Mientras PDVSA registraba obligaciones laborales en sus estados financieros y el Gobierno aseguraba que las prestaciones estaban depositadas en fideicomisos, trabajadores despedidos denunciaban que no habían recibido sus liquidaciones. Veintitrés años después, UNAPETROL vuelve a organizarse para reclamar los derechos pendientes.
En 2003, un trabajador de Petróleos de Venezuela se enteró por los periódicos de que ya no tenía empleo. No recibió una carta de despido ni un cálculo de liquidación. Su nombre apareció, según recuerda, en una de las listas de expulsados de la industria después del paro petrolero.
Había dedicado buena parte de su vida profesional a la empresa. Cuando se le pregunta cuánto dinero recibió al terminar la relación laboral, responde sin vacilar:
—Nada, nada, nada.
Veintitrés años después sigue sin saber cuánto le habría correspondido por prestaciones sociales y otros beneficios acumulados. Su testimonio, recogido por El Nuevo Venezolano bajo condición de anonimato, devuelve a la superficie una pregunta que las consignas del enfrentamiento entre Hugo Chávez y los trabajadores petroleros dejaron sepultada: ¿qué ocurrió con el dinero acumulado durante años de servicio?
Entre diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, PDVSA despidió a aproximadamente 18.000 trabajadores, según reconoció la propia empresa en sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2004, presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en noviembre de 2006.
El extrabajador recuerda que los nombres aparecían publicados en la prensa.
—Fueron cinco listas que salieron por los periódicos —relata.
Afirma que no recibió documentación individual y que tampoco encontró dentro de la empresa una instancia donde plantear su reclamo.
—Ellos no atendían a nadie para ningún reclamo.
Su relato muestra cómo vivió personalmente el despido. No demuestra que todos los trabajadores atravesaran las mismas circunstancias. Pero tampoco se trata de una controversia basada únicamente en recuerdos individuales.
El conflicto llegó a la Organización Internacional del Trabajo. En el caso número 2249, las organizaciones sindicales denunciaron despidos masivos, obstáculos para reclamar derechos laborales y consecuencias económicas y sociales para los afectados.
El Gobierno venezolano sostuvo ante el Comité de Libertad Sindical que las prestaciones permanecían depositadas en los fideicomisos correspondientes, a la espera de que los extrabajadores procedieran a retirarlas. También afirmó que quienes no lo habían hecho habían optado por presentar recursos administrativos o judiciales para solicitar su reincorporación.
Esa posición quedó recogida en el expediente de la OIT.
La explicación oficial, sin embargo, no demuestra que todos los trabajadores recibieran sus prestaciones ni que pudieran disponer de sus fondos sin obstáculos. La existencia de un depósito, su disponibilidad y su entrega efectiva son tres asuntos diferentes.
Hay otro documento que introduce una responsabilidad reconocida por la propia empresa.
En sus estados financieros, PDVSA defendió la legalidad de los despidos y declaró haber registrado contablemente los beneficios laborales significativos pendientes, conforme a la legislación venezolana y los contratos colectivos.
Contabilizar una obligación no equivale a haberla pagado.
La anotación contable reconoce una partida que debe reflejarse en las cuentas de la compañía. Para comprobar el pago efectivo harían falta liquidaciones individuales, movimientos de los fideicomisos y comprobantes de entrega de los fondos.
El informe presentado ante la autoridad bursátil estadounidense no ofrece un balance individual de los pagos realizados a los despedidos ni permite establecer cuánto dinero podría permanecer pendiente.
El extrabajador entrevistado recuerda que, durante el conflicto, algunas personas intentaron retirar sus prestaciones y recursos acumulados en las cajas de ahorro. Cree que algunos lo lograron. Él no hizo esos trámites.
—Cuando salimos, en 2003, muchas personas trataron de sacar sus prestaciones, caja de ahorro, lo que tenían, y algunos creo que lo lograron, pero fue en pleno paro. Yo no hice nada y, por supuesto, eso se perdió.
Su última frase exige una precisión: considera perdido aquel dinero porque nunca lo recibió. No sabe si los recursos desaparecieron de las cuentas, permanecieron depositados o tuvieron otro destino.
Tampoco dispone de un cálculo actualizado de sus posibles acreencias.
Cuando se le pregunta cuánto podría deberle PDVSA, responde:
—Ni idea.
Aproximadamente un año después consiguió empleo en la administración pública. Pudo reconstruir su vida profesional, aunque eso no resolvió la cuestión de su liquidación.
Otros trabajadores denunciaron consecuencias más graves. En los expedientes examinados por la OIT figuraron reclamaciones relacionadas con viviendas, asistencia médica, fondos de ahorro y beneficios educativos. No todos atravesaron las mismas dificultades, pero el conflicto laboral se prolongó mucho más allá de 2003.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre derechos humanos correspondiente a 2013, publicado en febrero de 2014, señaló que el Gobierno venezolano continuaba sin resolver los casos de aproximadamente 19.000 empleados despedidos de PDVSA durante y después del paro de 2002-2003. El documento también registró las dificultades de UNAPETROL para obtener reconocimiento sindical.
Aquellos antecedentes tienen ahora una continuación que merece atención.
En octubre de 2026, la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados, UNAPETROL, presentó el informe «Nuestra gestión por nuestra causa», un documento sobre el proceso de reorganización de los trabajadores despedidos y la defensa de los derechos que consideran pendientes.
La organización sostiene que más de 23.000 trabajadores fueron separados de PDVSA y empresas vinculadas durante los acontecimientos de 2002-2003. También denuncia que muchos no recibieron prestaciones sociales, indemnizaciones ni otros beneficios laborales.
La cifra no es idéntica a los aproximadamente 18.000 despidos reconocidos por PDVSA en sus estados financieros. Los documentos utilizan fuentes y alcances diferentes; por tanto, no corresponde tratar ambas cantidades como mediciones equivalentes.
La novedad es que, después de más de dos décadas, los afectados están reconstruyendo sus mecanismos de representación.
Según el informe de UNAPETROL, su proceso de reencuentro comenzó en 2025 y se consolidó durante 2026. La organización afirma que ha establecido contactos con trabajadores dentro y fuera de Venezuela y que prepara la renovación de sus estructuras sindicales.
El censo constituye uno de sus principales resultados. Con corte al 26 de octubre de 2026, UNAPETROL reportó 5.882 personas censadas, frente a 7.168 integrantes de sus grupos de WhatsApp, una cobertura del 82,1 % de esa población de referencia.
Es un avance organizativo, no una auditoría de las acreencias laborales. El documento no establece cuántas personas censadas conservan deudas comprobadas ni el monto que podría corresponderles.
También contempla la participación de familiares y causahabientes de trabajadores fallecidos, una cuestión que plantea interrogantes adicionales sobre la documentación y eventual transmisión de derechos.
La reorganización tampoco significa que las reclamaciones hayan sido reconocidas judicialmente o que los pagos estén próximos a realizarse. Es, por ahora, un esfuerzo de los propios afectados para recuperar capacidad de representación y preparar nuevas actuaciones.
Veintitrés años después, la situación exige distinguir conceptos que con frecuencia se presentan como una sola deuda: prestaciones por antigüedad, intereses, indemnizaciones discutidas, fondos de ahorro y beneficios de jubilación. Cada uno tiene naturaleza, condiciones y antecedentes diferentes.
Tampoco es posible calcular una deuda global multiplicando una cantidad estimada por el número de trabajadores despedidos. Para establecer responsabilidades económicas harían falta registros individuales, balances, pagos acreditados y decisiones administrativas o judiciales.
La posibilidad de exigir esas obligaciones después de tantos años es una cuestión jurídica que esta serie abordará en su quinta entrega.
Por ahora, la documentación deja planteado un contraste difícil de ignorar.
PDVSA informó que había registrado obligaciones laborales. El Gobierno sostuvo ante la OIT que las prestaciones estaban en fideicomisos. Los trabajadores denunciaron dificultades para acceder a sus recursos. UNAPETROL afirma en 2026 que las reclamaciones continúan y está reorganizando a sus integrantes para defenderlas.
Y un extrabajador, que salió de la empresa en 2003 sin recibir una liquidación, todavía no sabe cuánto dinero le correspondía ni qué ocurrió con él.
Si las prestaciones estaban depositadas y las obligaciones reconocidas, ¿por qué hubo trabajadores que salieron de PDVSA sin liquidación y que, veintitrés años después, siguen sin saber qué pasó con su dinero?
Próxima entrega | Los despedidos de Chávez 4/5: Veintitrés años después. Las consecuencias profesionales y familiares de la salida de PDVSA y la reorganización de quienes continúan reclamando sus derechos.
