La victoria demócrata abre la posibilidad de frenar algunas políticas de la Casa Blanca, pero no detiene las deportaciones ni devuelve automáticamente el TPS a los venezolanos.
Por Luis Felipe Montiel
Los demócratas ganaron el martes el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, según las proyecciones de Associated Press. Una victoria que cambia las cuentas políticas de Washington, aunque no necesariamente las de los venezolanos que esperan recuperar su Estatus de Protección Temporal (TPS).
Ese mismo martes 3 de noviembre, mientras los demócratas celebraban, un tribunal federal concedió al gobierno de Donald Trump una nueva suspensión que retrasa la posible restitución del TPS. Dos noticias el mismo día. Una despertó esperanzas políticas; la otra volvió a poner a miles de familias frente a la incertidumbre.
Conviene explicar qué ocurrió. El viernes 30 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había rechazado una petición del gobierno para mantener paralizada una sentencia favorable a los venezolanos. Todo indicaba que la protección podría restablecerse el 6 de noviembre. Latin Times habló de más de 627.000 personas potencialmente beneficiadas.
La alegría duró poco. El martes 3, el mismo tribunal concedió una suspensión administrativa de 14 días a partir del viernes 6 de noviembre, según informó Bloomberg Law. No anuló definitivamente la decisión favorable al TPS, pero aplazó sus efectos. Quien haya brindado el lunes por la noche por el 6 de noviembre debió enterarse el martes de que el calendario también tiene abogados.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Mucho y poco. Mucho, porque el Congreso puede cambiar las leyes que afectan a los inmigrantes. Poco, porque ganar el Congreso no significa que Trump deje de mandar en la Casa Blanca.
Para entenderlo, imaginemos un edificio de apartamentos.
Los propietarios están cansados del administrador y eligen una nueva junta de condominio. La junta puede pedirle las cuentas, revisar sus gastos, exigir explicaciones y negarse a aprobar nuevos contratos. Incluso puede investigar si está haciendo bien su trabajo.
Lo que no puede hacer es entrar al día siguiente en su oficina, quitarle las llaves y comenzar a administrar el edificio. Mucho menos recuperar de un plumazo el dinero que una junta anterior ya le había autorizado gastar.
Eso es, aproximadamente, lo que ocurre en Washington.
Los demócratas tendrán el control del Congreso a partir del 3 de enero de 2027. Podrán llamar a declarar a funcionarios de Trump, investigar las condiciones de los centros de detención de inmigrantes, revisar contratos y exigir explicaciones sobre las deportaciones. También podrán frenar proyectos de ley y, desde el Senado, rechazar determinados nombramientos.
Sin embargo, Trump seguirá siendo presidente. Conservará el mando de las agencias federales y podrá vetar las leyes que apruebe el Congreso. Para superar ese veto se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras, algo que una mayoría simple no garantiza.
Y aquí viene un detalle que merece atención.
En junio, Trump firmó la llamada Secure America Act, Ley Pública 119-98. Entre otras cosas, esa ley dejó aprobadas enormes cantidades de dinero para las agencias encargadas de vigilar la frontera, detener inmigrantes y ejecutar deportaciones. Parte de esos fondos podrá utilizarse hasta septiembre de 2029.
Dicho de manera sencilla: el dinero para muchas de esas operaciones ya está apartado.
Los demócratas pueden discutir cómo se gasta, investigar posibles abusos e intentar cambiar las reglas. Lo que no pueden hacer es cerrar toda la operación simplemente negándose a aprobar el próximo presupuesto. Una parte importante de los recursos ya fue autorizada.
Volvamos al edificio. La nueva junta puede discutir el contrato del vigilante, pero si la anterior ya dejó pagados varios años de servicio, el asunto se complica.
¿Y el TPS?
Aquí es donde conviene separar las esperanzas de los hechos.
El TPS es una protección temporal que Estados Unidos concede a ciudadanos de determinados países cuando existen condiciones que dificultan su regreso seguro. Permite a quienes reúnen los requisitos permanecer en el país durante su vigencia y solicitar autorización para trabajar.
No es una residencia permanente ni una ciudadanía. Tampoco significa que todos los venezolanos que viven en Estados Unidos estén protegidos por ese programa.
El Congreso puede modificar la ley que regula el TPS. Podría establecer condiciones más estrictas para cancelarlo, ampliar determinadas protecciones o crear alguna solución migratoria para sus beneficiarios.
Sin embargo, hay un problema: para convertir esas propuestas en ley necesita aprobarlas en ambas cámaras y conseguir la firma del presidente. Si Trump se opone y utiliza su veto, los demócratas necesitarían una mayoría mucho mayor para imponerse.
Por eso, la victoria demócrata no significa que el TPS venezolano haya sido renovado.
Mientras tanto, la batalla más inmediata sigue en los tribunales. Allí se discute si el gobierno actuó legalmente al cancelar las protecciones. Lo que decidan los jueces puede tener consecuencias directas sobre los permisos de trabajo y la posibilidad de permanecer en el país de los venezolanos afectados.
Tampoco significa que las redadas de ICE vayan a detenerse en enero.
ICE seguirá funcionando bajo las leyes y los recursos disponibles. Lo que cambiará será la capacidad del Congreso para vigilar sus actuaciones y exigir responsabilidades. Investigar una deportación no es lo mismo que impedirla. Y citar a un funcionario para que explique sus decisiones tampoco significa que esas decisiones queden anuladas.
Hay otra fecha que merece atención. El 11 de diciembre vence una medida provisional que mantiene financiada parte de la administración federal. Cualquier negociación para sustituirla ocurrirá todavía con el Congreso saliente, porque los nuevos legisladores no tomarán posesión hasta enero.
Los demócratas ganaron las elecciones en noviembre, pero no recibirán las llaves de sus nuevas oficinas hasta enero. Entretanto, la administración Trump continuará funcionando con las atribuciones que conserva.
Algunos dirán que la victoria demócrata cambia el ambiente político de Washington. Es posible. Un presidente con el Congreso en contra gobierna con más vigilancia, o por lo menos con más testigos.
Eso tiene importancia. Las investigaciones pueden sacar a la luz documentos, contratos y decisiones que antes pasaban inadvertidos. Una comisión parlamentaria puede obligar a un funcionario a explicar públicamente lo que hizo. También puede impulsar reformas.
Lo que no puede hacer una comisión es resolver por sí sola la situación migratoria de una familia.
Y las familias necesitan respuestas bastante más concretas que una celebración electoral. Necesitan saber si sus permisos de trabajo siguen vigentes, si conservan alguna protección contra la deportación y qué decidió exactamente el tribunal.
La política tiene sus tiempos. La justicia, los suyos. Y los inmigrantes, mientras tanto, tienen que pagar el alquiler, llevar a los muchachos a la escuela y presentarse al trabajo, cuando todavía tienen autorización para hacerlo.
Trump perdió el control del Congreso, pero no entregó las llaves de la Casa Blanca ni de las agencias migratorias.
Por ahora, quien quiera saber qué ocurrirá con el TPS este viernes hará mejor en consultar el expediente judicial que el mapa electoral. Y revisarlo otra vez al día siguiente, por si acaso.
