sábado, octubre 12, 2024
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El régi­men cha­vista se finan­ció con el trá­fico de la cocaína colom­biana

▶Uno de los impu­ta­dos por la Fis­ca­lía de EE.UU. admite haber pro­te­gido y dado armas a la gue­rri­lla de las FARC

▶La causa con­tra el gene­ral Clí­ver Alcalá apunta al ‘Pollo’ Car­va­jal como faci­li­ta­dor de la trama de nar­co­trá­fico

Al menos desde 2006, el régi­men cha­vista alcanzó un pacto con la gue­rri­lla colom­biana de las FARC para per­mi­tirle a esta hacer envíos de cocaína a tra­vés del terri­to­rio vene­zo­lano, rumbo al norte del con­ti­nente ame­ri­cano. A cam­bio de total impu­ni­dad para ope­rar den­tro de Vene­zuela, la gue­rri­lla colom­biana pagó al gene­ral mando de las fuer­zas arma­das cha­vis­tas millo­nes de dóla­res, que este afirma eran en rea­li­dad para el régi­men. El régi­men cha­vista se coor­di­naba para estos envíos con des­ta­ca­dos nar­co­tra­fi­can­tes vene­zo­la­nos.

Al menos desde 2006, el régi­men cha­vista alcanzó un pacto con la gue­rri­lla colom­biana de las FARC para per­mi­tirle a esta hacer envíos de cocaína a tra­vés del terri­to­rio vene­zo­lano, rumbo al norte del con­ti­nente ame­ri­cano. A cam­bio de total impu­ni­dad para ope­rar den­tro de Vene­zuela, la gue­rri­lla colom­biana pagó al gene­ral mando de las fuer­zas arma­das cha­vis­tas millo­nes de dóla­res, que este afirma eran en rea­li­dad para el régi­men. El régi­men cha­vista se coor­di­naba para estos envíos con des­ta­ca­dos nar­co­tra­fi­can­tes vene­zo­la­nos.

Al menos desde 2006, el régi­men cha­vista alcanzó un pacto con la gue­rri­lla colom­biana de las FARC para per­mi­tirle a esta hacer envíos de cocaína a tra­vés del terri­to­rio vene­zo­lano, rumbo al norte del con­ti­nente ame­ri­cano. A cam­bio de total impu­ni­dad para ope­rar den­tro de Vene­zuela, la gue­rri­lla colom­biana pagó al gene­ral mando de las fuer­zas arma­das cha­vis­tas millo­nes de dóla­res, que este afirma eran en rea­li­dad para el régi­men. El régi­men cha­vista se coor­di­naba para estos envíos con des­ta­ca­dos nar­co­tra­fi­can­tes vene­zo­la­nos.

Estos hechos han sido reve­la­dos en una corte de Jus­ti­cia de Nueva York durante una vista con el juez man­te­nida este 18 de enero de 2024 entre la Fis­ca­lía y la defensa de Clí­ver Alcalá, quien fue gene­ral en el Ejér­cito vene­zo­lano y se entregó a la Jus­ti­cia nor­tea­me­ri­cana en 2020 des­pués de que esta ofre­ciera 10 millo­nes de dóla­res por pis­tas sobre su para­dero.

Lo rele­vante es que no son solo acu­sa­cio­nes de EE.UU., sino la admi­sión de uno de los impli­ca­dos en esa red de nar­co­trá­fico esta­tal. La impu­ta­ción en EE.UU. de Maduro y otros jerar­cas del régi­men cha­vista apun­taba al nar­co­trá­fico y terro­rismo, pero ahora un impli­cado cen­tral se inculpa y da deta­lles de cómo ope­raba desde el poder el cár­tel vene­zo­lano.

El papel del ‘Pollo’

Mediante el tes­ti­mo­nio de Alcalá, la Fis­ca­lía de EE.UU. ha detec­tado una enorme red de con­tra­bando de cocaína que las FARC saca­ban de Colom­bia y tran­si­taba por Vene­zuela por tie­rra y aire. En el diseño y super­vi­sión de ese plan, según ha ale­gado el Minis­te­rio Público nor­tea­me­ri­cano, estaba el gene­ral vene­zo­lano reti­rado Hugo Car­va­jal,

Alcalá ha decla­rado que sólo seguía órde­nes de sus supe­rio­res en el régi­men de Hugo Chá­vez, incluido Nico­lás Maduro, el hoy dic­ta­dor de Vene­zuela. La Fis­ca­lía pide para Alcalá 30 años, cuando la pena máxima es la per­pe­tua. Tiene 61 años. El Minis­te­rio Público afirma que al menos en una oca­sión en 2007 Alcalá y Car­va­jal se reu­nie­ron con las FARC para coor­di­nar los envíos de droga.

Según el escrito de la Fis­ca­lía pre­sen­tado para reco­men­dar la sen­ten­cia de Alcalá, este, en cali­dad de alto mando mili­tar de Vene­zuela «pro­te­gió a miem­bros y aso­cia­dos de las FARC… sumi­nis­tró armas de grado mili­tar a algu­nos de los coman­dan­tes más impor­tan­tes de las FARC… [y] se ase­guró de que el Ejér­cito vene­zo­lano no inter­cep­tara car­ga­men­tos de cocaína pro­ve­nien­tes de las FARC en pun­tos de con­trol vehi­cu­lar y en un impor­tante aero­puerto vene­zo­lano». Ese aero­puerto es el de la ciu­dad vene­zo­lana de Valen­cia.

El cár­tel de los Soles

A pesar de que el Gobierno de Joe Biden está nego­ciando con Maduro como repre­sen­tante legí­timo de Vene­zuela, el escrito de la Fis­ca­lía acusa al dic­ta­dor

La Fis­ca­lía que tra­baja en el único jui­cio en cier­nes de la causa con­tra el nar­co­te­rro­rismo de estado en Vene­zuela no tiene prisa por ace­le­rar el pro­ceso. Se trata del pro­ceso a Hugo Car­va­jal, alias ‘El Pollo’, extra­di­tado desde España en 2023. El juez Alvin Hellers­tein de Nueva York ha lamen­tado en no pocas oca­sio­nes la tar­danza del Minis­te­rio Fis­cal en res­pon­der a de ser el capo del lla­mado cár­tel de los Soles, que con­tro­laba esas rutas de cocaína. La cúpula cha­vista tra­bajó en estre­cha cola­bo­ra­ción con líde­res de las FARC para este pro­pó­sito. Man­tiene el Minis­te­rio Público que ade­más de tra­fi­car droga con fines lucra­ti­vos, Hugo Chá­vez y sus socios bus­ca­ban inun­dar EE.UU. de cocaína para pro­vo­car una cri­sis de salud pública.

Las FARC, siglas de Fuer­zas Arma­das Revo­lu­cio­na­rias de Colom­bia, eran un grupo terro­rista desig­nado como tal por el Depar­ta­mento de Estado desde 1997. En 2021 la Admi­nis­tra­ción Biden las retiró de esa lista de gru­pos terro­ris­tas ale­gando como razón el acuerdo de paz fir­mado en 2016 por la gue­rri­lla con el Gobierno de Colom­bia.

Armas para la gue­rri­lla

El dete­nido, ex mayor gene­ral Alcalá, ha admi­tido ante el juez, Alvin K. Hellers­tein, que ade­más dio a un alto mando de las FARC, Rodrigo Lon­doño Eche­ve­rri, alias ‘Timo­chenko’, arma­mento tiempo y ofre­cer garan­tías para el jui­cio rápido que manda la ley. En una vista el 18 de enero, la defensa de Car­va­jal pidió infor­ma­ción cla­si­fi­cada, reca­bada por la Agen­cia Anti­droga (DEA, por sus siglas en inglés) que cree cru­cial para su estra­te­gia. La Fis­ca­lía se niega, dice que hay otros casos que se verían afec­ta­dos si esos deta­lles deli­ca­dos se aca­ban fil­trando. de alta poten­cia, inclui­dos dos lan­za­gra­na­das y 20 gra­na­das. Fue esta entrega de arma­mento, afirma la fis­ca­lía, resul­tado de una inter­me­dia­ción de ‘El Pollo’ Car­va­jal.

Durante 2007 y 2008, el acu­sado faci­litó envíos de cocaína para un nar­co­tra­fi­cante vene­zo­lano aliado con las FARC, por medio del aero­puerto de la ciu­dad vene­zo­lana de Valen­cia. El tra­fi­cante pagaba a Alcalá 150.000 dóla­res por avión para evi­tar la inter­cep­ta­ción de car­ga­men­tos de droga. Tras una dis­puta en 2008, esos tra­tos cesa­ron.

Dis­pu­tas sobre la sen­ten­cia

Alcalá faci­litó tam­bién el trans­porte de cocaína a tra­vés de rutas terres­tres por Vene­zuela. Por ejem­plo, en 2008, ayudó a un tra­fi­cante a evi­tar la inter­cep­ta­ción de apro­xi­ma­da­mente una tone­lada de cocaína en un puesto de con­trol de la Guar­dia Nacio­nal. La Fis­ca­lía alega que las fuer­zas arma­das vene­zo­la­nas esta­ban al tanto de estos pagos de nar­co­tra­fi­can­tes, y se bene­fi­ció de ellos.

En prin­ci­pio, la sen­ten­cia de Alcalá iba a ser dic­tada el pasado 18 de enero, pero la defensa ha pedido revi­sar algu­nas par­tes del escrito de incul­pa­ción por­que defiende que el ex gene­ral cum­plía órde­nes. Dice que se coor­dinó con las FARC, pero no era parte diri­gente del cár­tel. El abo­gado de Alcalá, César de Cas­tro, negó en la vista con el juez que el ex gene­ral se haya decla­rado cul­pa­ble de for­mar parte del cár­tel. «El cár­tel es el Gobierno de Vene­zuela tra­ba­jando con las FARC por sepa­rado pero jun­tos, enti­da­des sepa­ra­das y él niega ser [parte del cár­tel]», dijo De Cas­tro.

Al sope­sar la sen­ten­cia, el juez Hellers­tein leyó de la decla­ra­ción jurada de Alcalá, en parte bajo secreto de suma­rio, en la que el reo acep­taba esos hechos y reci­bir órde­nes desde la cúpula cha­vista para man­te­ner el lucro por el trá­fico de cocaína colom­biana. Por ejem­plo:

—¿Usted, como gene­ral, impi­dió que miem­bros de las FARC y sus socios fue­ran arres­ta­dos por las auto­ri­da­des vene­zo­la­nas?

—Sí, seño­ría.

—¿O por el Ejér­cito?

—Yo coman­daba el Ejér­cito. —Enton­ces usted, como coman­dante, ¿impi­dió que miem­bros de las FARC y sus socios fue­ran arres­ta­dos?

—Así es, seño­ría.

Vene­zuela

Colom­bia —¿Es así, Sr. Alcalá? ¿Usted, como gene­ral, ordenó que el Ejér­cito no per­si­guiera a miem­bros de las FARC o sus aso­cia­dos?

—Para evi­tar su con­tacto con las FARC, seño­ría.

—¿Y usted, cuando era gene­ral, brindó pro­tec­ción, incluida liber­tad de movi­miento y liber­tad de inter­fe­ren­cia, para miem­bros de las FARC y sus aso­cia­dos?

—Sí, seño­ría.

—¿A pesar de que sabía que tra­fi­ca­ban con cocaína?

—Sí, seño­ría.

—Y ade­más, ¿pro­por­cionó armas a las FARC?

—Sí, seño­ría.

En esta causa, hay seis impu­ta­dos. Los úni­cos en pri­sión a espera de vere­dicto o sen­ten­cia son ‘El Pollo’ Car­va­jal y Alcalá, ambos disi­den­tes y decla­ra­dos deser­to­res. Dos de ellos, los gue­rri­lle­ros colom­bia­nos Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Már­quez’, y Seu­xis Pau­cis Her­nán­dez Solarte, alias ‘Jesús San­trich’, han muerto ya.

Que­dan dos impu­ta­dos, ambos en el poder en Vene­zuela y con quie­nes la Casa Blanca ha nego­ciado direc­ta­mente desde la lle­gada de Biden al poder: Maduro y Dios­dado Cabe­llo, hoy dipu­tado y antes pre­si­dente de la Asam­blea Nacio­nal Cons­ti­tu­yente. Se le ha con­si­de­rado el ‘número dos’ del régi­men. En prin­ci­pio, el Depar­ta­mento de Jus­ti­cia de EE.UU. ofrece 15 y 10 millo­nes por pis­tas sobre su para­dero, res­pec­ti­va­mente.

En el curso de las nego­cia­cio­nes direc­tas con Maduro –un ase­sor cer­cano a Biden, Juan Gon­zá­lez, se llegó a reu­nir con el dic­ta­dor en Cara­cas–, la Casa Blanca llegó a libe­rar al tes­ta­fe­rro cha­vista, Alex Saab, que aun estaba siendo juz­gado, y a los lla­ma­dos ‘nar­co­so­bri­nos’, Efraín Anto­nio Campo Flo­res y Fran­cisco Flo­res de Frei­tas, sobri­nos de la pri­mera dama de Vene­zuela y con­de­na­dos en 2017 a 18 años de pri­sión por tra­fi­car 800 kilos de cocaína a EE.UU.

Los repu­bli­ca­nos en el Senado, coman­da­dos por Marco Rubio, han expre­sado su con­dena por estos can­jes, ale­gando que la Casa Blanca entrega a delin­cuen­tes o acu­sa­dos de deli­tos gra­ves por pre­sos polí­ti­cos o repre­sa­lia­dos por el régi­men. El sena­dor Rubio ha pedido por carta al pre­si­dente Biden que al menos haga públi­cos los deta­lles de la causa con­tra Saab, el tes­ta­fe­rro de Maduro, para cono­cer el alcance de sus deli­tos.

De los casos que están siendo juz­ga­dos en Nueva York, Alcalá ya se ha decla­rado cul­pa­ble y espera sen­ten­cia, y ‘El Pollo’ Car­va­jal aguarda ini­cio de jui­cio, que el juez quiere que sea antes de junio, a pesar de las demo­ras del Minis­te­rio Fis­cal.

His­to­rial vio­lento

El papel de las FARC es impor­tante para la Fis­ca­lía, que le ha apor­tado al juez Hellers­tein una rela­ción de los prin­ci­pa­les aten­ta­dos terro­ris­tas de la extinta gue­rri­lla. La tra­yec­to­ria de vio­len­cia de las FARC se extiende a lo largo de déca­das y abarca diver­sos obje­ti­vos, desde ins­ti­tu­cio­nes guber­na­men­ta­les hasta civi­les y nacio­na­les extran­je­ros. Entre los inci­den­tes nota­bles se encuen­tra el ata­que de 1996 a la base mili­tar Las Deli­cias, la bomba de 2002 durante la inau­gu­ra­ción del pre­si­dente Álvaro Uribe y el bom­bar­deo de 2015 al oleo­ducto Tan­san­dio. Sus víc­ti­mas se cuen­tan por dece­nas de miles.

El papel de Maduro en esta trama es cru­cial, pues EE.UU. está nego­ciando direc­ta­mente con él, aun­que ese diá­logo ha que­dado estan­cado por la repre­sión de los opo­si­to­res que aspi­ran a entrar en elec­cio­nes. La Fis­ca­lía acusa al dic­ta­dor de par­ti­ci­par en una cons­pi­ra­ción de nar­co­te­rro­rismo, cons­pi­rar para impor­tar cocaína a EE.UU., y uti­li­zar y por­tar ame­tra­lla­do­ras y arma­mento des­truc­tivo para una trama nar­co­te­rro­rista. De ser con­de­nado, cada delito con­lleva una pena mínima de 20 años y máxima de per­pe­tua.

Los gene­ra­les cha­vis­tas hasta die­ron a las FARC gra­na­das y lan­za­gra­na­das que la fis­ca­lía man­tiene que se usa­ron en aten­ta­dos

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