Por Asuri Montes de Oca
El cronograma era preciso. Según una comunicación de la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, descrita en un reportaje publicado por Armando.info en 2011, el lote completo de seis millones de cédulas electrónicas debía entregarse en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía. Anthony Daquin, exasesor del Ministerio de Interior y Justicia, mostró la comunicación a la periodista Adriana Rivera. Han pasado más de diecisiete años desde aquella fecha y en la documentación pública consultada no consta que el lote haya llegado a ninguno de los dos lugares.
El contrato es de marzo de 2008: 172,2 millones de dólares entre ese ministerio y Albet, según documentos a los que tuvo acceso El Nacional. En agosto, Albet subcontrató a Gemalto México por 40,5 millones para suministrar seis millones de tarjetas de policarbonato con chip. Las cifras no se suman, porque la segunda corresponde a una subcontratación dentro del mismo proyecto.
En febrero de 2008, José Javier Morales, entonces director de Identificación y Extranjería, había dicho que el Estado buscaría proveedores mediante una licitación conjunta con Cuba. El reportaje de 2011 sostiene que el proceso se hizo en La Habana y que los registros venezolanos no mostraban ningún llamado para esa contratación en los cuatro años anteriores. La única licitación internacional previa, ganada por Hyundai en 2001, fue paralizada ese mismo año, según TalCual. El contrato, añade Armando.info, dejaba los códigos fuente en custodia cubana «mientras permanezca vigente el período de soporte técnico».
Los anuncios, en cambio, se cumplieron con puntualidad. Pedro Carreño, cuando era ministro de Interior y Justicia, prometió que la emisión empezaría en 2008. Las retrospectivas periodísticas discrepan sobre la fecha de esa declaración: unas la sitúan en julio de 2007 y otras en julio de 2008, cuando Carreño ya había dejado el ministerio.
En octubre de 2008, Baudelio Medrano aplazó la emisión al primer semestre de 2009. En diciembre de 2009, Dante Rivas la fijó para el primer trimestre de 2010 y la describió como «el documento de identificación más seguro del mundo», según El Universal, reproducido por Runrunes.
Armando.info registra que Rivas la prometió después para el primer trimestre de 2011. En 2014 vino Miguel Rodríguez Torres, con finales de año. En mayo de 2016, de nuevo Rivas, con junio. En marzo de 2023, Gustavo Vizcaíno decía que seguía en estudio si el documento llevaría chip, código QR o código de barras, según TalCual. Quince años después de la firma, el formato seguía en discusión.
Sobre las tarjetas hay indicios, no pruebas concluyentes. Efecto Cocuyo recuerda un proyecto piloto en 2010, sin precisar cuántas cédulas se emitieron ni a quiénes. Infodio publicó en 2013 lo que presentó como un informe filtrado de Onidex sobre tarjetas de Gemalto, con separación de capas, grietas sobre el chip y fallas después de la personalización. La información procede de una filtración cuya autenticidad no he podido corroborar independientemente. Los certificados de fabricación, las actas de recepción y la liquidación del contrato tampoco figuran entre los documentos públicos localizados.
El dinero es una cuenta aparte. Transparencia Venezuela calculó unos 1.413 millones de dólares «asignados» a la asesoría cubana en identidad: al menos 630 millones en partidas presupuestarias entre 2009 y 2014, y otros 783,5 millones correspondientes a proyectos con Venezuela que Albet declaró ante el SELA entre 2004 y 2010.
No son pagos comprobados. Los períodos se superponen y la cartera de Albet incluía sistemas ajenos a la cédula. Tampoco existe en la documentación consultada una conciliación que permita descartar que algunos recursos se contabilizaran más de una vez.
La misma organización relata que diputados de oposición solicitaron un debate parlamentario y una investigación en la Comisión de Contraloría, y que ambos intentos fracasaron. Añade que las autoridades negaron que los cubanos manejaran el sistema, sin explicar el destino de los fondos. No aparece en las fuentes revisadas una auditoría definitiva que haya establecido cuánto se pagó y qué se recibió.
Armando.info ofrece dos referencias de la época: México adjudicó en 2009, tras una licitación pública, un contrato de identificación para una población de unos 107 millones de personas por 51 millones de dólares, y Ecuador destinó en 2010 unos 93,5 millones a modernizar su registro civil. Los alcances no son idénticos, de modo que los números ilustran y no prueban cuál proyecto resultó más costoso en términos comparables.
En 2026, el Saime continuaba ofreciendo servicios de renovación de cédulas ordinarias. En marzo, Cotejo.info comprobó que era falso que el organismo hubiera anunciado una cédula digital con chip, como afirmaba una publicación difundida en Facebook.
Marzo de 2009, el puerto de La Guaira o el aeropuerto de Maiquetía: una fecha y dos lugares.
Las actas que permitirían saber si algo llegó a alguno de ellos no están a la vista.
