COROMOTO DÍAZ
Quito-Ecuador.
Calcular el volumen del tráfico de drogas en el estado Guárico, región llanera ubicada estratégicamente en el centro de Venezuela, representa un gran desafío. La evidencia sugiere que alrededor de dos terceras partes de los ingresos totales de este ilícito negocio se concretan desde la siembra y contrabando ejecutado dentro de municipios fronterizos del estado, uno de los más grandes geográficamente hablando.
El narcotráfico en Venezuela es controlado por carteles conformados por militares y grupos de irregulares de la FARC y el ELN que actúan libremente en el país, y a raíz de la grave crisis económica que azota a la sociedad se han transformado en el primer empleador de mano de obra: «Lo vemos en los estados Táchira, Zulia, Apure, Barinas, Falcón, Aragua, Sucre, y GUÁRICO donde han expropiado o confiscado fincas y haciendas productoras de ganado. Como la mano de obra campesina es manipulable, barata y pagada en dólares, entonces tienen un mercado laboral cautivo para sus operaciones ilícitas». Desde lujosas casas y apartamentos de las grandes Urbes: Caracas-Valencia-Maracaibo-San Cristóbal-Punto Fijo, se Dirigen las operaciones de compra de base de coca, la fabricación de la cocaína en grandes zonas agrícolas y haciendas, el transporte de la droga al exterior y la repatriación de capitales.
Las bandas de narcotraficantes que “poseen armas que han sido declaradas como desaparecidas en los batallones del ejército bolivariano” son sanguinarios y decapitan a los que los delatan o roban materiales, infundiendo el terror en municipios y parroquias rurales; Se contabilizan alrededor de 200 desapariciones en 2018 sólo en el estado Guárico.
Las FARC se mueven con toda libertad en los estados Apure, Zulia y Táchira y los militares se convierten en sus principales aliados. De hecho, adquieren un papel activo al convertirse en agentes directos del narcotráfico. Ya no se trata solo de dejar pasar la droga por las fronteras, sino que también se encargan de la venta.
Estos grupos criminales asociados a elementos militares y paramilitares controlan destacamentos de la guardia nacional en su área de influencia, o en zonas rurales. También tiene poder social. El régimen a través de funcionarios al mando del primer vicepresidente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y del gobernador del Estado José Vásquez Les ha entregado la repartición de bolsas de alimentos CLAP (Comité Local de Administración y Producción) a los campesinos registrados con el carné de la patria.
Hay que realizar un largo viaje desde los maizales y las estepas de Guárico, en el centro de Venezuela, para llegar hasta los laboratorios de cocaína en Colombia. Pero los agricultores, campesinos y los carteles de la droga están vinculados de una curiosa manera, para el detrimento del país.
La urea, un fertilizante rico en nitrógeno que es vital para los cultivos, desde el algodón hasta los tomates, también se emplea para fertilizar las plantas de coca que proporcionan la materia prima para la cocaína. El floreciente mercado negro que desvía el fertilizante de los cultivos legales hacia la coca, ha reducido la producción de la agricultura en los Llanos venezolanos, contribuyendo a que Venezuela dependa cada vez más de los alimentos importados.
Puede que no sea una coincidencia el hecho de que el supuesto capo venezolano de las drogas, Walid Makled, que se encuentra en una cárcel colombiana esperando su posible extradición a Estados Unidos, tuviera un contrato para distribuir urea para la firma petroquímica estatal Pequiven.
Los tres ejes de flujo de drogas, los departamentos colombianos de Meta, Vichada y Arauca, con destino a los estados venezolanos de Apure y Guárico, la cocaína se envía principalmente a través de dos formas: (1) por vía aérea, mediante avionetas monomotores o bimotores que
despegan y aterrizan en pistas clandestinas, en el medio de las sabanas y estepas del llano apureño y guariqueño ; y (2) por vía fluvial, a través de los innumerables ríos que atraviesan las fronteras fluyendo desde Colombia hacia Venezuela y que alimentan las cuencas del Lago de Maracaibo y del Río Orinoco.
Actualmente se estima que aproximadamente entre 400 y 450 toneladas de cocaína cruzan esta frontera anualmente. Dichas cifras son una importante indicación de la eficacia de las rutas aéreas y fluviales transfronterizas en la región, al igual que de su potencial económico.
En el primer eje, los vuelos en su mayoría parten de Guárico y Apure, donde hay muchas pistas clandestinas geográficamente aisladas, muy bien guarnecidas y protegidas por guerrilleros, paramilitares, guardias nacionales y elementos armados, muchos de ellos presos venidos de cárcel 26 DE JULIO ( Centro de Procesados Penales de San Juan de los Morros) o la de Tocorón (Centro Penitenciario de Aragua)que ofrecen buena logística armada y de seguridad.
Las pistas clandestinas de Táchira y Zulia también ofrecen facilidades similares, pero su uso es menos frecuente. Desde estas localidades los aviones, principalmente bimotores, vuelan en horarios vespertinos, básicamente en línea recta hacia el norte hasta alcanzar el paralelo 15º Norte, cuando hacen prácticamente una curva de 90º hacia el oeste y vuelan en su mayoría hacia Honduras. Los pilotos hacen esta ruta más larga y contraintuitiva esencialmente por una razón: evitar la detección por los radares militares de Colombia, que son bastante eficaces. Una vez que los aviones alcanzan Honduras hay innumerables pistas clandestinas y redes de narcotraficantes que reciben la droga y la acondicionan para su posterior envío a México y luego a EEUU. Cada avión es capaz de cargar entre 500 y 900 kilos de cocaína en promedio. Hay una cantidad desconocida de pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el narcotráfico en Honduras. Sólo en 2018 la fuerza pública hondureña destruyó más de 50 de estas pistas.
