Por Luis Felipe Montiel
Una fotografía de 2012 revela posibles defectos en la construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda. Catorce años después, quince torres se desplomaron durante los terremotos de junio. Algunos sobrevivientes todavía duermen en carpas.
Hay fotografías que el tiempo convierte en expediente. Una de marzo de 2012, tomada durante una inspección de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), muestra los cimientos de una torre del conjunto OPPPE 27, en Caraballeda, estado La Guaira. Según una investigación de CNN, varios estribos de acero que aparecen en la imagen parecen mal ensamblados, y fotografías posteriores a los terremotos indican, a juicio de los expertos, que al menos algunos de esos defectos nunca se corrigieron.
Catorce años después, las cuatro torres de ese complejo se vinieron abajo.
Conviene decir enseguida lo que la foto no dice. Los mismos especialistas advierten que es difícil demostrar una causa directa tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el 24 de junio de 2026. Hablan de defectos que pudieron volver más propensas al colapso a estas torres, no de una sentencia. Hago mía la prudencia. Una inspección que deja constancia fotográfica de un posible defecto tiene, eso sí, la rara virtud de demostrar que alguien estaba mirando.
Falta saber qué se hizo después de mirar.
Para entender el apuro hay que leer al propio Francisco Sesto, entonces director de la OPPPE. En su blog describió la misión como «un esfuerzo gigantesco realizado con una intensidad nunca antes vista en Venezuela», y contó que los equipos trabajaban en dos o tres turnos diarios, según el mismo reportaje de CNN. Allí se añade que Hugo Chávez exigió 200.000 viviendas solo en 2012.
Lucas Pou, exdirectivo de la oficina, declaró a CNN que adjudicar contratos sin licitación, amparándose en un decreto de emergencia, era una práctica habitual, aunque aclaró que no trabajó en los proyectos de Caraballeda.
Dos obreros contaron al New York Times que les pedían estirar el concreto mezclándolo con otros productos. Es un testimonio, no un análisis de laboratorio, y así hay que tratarlo.
La velocidad, por cierto, se mide con facilidad. La calidad lleva más tiempo.
Las cifras de CNN son menos retóricas. Quince torres de vivienda pública se desplomaron en Caraballeda. Cada una tenía más de ocho pisos y al menos 240 apartamentos. Las imágenes satelitales indican que cayó el 63 % de las torres de gran altura construidas allí por esa autoridad especial de vivienda.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho que la mayoría de los edificios derrumbados en La Guaira no fueron construidos por el Estado, según recogió el New York Times. La afirmación no responde por sí sola a lo ocurrido con las torres públicas. Lo que interesa conocer es la proporción de edificios caídos respecto de los construidos, sus características y las condiciones a las que estuvieron sometidos.
Sesto tampoco comparte el enfoque. No respondió a las solicitudes de CNN, pero declaró al Times que no le parecía periodísticamente riguroso concentrarse en unos pocos edificios de la Gran Misión Vivienda cuando también se habían derrumbado centenares de construcciones privadas.
La objeción sería más convincente si viniera acompañada de los planos, los estudios de suelo y las actas de inspección de las torres examinadas. Hasta donde permiten establecer las investigaciones publicadas, esos documentos no se han dado a conocer.
Tampoco el terreno parece haber sido una sorpresa. Una investigación de Associated Press documentó advertencias desatendidas sobre los riesgos de construir grandes edificios en aquella franja costera, próxima a la falla de San Sebastián y asentada sobre suelos capaces de amplificar las sacudidas.
De las 43 torres levantadas por la OPPPE en La Guaira, 39 estaban en Caraballeda.
La agencia también consultó al ingeniero Eduardo Miranda, de la Universidad de Stanford, cuyo equipo reconstruyó el movimiento del terreno mediante videos de cámaras de seguridad. Según Miranda, la sacudida estuvo entre las más intensas documentadas y habría resultado difícil de resistir incluso para edificios diseñados bajo normas particularmente exigentes.
Es una advertencia que debe tomarse en serio. El terremoto fue extraordinariamente violento. Precisamente por eso interesa saber si los edificios fueron diseñados y construidos para las condiciones del lugar o si las normas quedaron subordinadas a la urgencia de entregarlos.
Los sobrevivientes también perdieron su casa
Hay otra parte de la historia que no aparece en los planos ni en las fotografías de los escombros: ¿dónde están viviendo quienes lograron salir con vida?
La respuesta tampoco es tranquilizadora.
Una investigación de Nadeska Noriega publicada por El Pitazo el 24 de octubre documentó el traslado de 336 familias desde el campamento del estadio César Nieves, en Catia La Mar, hacia viviendas temporales en Ciudad Caribia.
Son pequeñas casas de 36 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño y un espacio para cocinar y comer. Para quienes pasaron cuatro meses bajo una lona representan una mejora considerable.
Juan Viloria, uno de los trasladados, perdió su vivienda en el urbanismo Hugo Chávez, de Playa Grande. También perdió a su madre y a una hija. Ahora comparte una de esas casas con cuatro familiares.
Al menos tiene un baño propio y un lugar donde dormir bajo techo. La vivienda definitiva sigue pendiente.
Otros sobrevivientes no han tenido la misma oportunidad.
En octubre permanecían familias en campamentos instalados en el campo de golf de Caraballeda, el Polideportivo José María Vargas y Mare Abajo II. El Pitazo documentó otros 22 campamentos transitorios distribuidos por La Guaira, sin obtener una cifra actualizada de cuántas personas seguían allí.
CNN encontró una situación particularmente inquietante en el conjunto OPPPE 25. De sus siete torres, cinco resistieron los terremotos, pero fueron evacuadas. Según una residente entrevistada por la cadena, los desplazados estaban viviendo en tiendas de campaña junto al complejo.
Y hay casos todavía más precarios.
El 26 de octubre, Panorama informó que Claribel Martínez, de treinta años, seguía durmiendo con su esposo y su hijo de once años en una camioneta, en Caraballeda. Habían perdido su apartamento y, según su testimonio, no consiguieron ser admitidos en varios refugios.
La familia sobrevivió al derrumbe. Conseguir dónde vivir resultó ser otra batalla.
El gobierno anunció que antes de finalizar diciembre espera sacar a todas las familias de los campamentos. Ofrece viviendas temporales, alquileres subsidiados, reparaciones y nuevas construcciones. Algunas entregas ya comenzaron.
El problema es que una vivienda temporal no equivale a recuperar el hogar perdido. Ciudad Caribia queda lejos de los lugares de trabajo y de las escuelas de muchas familias, que ahora deben resolver cómo pagar y organizar sus traslados diarios.
Una sobreviviente entrevistada por El Pitazo resumió la incertidumbre: no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar allí.
Al parecer, también la reconstrucción tiene sus plazos políticos. Los damnificados, entretanto, tienen que vivir en alguna parte.
Los muertos y las cuentas pendientes
Queda el conteo de los muertos, que debería ser lo más sencillo. El balance oficial fue de 6.509 fallecidos, difundido el 24 de agosto y todavía sin actualizar el 9 de septiembre, incluso mientras organizaciones como Provea pedían una cifra nueva. Hasta la revisión de las fuentes disponibles para esta columna no aparece un balance definitivo comprobado.
El Servicio Geológico de Estados Unidos, según un análisis publicado por el Times, calculó una mediana estadística de 53.000 fallecidos y una probabilidad aproximada del 81 % de que el total superara los 10.000.
Son proyecciones estadísticas, no un recuento de cuerpos, y ahí radica el problema.
Cualquier administrador de condominio sabe que un balance que no se actualiza desde agosto no es un balance, es un afiche.
Mientras tanto, una comisión gubernamental, presidida por Francisco Garcés, examina cerca de cien edificios afectados mediante estudios de materiales y mediciones, según informó CNN. No se conoce públicamente un informe técnico integral que establezca las causas de los colapsos y las eventuales responsabilidades.
La OPPPE fue suspendida en febrero, meses antes de los terremotos, por decisión de Delcy Rodríguez. La suspensión de una oficina no sustituye la revisión de los proyectos que ejecutó.
Los planos, los estudios de suelo, los contratos y las actas de inspección deberían ayudar a aclarar qué ocurrió, quiénes autorizaron las obras y qué controles se aplicaron.
De toda esa documentación pendiente, lo que tenemos a la vista es una fotografía de marzo de 2012. Tiene fecha, tiene lugar y muestra unos cimientos que hoy merecen muchas explicaciones.
Las torres de Caraballeda cayeron. Los responsables de diseñarlas, construirlas y supervisarlas tienen nombre y apellido, aunque todavía no sepamos a cuáles de ellos corresponde atribuir una responsabilidad por la tragedia.
Y quienes sobrevivieron siguen esperando una vivienda donde empezar de nuevo.
