En Venezuela: “Uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario”

El chavismo en el poder ha endurecido su ofensiva judicial camino a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro aspira a quedarse seis años más en el poder aunque la mayor parte de las encuestas le dan poco más de 20% de apoyo frente a los mejores números que presenta la principal opositora, María Corina Machado, que ha sido inhabilitada. En este escenario, en Venezuela cualquiera puede ser sospechoso.

El miedo a ser detenido y mencionado en televisión como parte de una supuesta trama conspirativa es real. Un trámite como cruzar el aeropuerto de Maiquetía puede hacer tragar grueso a periodistas y activistas. Le ha pasado a una reportera de un medio digital venezolano, que constantemente es atacado en los programas del canal estatal VTV, y que este año, por trabajo y formaciones, ha tenido que viajar fuera de Venezuela varias veces. “Por primera vez no he dicho en migración que soy periodista, sino que estoy viajando por asuntos familiares. Entré a Venezuela muy nerviosa, aunque obviamente no estaba haciendo nada malo. Pero siento que acá todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Aquí estamos en un sálvese quien pueda”, relata desde la reserva de su nombre. No está claro quién puede estar en el blanco de una detención arbitraria, pero al ir por un sector de la sociedad civil se ha logrado intimidar al resto. “Mi decisión ha sido autocensurarme. Después veré cuál será costo de eso. No voy a tuitear cosas que tengan que ver con el país. Además, he configurado mis servicios de mensajería para que se borren automáticamente en 24 horas”, cuenta la periodista.

Los últimos días en Venezuela han estado llenos de noticias, materia prima para el periodismo. Pero también se ha vuelto más peligroso informar. Esa es la percepción que tienen varios reporteros. “Siempre preocupa que te mencione alguna autoridad, ya que no sabes cuál puede ser la consecuencia de esa mención”, reconoce ese temor compartido en el gremio una periodista que trabaja para medios internacionales que también cree prudente no dar su nombre. “Ha aumentado la agresividad contra los medios internacionales con una nueva tendencia de señalar que lo que dijeron distintos voceros fue “sacado de contexto”, aun cuando hay grabaciones. Cada vez más se expone a los periodistas y lo hacen altos cargos del Gobierno”.

En el último mes, la ONG Espacio Público documentó un incremento de los ataques a la libertad de expresión contra medios, periodistas y ciudadanos comunes. Solo en marzo el Gobierno ordenó sacar del aire varios programas en televisoras regionales y también la señal del canal alemán DW. Fue cerrada una emisora de radio, bloqueadas dos nuevas páginas web de noticias, se apresó al youtuber Oscar Alejandro Pérez, se llevaron presos a otros dos miembros del partido Vente Venezuela y Maduro embistió en sus discursos contra las agencias de noticias EFE y AFP. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, hizo lo propio contra EL PAÍS y el New York Times. “El candidato del PSUV dijo ayer que Coro estaba mejor que Chicago. ¿Qué piensan ustedes de eso?”, dijo en un video el creador de contenidos Armando Sarmiento, luego de una visita de Nicolás Maduro a esa ciudad en el occidente de Venezuela. Sarmiento fue detenido por eso y acusado de instigación al odio. La presión sigue y alcanza a más personas. La Fiscalía ordenó esta semana una investigación contra el periodista Orlando Avendaño, residenciado fuera de Venezuela, por considerar que publicó unos mensajes en X que también instigaban al odio. Funcionarios de inteligencia terminaron allanando la casa de sus padres en Caracas, denunció Avendaño. Así transcurren los meses mientras Venezuela se prepara para ir a elecciones presidenciales.

Desde agosto del año pasado, cuando empezó la carrera para la primaria de la oposición, las organizaciones defensoras de derechos humanos vienen documentado un aumento preocupante de la política de criminalización de la sociedad civil. El total de ataques en 2023, más de 500 registrados, tuvo un incremento del 32% con respecto a 2022, según los informes del Centro para los Defensores y la Justicia. El Gobierno, por ejemplo, ha señalado a Vente Venezuela como una organización terrorista. Al menos siete miembros del equipo de la candidata a la que se le ha impedido competir fueron encarcelados. Parte de su equipo más cercano está refugiado en la Embajada de Argentina. Se les acusa de participar en supuestos planes para asesinar al mandatario. El resto de su militancia se ha acostumbrado a cuidar sus movimientos o a ser seguidos por funcionarios de inteligencia cuando recorren el país, dice Orlando Moreno, coordinador nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela, que habla por teléfono desde un sitio en resguardo. “Estamos conscientes del riesgo que corremos. Pero todos estamos unidos en oración y avanzando en seguir exigiendo a la comunidad internacional apoyo”.

El enemigo interno

La abogada Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, señala que han identificado patrones de intimidación y amenazas. Amedrentamiento, estigmatización, señalamientos constantes en espacio oficiales y no oficiales, seguimiento, presencia de organismos de seguridad en alrededores de las viviendas de activistas, amenazas en redes sociales, ataques digitales a cuentas de personas e institucionales, judicialización, detenciones arbitrarias con desapariciones forzadas de corta duración son parte el inventario de agresiones de los que los defensores venezolanos llevan registro. Sumado a esto, se sigue avanzando en legislaciones dirigidas a achicar el espacio cívico: la ley contra el odio, aprobada en 2017, y ahora la propuesta de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares están configuradas para disuadir cualquier postura crítica al Gobierno.

“El Gobierno trabaja bajo la lógica del enemigo interno que aplican contra cualquier persona opositora o percibida como opositora, que promueva, defienda o exija derechos”, señala la activista. Las acusaciones bajo delitos como terrorismo y traición a la patria, agrega, soportan esa tesis. “En Venezuela el aparato institucional reprime por acción y omisión y la sociedad civil se ve más reducida. Toda política represiva genera miedo, porque busca la inhibición a través de castigos ejemplarizantes. Cada vez que ocurre un nuevo incidente aumenta el temor, pero también la resiliencia. La sociedad civil venezolana se sigue organizando y creando redes de apoyo y solidaridad para dar respuestas coordinadas a lo que pasa”.

Romero añade que desde hace varios años el Estado venezolano ha venido construyendo el andamiaje de un aparato represivo, con estructuras como el llamado Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3), creado por Maduro en 2015, en los primeros años de su Gobierno. Esta es una instancia de coordinación de las distintas estructuras de organización de la militancia del PSUV, para convertir a vecinos, trabajadores y ciudadanos en vigilantes de sus pares, en una actuación conjunta con fuerzas militares, policiales, civiles armados en funciones de orden público, como han documentado ONG durante los picos de protestas antigubernamentales y también se ha denunciado en los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A estos han seguido acciones de intimidación como la Furia Bolivariana a la que convocó el propio Maduro hace unos meses, denuncia la abogada. “Hay un sistema represivo que se ha ido creando hace años. No hemos visto su cara más violenta todavía, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de ponerla en marcha”. Y eso ha despertado el temor en Venezuela de poder ser el próximo.