Una orden judicial de hace 10 años dictamina que los hijos de inmigrantes indocumentados no tienen derecho a la ciudadanía en la República Dominicana.
Reportando desde Santo Domingo y Sabana Grande de Boyá, en la República Dominicana.
Todos los días, antes de salir de su casa, Castillo Javier Police se aseguraba de que llevaba lo necesario. Gorra. Billetera. Acta de nacimiento. Pero esto último no evitó que lo detuviera y, después, lo deportaran.
Una noche de este verano, cuando recogía alimentos, las autoridades dominicanas de inmigración lo detuvieron. Sacó el documento que mostraba que nació en la República Dominicana. Aun así, los funcionarios lo enviaron en autobús a un centro de detención.
Días después, Police, de 21 años, fue expulsado a Haití, un país en el que nunca había estado y que está tan sumido en la violencia de las pandillas que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el lunes una misión de seguridad dirigida por Kenia para ayudar a sofocar los disturbios.
“No conozco a nadie”, dijo Police, refiriéndose a Haití. “Estaba pensando: ¿cómo voy a hacer para llegar para República Dominicana? ¿Cómo se sentirían mi madre, mi padre y mi hermano?”.
Police es uno de aproximadamente 130.000 descendientes de migrantes haitianos que viven sin ciudadanía en la República Dominicana a pesar de haber nacido en el país, según grupos de derechos humanos. Muchas personas con actas de nacimiento básicamente son consideradas apátridas debido a un fallo judicial de hace 10 años que determinó que los hijos de migrantes indocumentados no tienen derecho a la nacionalidad.
La decisión ha dejado a muchos de esos niños al margen de la atención a la salud asequible, las oportunidades profesionales, la educación superior o incluso los certificados de secundaria.
Ahora, los grupos de derechos humanos e incluso los dominicanos advierten que son susceptibles de ser expulsados, una estrategia de deportación que se ha agudizado y cuyo objetivo, según el gobierno, son las personas que se encuentran de manera ilegal en el país.
Las medidas suceden cuando el gobierno dominicano intenta enfrentar el aumento de haitianos que cruzan la frontera entre ambos países tras el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, suceso que desató una ola de violencia incesante de pandillas en la capital.
En 2022, la cantidad de deportaciones se incrementó de manera dramática, y 113.490 personas fueron enviadas a Haití. La cifra ya está en camino de duplicarse este año, según datos de migración del gobierno dominicano.
Pero las personas nacidas en suelo dominicano también son cada vez más objeto de deportaciones. En el último año, al menos 800 personas han recibido asistencia para volver a la República Dominicana luego de ser expulsados, según los grupos de derechos humanos que los atendieron.
“Viven con miedo”, dijo María Bizenny Martínez, coordinadora del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, un grupo de defensa en la República Dominicana. “Miedo a que van a ser expulsados. Miedo a que van a quedar del otro lado de la frontera sin familia, porque ha pasado”.
La expulsión de los dominicanos apátridas representa una transgresión a la Constitución, dijo Martínez; la ONU ha advertido que las expulsiones también podrían violar el derecho internacional.
Si bien es cierto que solo 30 países en el mundo ofrecen nacionalidad irrestricta por derecho natural, casi todos los países de Norte y Sudamérica han adoptado la política.
En República Dominicana, sin embargo, una enmienda constitucional de 2010 y la sentencia judicial de 2013 no solo excluyeron de la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en el país, sino que también ordenaron a las autoridades que auditaran los registros de nacimiento y retiraran la ciudadanía a quienes ya no reunían los requisitos, lo que dejó a miles de personas en un limbo legal.
En 2014, ante la presión de la comunidad internacional, el gobierno presentó un programa para que algunos de los apátridas pudieran recuperar la nacionalidad en caso de que sus padres los hubieran registrado previamente o si presentaban una nueva solicitud de naturalización.
Pero miles de personas se enfrentaron a plazos ajustados y retrasos burocráticos. Muchos no pudieron registrarse e incluso los que lo hicieron siguen esperando sus documentos de identidad.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que se postula para reelegirse el próximo año, dijo que sus políticas de inmigración son necesarias para proteger la seguridad nacional del país luego de que el asesinato de Moïse desató una agitación generalizada.
Abinader está construyendo barreras en la frontera con Haití. El mes pasado cerró toda la frontera por lo que, según su gobierno, era la construcción no autorizada de un canal en un río que fluye entre los dos países.
Las expulsiones forman parte de una campaña más amplia emprendida por la República Dominicana contra las personas de ascendencia haitiana calificada como xenofóbica y discriminatoria por organizaciones de derechos humanos e incluso el gobierno estadounidense.
El mes pasado, la ONU condenó la detención y deportación de mujeres haitianas embarazadas que acudían a revisiones médicas en la República Dominicana. El año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los estadounidenses que visitan la República Dominicana podían ser “retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio” debido al “color de su piel” y advirtió que autoridades dominicanas estaban deportando “arbitrariamente” a sus propios ciudadanos “basándose principalmente en la percepción de que podrían ser migrantes haitianos indocumentados”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la semana pasada que la falta de ciudadanía “ha tenido como resultado el abandono de la escolaridad de niños, quienes ingresan al entorno laboral a una edad muy temprana, mientras que las niñas se ven en riesgo de ser sometidas a relaciones abusivas o a la trata de personas”.
En respuesta, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, emitió un comunicado en el que decía que el gobierno está “comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana”.
Álvarez declinó una solicitud de entrevista. Una vocera del gobierno no respondió a una petición de comentarios.
El gobierno de Abinader ha rechazado las afirmaciones de que su gobierno viola los derechos humanos, alegando que tales acusaciones carecen de pruebas, y señalando que la gestión de Joe Biden también ha sido acusada de trato xenófobo a los inmigrantes haitianos.
El presidente también ha dicho que la presión debería recaer en la comunidad internacional que acude en ayuda de Haití, en lugar de limitarse a criticar a la nación a sus puertas.
“No hay solución dominicana al problema haitiano”, dijo el mes pasado Abinader. “A nosotros no se nos puede pedir más de lo que hacemos”.
Los dominicanos dicen, no obstante, que al estar sin nacionalidad constantemente deben vivir en guardia, llevar siempre documentos y estar siempre preparados para la posibilidad de ser detenidos en retenes de seguridad, incluso en las calles de sus ciudades.
La preocupación de la población apátrida se ve agravada por la historia, a veces cooperativa, pero a menudo tensa e incluso violenta, entre los dos países vecinos de la isla La Española.
Haití es el tercer socio comercial de la República Dominicana y más del 25 por ciento de las importaciones oficiales de Haití proceden de este país, según el Fondo Monetario Internacional. La República Dominicana también depende de la mano de obra haitiana para sus industrias agrícola y de la construcción.
Para personas como Liliana Nuel, aspirante a enfermera que vive en Sabana Grande de Boyá, la política significa que incluso ir caminando al trabajo puede ser un desafío. Este año, cuando tenía cuatro meses de embarazo, dijo, un oficial de migración la detuvo cuando se dirigía a sus prácticas al hospital.
“Me pararon por racismo, por mi color de piel”, dijo Nuel, de 29 años, y añadió que los oficiales claramente pensaron que ella era migrante a pesar de haber nacido en la República Dominicana de padres haitianos. “Me siento con miedo en mi propio país, no me siento segura de tanto atropello”.
Las autoridades solo dejaron ir a Nuel cuando les enseñó el uniforme de enfermera que llevaba en el bolso.
Police no tuvo tanta suerte.
Tras su detención a finales de julio, lo dejaron en Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuyo 80 por ciento se cree que está controlado por pandillas. Con la ayuda de activistas que se enteraron de su caso, reservó una habitación de hotel y pasó dos semanas ahí dentro, saliendo solo para comer.
Al final se puso en contacto con la ONU, que lo ayudó a cruzar la frontera tras dos semanas en Haití. Antes de irse, dijo que un funcionario de la ONU envió su fotografía a los funcionarios de inmigración dominicanos para informarles que había nacido en la República Dominicana, tenía certificado de nacimiento y era una de las 750 personas que, según un expresidente, serían naturalizadas, aunque aún no había ocurrido.
Sin embargo, cuando logró cruzar la frontera, fue detenido rápidamente y devuelto a Haití.
En un segundo intento, la ONU volvió a ayudarlo a regresar a casa.
Police dice que, luego de una década sin nacionalidad, el país que considera su hogar debería tener un plan para brindarle estabilidad a la gente como él.
“Están deportando gente que tienen documentos, aunque digan extranjero, son nacidos y criados aquí”, dijo Police. “Que, en verdad, a esa gente pudieran darle sus documentos dominicanos”.
Emiliano Rodríguez Mega colaboró con investigación desde Ciudad de México.
