SERIE ESPECIAL | EL NUEVO VENEZOLANO

El viernes 19 de julio de 2019, Juan Carlos Márquez Cabrera declaró ante la Audiencia Nacional española sobre los negocios de PDVSA con la familia del exembajador Raúl Morodo. Salió en libertad con medidas cautelares y dispuesto, según fuentes de la investigación, a seguir colaborando. Esa misma tarde, una comunicación de Interpol Washington lo situó en un avión rumbo a Chicago. La justicia española creyó que había escapado y preparó una nueva comparecencia para el lunes.
El avión llegó a Estados Unidos. Márquez nunca estuvo a bordo.
El domingo apareció muerto en unas oficinas de San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid.
Cuatro días de julio
Márquez había llegado a Barajas el jueves 18, procedente de Estados Unidos. La Policía lo detuvo por una orden de búsqueda relacionada con el caso Morodo y al día siguiente compareció ante el juez Santiago Pedraz.
Era el antiguo secretario general de Entes Corporativos de PDVSA, uno de los funcionarios que había firmado contratos de la petrolera estatal venezolana con sociedades vinculadas a Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, embajador español en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según Europa Press, que posteriormente tuvo acceso a su declaración, Márquez ofreció plena colaboración con la justicia. Quedó en libertad con cargos, retirada de pasaporte y obligación de comparecer semanalmente.
La investigación examinaba contratos millonarios por presuntas asesorías y una posible estructura de corrupción y blanqueo de capitales vinculada a los negocios de PDVSA en España.
Un pasajero que nunca embarcó
La tarde del viernes, Interpol Washington comunicó a la policía española que Márquez viajaba en un vuelo de Iberia hacia Chicago. La alerta indicaba que sería devuelto a España.
El problema era que el investigado tenía prohibido abandonar el país.
El País publicó inicialmente que había escapado. La noticia llegó más lejos: se informó de que había sido localizado al aterrizar y que regresaría escoltado.
La información era falsa.
Márquez tenía una reserva en el vuelo, pero nunca había embarcado. Interpol Washington confundió su presencia en la lista de pasajeros con su presencia física en el avión.
El País rectificó posteriormente. Para entonces, la alerta ya había tenido consecuencias judiciales.
Según la reconstrucción publicada por ese periódico el 28 de julio, la Fiscalía solicitó al juez José de la Mata, sustituto de Pedraz, una nueva comparecencia para el lunes 22. Pretendía pedir el ingreso en prisión de Márquez por una fuga que nunca ocurrió.
Es difícil encontrar una situación más absurda: la justicia preparaba una medida de prisión contra un hombre al que creía de regreso de Chicago, mientras él permanecía en Madrid.
Rafael Ramírez y los contratos
La declaración de Márquez tenía interés porque conocía desde dentro el procedimiento de contratación de PDVSA.
Según el sumario citado por Europa Press, el exdirectivo señaló que Rafael Ramírez, entonces presidente de la petrolera y ministro de Petróleo, mantenía contactos directos con Raúl Morodo.
En su interrogatorio, Márquez atribuyó a instrucciones de Ramírez las reuniones y contrataciones relacionadas con Alejo Morodo, quien, según su versión, prestaría asesoramiento sobre asuntos de España y Portugal.
Era la declaración de un investigado. No una resolución judicial que estableciera responsabilidades penales de Ramírez.
Márquez también negó haber recibido comisiones, según El País, y sostuvo que había firmado los contratos por delegación de otros responsables de PDVSA.
La Fiscalía Anticorrupción investigaba precisamente si aquellas contrataciones respondían a servicios reales o servían para canalizar pagos mediante sociedades vinculadas a los Morodo.
Márquez había participado en la formalización de esos documentos. Su testimonio podía ayudar a reconstruir quién los autorizó y cómo se tramitaron los pagos.
El domingo
El sábado 20, mientras las autoridades españolas manejaban la versión de su supuesta fuga, Márquez estuvo trabajando con uno de sus socios en unas oficinas de San Sebastián de los Reyes, según la investigación reconstruida por El País.
Al día siguiente, el socio intentó localizarlo sin éxito y avisó a la Policía.
El cuerpo fue encontrado el domingo 21 de julio en el inmueble de oficinas.
La autopsia preliminar apuntó a un suicidio, según informó Vozpópuli, citando fuentes jurídicas.
En enero de 2020, el mismo periódico publicó que dos médicos forenses habían descartado la intervención de otras personas. La investigación judicial sobre el fallecimiento no había encontrado indicios de homicidio en los informes conocidos hasta entonces.
No existe en la documentación examinada una conclusión judicial que permita afirmar que Márquez fue asesinado.
Su muerte ocurrió, sin embargo, cuando apenas había comenzado a colaborar con los investigadores de uno de los expedientes de corrupción relacionados con PDVSA.
La comparecencia prevista para el lunes fue suspendida.
Los millones de Morodo
El expediente continuó sin Márquez.
La investigación había examinado contratos por aproximadamente 4,5 millones de euros vinculados a sociedades relacionadas con Alejo Morodo. La instrucción fiscal abarcó operaciones más amplias.
Según RTVE, la Fiscalía calculó que los servicios de asesoría relacionados con PDVSA reportaron más de 6,6 millones de euros a empresas vinculadas al hijo del exembajador.
La cuestión no era únicamente cuánto había pagado la petrolera. También se investigaba cómo se declararon esos ingresos, qué sociedades los recibieron y si los servicios facturados tenían una prestación efectiva acreditada.
El 3 de diciembre de 2024, cinco años después de la muerte de Márquez, la Audiencia Nacional condenó a Raúl Morodo a diez meses de prisión y a su hijo Alejo a dos años por delitos contra la Hacienda Pública.
Ambos habían alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y reconocido los hechos por los que fueron condenados.
La sentencia estableció que Alejo Morodo había utilizado sociedades interpuestas para reducir indebidamente su tributación personal. También determinó que parte de los ingresos terminaron en el patrimonio del exembajador sin la correspondiente declaración fiscal.
La Audiencia Nacional castigó delitos tributarios. No juzgó la muerte de Márquez ni estableció una conspiración relacionada con ella.
Lo que quedó sin declarar
El caso Morodo terminó con condenas, pero la muerte del exdirectivo de PDVSA interrumpió una colaboración judicial que apenas comenzaba.
No sabemos qué nuevos datos habría aportado Márquez, qué documentos habría entregado ni si su testimonio hubiera modificado el alcance del procedimiento.
Lo que sí sabemos es que su firma figuraba en contratos investigados, que había declarado sobre instrucciones recibidas de responsables de PDVSA y que se mostró dispuesto a seguir colaborando.
También sabemos que una comunicación equivocada de Interpol Washington provocó que las autoridades españolas prepararan una comparecencia por una fuga inexistente.
El jueves llegó a Madrid. El viernes declaró. El sábado la justicia lo creía fugitivo. El domingo apareció muerto.
El lunes lo esperaba un juez.
Los forenses atribuyeron la muerte a un suicidio y descartaron la participación de terceros. El expediente Morodo terminó años después con condenas fiscales.
Entre ambas conclusiones permanece una pregunta que los documentos conocidos no permiten responder: qué más habría contado Juan Carlos Márquez Cabrera si hubiera podido continuar declarando.
Próxima entrega: Plus Ultra, los 53 millones del rescate y las investigaciones sobre las relaciones económicas y políticas entre España y Venezuela.
«El rastro de la muerte en los expedientes chavistas» es una serie de El Nuevo Venezolano sobre fallecimientos de personas vinculadas a procedimientos judiciales relacionados con el poder venezolano.


