Alfredo Alvarez
Venezuela ha decidido entrar simultáneamente al siglo XXI y al siglo XIX. Mientras se anuncian reformas para atraer inversiones, abrir espacio al capital privado, reactivar la industria petrolera y modernizar sectores estratégicos, las cárceles reportan muertes por tuberculosis, los jubilados persiguen fondos evaporados y los empleados públicos descubren que hasta el aguinaldo puede administrarse bajo la lógica de una aplicación de financiamiento por cuotas. Es difícil encontrar una metáfora más exacta del país: se negocia el futuro mientras se sobrevive en el pasado.
El dato central ya no es exclusivamente político. La agenda comienza a desplazarse hacia la reorganización económica, la administración de recursos y la renta petrolera. Es una evolución comprensible. Después de años discutiendo quién controla el poder, surge inevitablemente una pregunta más incómoda: quién responde por los resultados. Porque las inversiones prometidas producen titulares; la electricidad estable, en cambio, produce bienestar. Y entre una cosa y otra existe una distancia que la experiencia venezolana aconseja medir con prudencia.
La apertura del sector eléctrico constituye una admisión elegante de un fracaso monumental. Durante años se aseguró que el Estado poseía todas las respuestas; ahora se concluye que quizás convenga llamar a alguien que sepa hacer funcionar los transformadores. La participación privada puede ser una oportunidad real, pero ningún venezolano encenderá una bombilla gracias a una gaceta oficial. La credibilidad de la reforma dependerá menos de los anuncios que de la capacidad de mantener encendida la luz durante una semana completa sin sobresaltos.
En el petróleo reaparece la vieja religión nacional. El memorando con ExxonMobil y las interrogantes sobre los 12.260 millones de dólares administrados por Estados Unidos devuelven la renta petrolera al centro del escenario. Nada nuevo bajo el sol. Venezuela sigue comportándose como un país convencido de que el petróleo resolverá todos sus problemas, mientras los venezolanos observan cómo el petróleo nunca termina de resolver ninguno. Lo verdaderamente novedoso no es la expectativa de nuevos ingresos, sino la creciente exigencia de saber dónde están, quién los administra y qué hacen con ellos.
La economía también ofrece episodios de un sarcasmo involuntario difícil de superar. El mercado cambiario ha absorbido más de 14.000 millones de dólares, pero al empleado público se le ofrece un aguinaldo de 150 dólares distribuido en tres cuotas. La medida posee cierto valor pedagógico: enseña que la prosperidad puede anunciarse de contado y cobrarse a plazos. La Navidad venezolana, al parecer, también entró en modalidad Cashea.
En paralelo, los jubilados petroleros reclaman 720 millones de dólares correspondientes a prestaciones y fondos de seguridad social que parecen haberse disuelto en alguna dimensión administrativa desconocida. Es uno de esos misterios nacionales capaces de competir con la desaparición de los reales del Imperio Romano. El petróleo genera fortunas colosales; localizar el dinero de quienes dedicaron su vida a producirlo resulta aparentemente mucho más complejo.
La conflictividad laboral tampoco abandona el escenario. Trabajadores sanitarios, pensionados y empleados públicos continúan reclamando ingresos compatibles con la supervivencia básica. Constituye una paradoja particularmente venezolana: se habla de inversiones multimillonarias mientras amplios sectores sociales siguen negociando el derecho a llegar al final del mes. El crecimiento económico es una excelente noticia, siempre que eventualmente alcance a la economía de los ciudadanos.
Y luego están las cárceles. Allí la modernización se detiene abruptamente. Las denuncias de torturas, las huelgas de hambre y las muertes por tuberculosis proyectan una imagen que remite más a los relatos de la Venezuela gomecista que a un país que pretende exhibirse como destino de inversiones internacionales. Hay algo profundamente revelador en que una nación discuta inteligencia artificial, apertura petrolera y nuevos esquemas financieros mientras algunos de sus reclusos mueren por enfermedades asociadas a otra época. La modernidad, al parecer, avanza por carriles muy desiguales.
El cuarto ciclo de conversaciones entre gobierno y oposición previsto para el 13 de noviembre intentará ofrecer respuestas sobre la capacidad de negociación de ambos actores. Sin embargo, la sociedad parece interesada en una cuestión más concreta: si el diálogo producirá acuerdos verificables o simplemente una nueva colección de fotografías protocolarias. Venezuela acumula suficientes imágenes históricas; escasean los resultados históricos.
La verdadera disputa nacional ya no consiste únicamente en quién administra el poder. Consiste en quién logra demostrar que puede transformar anuncios en realidades, promesas en servicios y reformas en bienestar. Porque después de años de crisis, los venezolanos parecen haber desarrollado una saludable desconfianza hacia los discursos grandilocuentes. Saben que un memorando no sustituye un salario, que una inversión anunciada no reemplaza una bombilla encendida y que ninguna transición merece realmente ese nombre mientras el ciudadano común continúe esperando, en cola y por cuotas, los beneficios de una prosperidad que siempre está por llegar.
Alfredo Álvarez / CNP 5289
