Alfredo Alvarez
Hay boleros que sobreviven al tiempo porque describen mejor que cualquier tratado las miserias humanas. Plazos traicioneros podría perfectamente convertirse en la banda sonora de la Venezuela de hoy.
El problema central ya no es únicamente quién gobierna, quién administra o quién representa formalmente al Estado. El verdadero nudo gordiano consiste en determinar cuánto tiempo más puede sostenerse una arquitectura provisional cuya legitimidad descansa precisamente en su condición temporal. Toda transición tiene fecha de nacimiento. También debería tener fecha de vencimiento. El interinato, como figura política, no fue concebido para convertirse en mobiliario institucional permanente. De allí que la principal tarea pendiente sea fijar, sin más juegos de espejos ni alquimias semánticas, la fecha de las elecciones que permitan resolver definitivamente la disputa sobre el origen y ejercicio legítimo del poder. Todo lo demás son notas al pie de página.
Mientras tanto, Venezuela continúa exhibiendo esa extraordinaria capacidad para producir paradojas que desafían la lógica económica más elemental. En Guayana, el oro paga bien. Muy bien. Tan bien que una huelga minera concluyó con bonos extraordinarios que alcanzan hasta los 2.000 dólares por trabajador. La protesta laboral terminó con sonrisas, acuerdos y transferencias en moneda dura.
Al mismo tiempo, jubilados, pensionados y profesores universitarios intentan sobrevivir con ingresos que apenas alcanzan para atravesar unos pocos días del calendario. La imagen resulta devastadora. Un minero recibe el equivalente a años completos de pensión en una sola bonificación extraordinaria. Cinco millones de pensionados, según los organizadores de la protesta convocada para el 29 de octubre frente al Seniat, observan la escena desde la periferia de la prosperidad prometida. Son ciudadanos atrapados en una versión tropical del síndrome de Pelandus Mamadini: esa sofisticada enfermedad política que consiste en prometer mucho, anunciar más y pagar lo menos posible.
La coincidencia adquiere dimensiones todavía más interesantes cuando se observa el tablero geopolítico. Mientras los trabajadores de Minerven negociaban mejores condiciones, el enviado especial estadounidense, John Barrett, realizaba una visita de inspección técnica al estado Bolívar para evaluar las potencialidades operativas y de inversión de empresas norteamericanas en el Arco Minero.
El mensaje es difícil de ignorar. Allí donde antes predominaban sanciones, sospechas y distancias diplomáticas, hoy comienzan a aparecer cálculos económicos, reservas auríferas y oportunidades de negocio. El oro venezolano vuelve a hablar un idioma universal.
El Gobierno exhibe el potencial de Bolívar ante observadores extranjeros mientras las tensiones laborales que emergieron precisamente en ese mismo sector son resueltas mediante generosos incentivos económicos. La fiebre del oro no es solamente minera. Es política. Es diplomática. Es fiscal. Y, sobre todo, constituye una señal inequívoca de cuáles sectores poseen capacidad real de negociación dentro del nuevo esquema de poder.
A esa lista de realidades incómodas se suma ahora el sistema eléctrico nacional. Mientras los voceros oficiales multiplican las narrativas sobre recuperación económica, GE Vernova ha recordado una verdad que ni la propaganda ni el voluntarismo pueden derogar: la confianza financiera sigue siendo un recurso escaso. La empresa ha señalado que nuevas obras de recuperación eléctrica requieren garantías financieras y desembolsos previos para poder avanzar. Traducido al castellano operativo: primero se paga y después se repara.
La noticia posee una carga simbólica considerable. Venezuela puede exhibir reservas auríferas, atraer misiones de inspección internacional al Arco Minero y anunciar nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, cuando se trata de rehabilitar la infraestructura que mantiene iluminado al país, los proveedores internacionales continúan exigiendo algo tan elemental como garantías de cumplimiento. No es precisamente una medalla de confianza. Es el recordatorio de que la crisis venezolana no ha sido únicamente económica o política. Ha sido también una prolongada demolición de credibilidad institucional.
Por eso el verdadero desafío no consiste solamente en extraer oro del subsuelo. Consiste en reconstruir la confianza necesaria para que una empresa acepte reparar una central eléctrica sin convertir cada contrato en una operación de alto riesgo.
A la vez, subsisten asuntos imposibles de disimular bajo la alfombra oficial. La contabilidad política continúa registrando cerca de trescientos presos políticos en las ergástulas del régimen. Persiste igualmente la deuda con la libertad digital, la normalización del ejercicio periodístico, el acceso irrestricto a la información pública y el respeto efectivo al debido proceso. Son indicadores cuya ausencia pesa mucho más que cualquier comunicado optimista o cualquier rueda de prensa cuidadosamente coreografiada. La transición, para ser creíble, necesita rendiciones verificables y no simples declaraciones de buena voluntad.
En esa lista de obligaciones pendientes figuran capítulos que ya deberían formar parte de cualquier agenda mínima de normalización democrática: la derogación de la infame Ley contra el Odio, la convocatoria formal de elecciones, la renovación integral del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, además de garantías institucionales capaces de generar confianza dentro y fuera del país. Podrían perfectamente incorporarse a la carta al Niño Jesús de la llamada Navidad de la Inteligencia Artificial decretada por el régimen a partir del primero de noviembre. Al fin y al cabo, pedir milagros se ha convertido en una de las pocas industrias que aún mantiene crecimiento sostenido en Venezuela.
En este contexto debe leerse también el reciente enroque en la Cancillería. La salida de Félix Plascencia y la llegada de Oliver Blanco al Ministerio para las Relaciones Exteriores y Comercio Internacional constituyen probablemente el síntoma más visible de la fiebre aurífera que atraviesa las estructuras del poder interino. Los relevos diplomáticos rara vez son simples movimientos administrativos. Son mensajes. Señales dirigidas tanto al exterior como a los actores internos.
El nuevo canciller ha hablado de inclusión, tolerancia política y respeto a los derechos humanos. Son conceptos correctos. Incluso imprescindibles. Pero la política venezolana acumula demasiadas décadas escuchando discursos impecables acompañados de resultados decepcionantes. La credibilidad, como el oro, no se declara. Se extrae.
Y mientras los lingotes continúan apareciendo en Bolívar, millones de pensionados siguen buscando en sus bolsillos una riqueza mucho más modesta: la posibilidad de llegar vivos al final de mes.
Porque, al final, allí reside el verdadero examen de cualquier transición. No en la pureza del relato, ni en la elegancia de los comunicados, ni siquiera en la abundancia de los yacimientos. Sino en la capacidad de responder una pregunta elemental: ¿quién se beneficia realmente de la riqueza nacional y quién permanece condenado a contemplarla desde la distancia?
La respuesta determinará no solo la legitimidad del próximo gobierno, sino también la duración política de este interinato, el alcance de la reconciliación democrática y la confianza que el país pueda reconstruir frente al mundo. Ese, y no otro, sigue siendo el más traicionero de todos los plazos.
