SERIE ESPECIAL | EL NUEVO VENEZOLANO
El jueves 12 de noviembre apareció muerto Nielson de Souza Vilela, de unos cuarenta años, en un trastero de un edificio de la Gran Vía madrileña. Había sido el abogado en España de Hugo Armando Carvajal Barrios, el Pollo, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana, extraditado a Estados Unidos y declarado culpable de narcoterrorismo.
La noticia llegó dos días después. El sábado 14, a las 5:25 de la madrugada, The Objective informó de que el cuerpo había sido hallado a primera hora del jueves y de que se desconocían las circunstancias. A las 16:02, Vozpópuli añadió una causa: la autopsia, practicada el viernes 13, apuntaría a una muerte por causas naturales.
Un cadáver, dos versiones del hallazgo
Los dos diarios coinciden en la identidad del fallecido, en el lugar general y en el día. Discrepan en la hora y en el trastero. The Objective sitúa el descubrimiento por la mañana, en el trastero del inmueble donde residía. Vozpópuli lo sitúa por la tarde, en un trastero ajeno a su vivienda, después de que un familiar acudiera al lugar. Según este último, intervino primero la Policía Municipal y luego se encargó la Policía Nacional.
Vozpópuli dice que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia. No nombra la afección concreta ni reproduce el informe forense. La versión de muerte natural procede, por ahora, de un periódico que asegura haber consultado la autopsia, sin publicar el informe.
El abogado y su cliente
El 20 de octubre de 2021, cuando la Audiencia Nacional acordó hacer efectiva la entrega de Carvajal a Estados Unidos, Vilela dijo a Reuters que no esperaba una extradición inmediata, según recogió Euronews. Su argumento era que Carvajal figuraba como testigo en otras investigaciones españolas.
Detenido el 9 de septiembre en Madrid, según Vozpópuli, pasaría casi dos años más bajo custodia española. Fue extraditado el 19 de julio de 2023.
Lo que el Pollo admitió en Nueva York
El 25 de junio de 2025, Carvajal se declaró culpable ante el juez Alvin K. Hellerstein de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos fijó la sentencia para el 29 de octubre de 2025.
Esa fecha pasó sin sentencia, y llegaron más aplazamientos.
The Objective atribuye a fuentes del entorno del exgeneral la versión de que los aplazamientos responden a información que estaría entregando a las autoridades estadounidenses. El contenido y el alcance de esa colaboración no constan en los documentos públicos revisados.
Durante su permanencia en España, Carvajal también formuló acusaciones sobre presuntos mecanismos de financiación política relacionados con el chavismo, incluidos señalamientos sobre Podemos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La existencia de esas declaraciones está documentada. Su contenido no equivale a hechos judicialmente acreditados.
Otro expediente, siete años antes
La muerte de Vilela ha reabierto en el entorno de antiguos directivos de PDVSA el recuerdo de Juan Carlos Márquez Cabrera, exsecretario general de Entes Corporativos de la petrolera.
Aterrizó en Barajas el 18 de julio de 2019 y fue detenido. Investigado en el caso del exembajador Raúl Morodo, declaró ante el juez Santiago Pedraz, manifestó su disposición a colaborar y quedó en libertad. Estaba citado de nuevo para el lunes 22.
No llegó.
El domingo 21 de julio, según el sumario citado por Libertad Digital, la Policía acudió a una oficina de San Sebastián de los Reyes tras la aparición de su cadáver, en lo que el atestado calificó de aparente suicidio.
Vozpópuli informó después de que la autopsia preliminar apuntaba a un suicidio y, más adelante, de que los forenses descartaban la participación de terceros. Ambas informaciones se apoyan en fuentes jurídicas.
El caso siguió sin él.
La investigación examinaba ingresos procedentes de PDVSA relacionados con sociedades vinculadas a Alejo Morodo, hijo del antiguo embajador español en Venezuela.
El 3 de diciembre de 2024, la Audiencia Nacional condenó a Raúl Morodo a diez meses de prisión y a su hijo Alejo a dos años, tras un acuerdo con la Fiscalía por delitos fiscales relacionados con ingresos de PDVSA.
Dos muertes, dos expedientes
Entre una muerte y otra pasaron siete años y cuatro meses.
En 2019, un investigado que había empezado a colaborar murió dos días después de declarar. Los forenses, según la información disponible, descartaron la intervención de terceros.
En 2026, un abogado que había defendido a un acusado en otro procedimiento murió en circunstancias que un periódico atribuye a causas naturales.
No hay evidencia pública de que una muerte tenga relación con la otra.
Tampoco se sabe qué documentación conservaba Souza Vilela sobre su antiguo cliente ni si continuaba interviniendo en sus asuntos.
Lo comprobable es la coincidencia de escenarios: dos personas ligadas a causas judiciales sobre el poder venezolano, dos muertes en Madrid y dos versiones oficiosas que llegaron antes que cualquier comunicado oficial.
Próxima entrega: Juan Carlos Márquez Cabrera, el investigado de PDVSA que no llegó al lunes.
«El rastro de la muerte en los expedientes chavistas» es una serie de El Nuevo Venezolano sobre fallecimientos de personas vinculadas a procedimientos judiciales relacionados con el poder venezolano. La inclusión de un caso no supone que su muerte haya sido provocada ni que exista conexión criminal con otros fallecimientos.
