importante:
¿Dónde está el control parlamentario?
De repente, los 65 mil millones de barriles dejan de parecer solamente una montaña de dinero y comienzan a parecer también una montaña de documentos que los venezolanos tienen derecho a conocer.
Porque una cosa es atraer capital extranjero y otra muy distinta entregar un cheque en blanco.
Venezuela necesita inversión.
Eso difícilmente admite discusión.
Pero precisamente porque necesita desesperadamente inversión debe protegerse de la desesperación.
Un hombre muriéndose de sed puede pagar cien dólares por un vaso de agua.
Eso no convierte el precio en razonable.
Alvarez también coloca sobre la mesa otro asunto delicado: una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos no puede convertirse mágicamente en una escalera para saltar por encima de la Constitución.
Las leyes están debajo de la Constitución, no encima.
Parece una aclaratoria propia de primer semestre de Derecho, pero en Venezuela hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para convertir principios elementales en descubrimientos arqueológicos.
Cada cierto tiempo encontramos uno y exclamamos:
¡Mira, separación de poderes!
Como si acabáramos de descubrir una vasija precolombina.
Y allí es donde este debate se conecta inevitablemente con otro mucho mayor.
Durante años criticamos al chavismo porque manejó los recursos públicos sin controles suficientes, convirtió la opacidad en método de gobierno y confundió al Estado con la administración temporal que ocupaba Miraflores.
Sería grotesco salir de aquello para terminar diciendo:
—Bueno, ahora la opacidad es buena porque los que negocian nos gustan más.
No.
La transparencia no tiene partido político.
El Estado de derecho tampoco.
Si exigíamos contratos claros ayer, debemos exigirlos hoy.
Si reclamábamos control parlamentario cuando gobernaba Maduro, debemos reclamarlo después de Maduro.
Si denunciábamos secretos, discrecionalidad y decisiones tomadas detrás de puertas cerradas, no podemos celebrar exactamente lo mismo simplemente porque cambió la música de fondo.
Ese es quizás el aporte más importante del planteamiento de Alvarez.
La discusión no debería convertirse en el simplismo de afirmar que “Estados Unidos se está llevando el petróleo”.
Ese discurso ya lo conocemos.
Lo hemos escuchado durante décadas acompañado de banderas, consignas y señores gritando frente a micrófonos.
El problema verdadero es mucho más serio:
¿Qué instituciones venezolanas están administrando el petróleo?
Porque Estados Unidos defenderá sus intereses.
Eso es perfectamente previsible.
Las empresas defenderán los suyos.
También es perfectamente normal.
La obligación de defender los intereses venezolanos corresponde a Venezuela.
Y para eso precisamente existen —o deberían existir— Constitución, Parlamento, tribunales, contraloría, leyes, auditorías y ciudadanos capaces de preguntar sin terminar convertidos en enemigos de la patria.
El petróleo necesita inversionistas.
Pero Venezuela necesita instituciones.
Sin ellas, 65 mil millones de barriles no representan necesariamente una bendición.
Pueden representar simplemente un botín extraordinariamente grande.
Por eso el debate que propone Alvarez no es antipetrolero, antiestadounidense ni contrario a la inversión.
Es algo mucho más incómodo:
es democrático.
Consiste simplemente en pedir que alguien enseñe los papeles.
Qué se acordó.
Quién lo autorizó.
Cuánto recibirá Venezuela.
Quién controlará el dinero.
Qué obligaciones existen.
Cuánto durarán.
Y quién responderá si algo sale mal.
No parece demasiado pedir.
Después de todo, estamos hablando del patrimonio de un país.
Aunque después de tantos años de oscuridad institucional, pedir que enciendan la luz antes de firmar quizás parezca una exigencia revolucionaria.
