El New York Times entrevistó a más de 70 personas que dijeron haber sido víctimas de robo a mano armada. Catorce eran mujeres que dijeron haber sufrido violencia sexual.
Julie Turkewitz y Federico Rios han pasado meses en la región del Darién Gap informando sobre la migración.
La niña de 8 años, de Venezuela, había dormido a ratos la noche anterior, llorando en sueños, dijo su madre, sobre los hombres que intentaban matarla.
Días antes, la familia había entrado en el Tapón del Darién, la selva que se extiende a caballo entre Colombia y Panamá y que en los últimos tres años se ha convertido en una de las carreteras migratorias más transitadas del mundo. Después de escalar montañas y cruzar ríos en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, su grupo fue abordado por media docena de hombres con pasamontañas, empuñando armas largas y profiriendo amenazas.
“¡Mujeres, quítense la ropa!” Gritaron los agresores, dijo la madre, antes de sondear las partes íntimas de cada mujer en busca de dinero en efectivo.
Hijos, hermanos y maridos se vieron obligados a mirar. Entonces los hombres se volvieron hacia la niña, dijo su madre, y le ordenaron que se desnudara para registrarla también.
Las agresiones, los robos y las violaciones han sido durante mucho tiempo un grave riesgo en los viajes de los migrantes por todo el mundo. Pero los grupos de ayuda que trabajan en el Tapón del Darién dicen que en los últimos seis meses han documentado un aumento extraordinario en los ataques, con patrones y frecuencias que rara vez se ven fuera de las zonas de guerra.
Casi todos los ataques, dicen, ocurren en el lado panameño de la selva.
Grupos de ayuda de larga data, incluidos Médicos Sin Fronteras y UNICEF, con experiencia trabajando en conflictos, dicen que los ataques son organizados y excepcionalmente crueles. Los perpetradores golpean a las víctimas y les quitan comida, incluso fórmula para bebés, dejando a la gente maltratada y muerta de hambre en el bosque.
Y las agresiones suelen implicar casos en los que decenas de mujeres son violadas en un solo hecho.En enero y febrero, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de violencia sexual, en comparación con 676 en todo 2023. Este año, 113 llegaron en una sola semana de febrero.“El nivel de brutalidad es extremo”, dijo Luis Eguiluz, director de la organización en Colombia y Panamá.
Varias organizaciones humanitarias, incluida Human Rights Watch , acusan a la policía fronteriza de Panamá, que se encarga de la seguridad en la selva y tiene agentes patrullando el bosque, de no proteger a los migrantes y permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.
Estas acusaciones surgen mientras altos funcionarios panameños expresan una creciente frustración por el costo financiero y ambiental que la migración ha infligido a la pequeña nación, y en medio de crecientes llamados entre los líderes políticos –incluidos los candidatos en las próximas elecciones presidenciales– para detener el flujo de personas.
Dos reporteros del New York Times capturaron una instantánea de la violencia en marzo, hablando con más de 70 personas durante un período de cuatro días que dijeron que habían sido asaltadas por grupos de hombres armados en la jungla.
De las entrevistadas, 14 eran mujeres que dijeron haber sido violadas sexualmente, desde tocamientos forzados hasta violación.
“Te hacen todo tipo de maldades”, dijo una mujer de 40 años, madre de seis hijos que había estado viviendo en Chile. Fue rodeada por media docena de hombres enmascarados y violada, dijo, después de que el grupo con el que viajaba la dejara sola en la jungla. (El Times no revela los nombres de las personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual para proteger su privacidad).
El principal funcionario de seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, cuyo ministerio supervisa la policía fronteriza de 5.000 personas, conocida como Senafront, rechazó repetidas solicitudes de entrevista.
En un evento público, Edgar Pitti, el principal funcionario del Senafront en el Darién, dijo que los oficiales estaban haciendo todo lo posible para proteger a los migrantes, considerando el desafiante terreno de la selva.
«Es importante comprender el contexto geográfico», dijo.
Varios funcionarios panameños dijeron que el problema no era tan grave como lo describen los grupos de ayuda y los inmigrantes.
El fiscal encargado de liderar las investigaciones sobre el crimen organizado, Emeldo Márquez, insistió en una entrevista que la violencia sexual en la ruta migratoria en su país “ha bajado”.
Pero los datos de su oficina muestran que los investigadores abrieron 17 casos de agresión sexual en el lado panameño de la selva en 2023, y 14 en lo que va del año. Márquez explicó que para algunos de los casos de este año todavía estaba verificando los reclamos de las víctimas.
La directora del Servicio Nacional de Migraciones del país, Samira Gozaine, expresó recientemente su escepticismo en una publicación en la plataforma X sobre los datos proporcionados por Médicos Sin Fronteras.
«Es fácil decir que aquí la gente es violada todos los días», afirmó . “¿Dónde está la evidencia?”
La señora Gozaine rechazó una solicitud de entrevista.
Hasta hace poco, Médicos Sin Fronteras era la principal organización sin fines de lucro que brindaba atención médica a los migrantes al final de la ruta del Darién, con 67 empleados que atendían a aproximadamente 5.000 personas al mes, dijo la organización. También fue el grupo principal que recogió testimonios sobre denuncias de agresión sexual.
Pero a principios de marzo, tras las repetidas declaraciones públicas de la organización sobre la violencia contra los migrantes, Panamá ordenó a Médicos Sin Fronteras suspender sus operaciones.
El ministro de salud del país, Luis Fernando Sucre, dijo en una entrevista con The Times que el grupo médico no había cumplido con las regulaciones locales, incluyendo informar los nombres de las víctimas de agresión sexual al gobierno para ayudar con las investigaciones.
La orden de suspensión, dijo, no fue una represalia por los informes del grupo sobre ataques en la selva.
Pero Gozaine también acusó a la organización y a otros “organismos internacionales” de dirigir a los migrantes hacia Panamá proporcionando información sobre la ruta, contribuyendo a los problemas del país.
Médicos Sin Fronteras declinó hacer comentarios.La niña venezolana de 8 años cursaba tercer grado cuando sus padres decidieron partir a Estados Unidos. Con cabello oscuro y rizado y amor por los animales, dijo que quería ser veterinaria cuando fuera mayor.
Su madre, de 35 años, dijo que su familia abandonó Venezuela después de haber sido amenazados por partidarios del presidente Nicolás Maduro, a quienes se habían negado a apoyar. Se mudaron a Colombia, donde su esposo repartía comestibles y ganaba menos del salario mínimo mensual de unos 300 dólares. Con sus dos hijos finalmente decidieron seguir a cientos de miles de venezolanos por un camino ya muy transitado hacia el norte.
Durante el ataque a principios de marzo, dijo la madre, hombres enmascarados patrullaban una fila de personas aterrorizadas.
Una mujer que se negó a quitarse la ropa fue arrastrada violentamente por el pelo, añadió.
La madre dijo que la golpearon y luego, desnuda, la registraron entre sus piernas, mientras un hombre palpaba con los dedos exigiendo dinero.
Cuando se dirigieron a su hija, la amenazaron con matarla si no se desnudaba.
“Mami”, recordó que gritó su hija, “me quitaré la ropa! No quiero morir”.
Los hombres no tocaron a la niña, dijo su madre, y cuando estuvieron seguros de que no tenía dinero, se fueron rápidamente.
Otros sobrevivientes contaron historias de ataques casi idénticos, diciendo que los ataques a menudo ocurrían a unas pocas horas de caminata más allá de un campamento de Senafront dentro del bosque.
El año pasado, Panamá arrestó a cuatro personas acusadas de agresión sexual en la selva, según Márquez, quien se negó a decir si hubo arrestos este año.
Las personas que cruzan el Darién en Panamá deben pasar por un tramo de selva que alberga comunidades de los pueblos indígenas Kuna y Emberá. Estas comunidades han visto sus medios de vida transformados por la migración: su agua y su tierra han sido contaminadas por la basura, pero también tienen nuevas oportunidades de ganar dinero vendiendo alimentos, transporte en barco y otros servicios.
Decenas de víctimas, todas ellas hablando español, dijeron que los perpetradores hablaban entre sí en una lengua indígena. Algunas personas dijeron que fueron asaltadas varias veces, por hombres que hablaban una lengua indígena y, por separado, por hombres que hablaban español con acento colombiano.Un representante de la policía colombiana se negó a comentar sobre la violencia en la selva.
En entrevistas, varios líderes indígenas dijeron que algunos perpetradores podrían provenir de sus aldeas e instaron a la policía fronteriza panameña a investigar.
Tulio Rosales, líder de la aldea Emberá de Villa Caleta, pidió a la policía fronteriza “poner más fuerza” en la protección de los migrantes.
Una mujer venezolana de 29 años se fue con su pareja y cuatro hijos huyendo de la pobreza. Habían estado caminando aproximadamente 12 horas al día cuando hombres armados los detuvieron, dijo.
A la pareja de la mujer se le permitió seguir adelante con los niños, pero la mujer fue obligada a quedarse atrás y desvestirse. Lloró mientras describía cómo uno de los hombres enmascarados colocó sus dedos dentro de cada una de las aproximadamente 16 mujeres que permanecían en busca de dinero, dijo.
Después, huyó presa del pánico, olvidándose de la comida de la familia.
Luego su grupo fue abordado por segunda vez, esta vez mientras dormían. Nuevamente un grupo de hombres enmascarados obligó a algunas personas a desnudarse y entregar dinero en efectivo. Esta vez, dijo la mujer, no tenía nada más para dar.
Mientras las crisis en todo el mundo han obligado a un número récord de personas a abandonar sus hogares, la selva del Darién, que debe atravesarse a pie para llegar a Estados Unidos desde Sudamérica, se ha convertido en un implacable rito de iniciación para quienes buscan una nueva vida.
Más de 520.000 personas cruzaron este tramo el año pasado, más del doble que el año anterior, lo que ha contribuido a impulsar el número histórico de llegadas a la frontera estadounidense.
Este año, los cruces por Darién en enero, febrero y marzo aumentaron casi un 25 por ciento en comparación con el mismo período de 2023, según las autoridades panameñas , y la mayoría de las personas provienen de Venezuela, Ecuador, Haití y Colombia.
Panamá, una nación de poco más de cuatro millones de habitantes, ha visto pasar un millón de migrantes en sólo tres años. Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, dice que esta marea de gente le ha costado al país 70 millones de dólares, incluido el dinero gastado en alojamiento y comida en los campamentos administrados por el gobierno al final de la selva.
El objetivo del gobierno, ha dicho Gozaine, es brindar a los inmigrantes una experiencia “digna” en su país.
Pero a medida que ha aumentado la frustración entre los funcionarios panameños, los funcionarios de seguridad del país han profundizado los vínculos con varios influyentes de derecha que se han vuelto populares en Estados Unidos al presentar a los inmigrantes como criminales potenciales y a los grupos de ayuda como especuladores que alientan su viaje .
Algunos influencers han recorrido el Tapón del Darién con la policía fronteriza. Oscar Ramírez, corresponsal de Real America’s Voice, que también presenta el programa de Steve Bannon, fue invitado en febrero a dirigirse a cientos de funcionarios panameños en una conferencia de seguridad en la ciudad de Panamá.
Las acusaciones de agresión sexual se producen mientras la administración Biden aumenta la ayuda a Panamá, al que ha llamado un socio clave en sus esfuerzos por controlar y detener el flujo de personas.
En los últimos tres años, Washington ha entregado casi 40 millones de dólares para ayudar a Panamá a afrontar la migración.
Cuando se le preguntó en un evento reciente si Estados Unidos instaría a Panamá a hacer más para proteger a los migrantes, el segundo al mando de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, John Barrett, se negó a responder y dijo simplemente que entendía que había una “situación humanitaria”. en la jungla.
La madre del niño de 8 años dijo que el día que la familia fue atacada, los perpetradores se llevaron lo último de sus ahorros: 280 dólares.
“A mi hija le robaron la inocencia”, dijo sobre el ataque en el Darién. «Yo puedo soportar cualquier cosa, pero ella no».
Finalmente, la familia llegó al sur de México. Allí, dijo la madre en un mensaje de audio desde el celular de un amigo, la familia fue secuestrada y retenida durante dos días en una arena de peleas de gallos.
La madre fue nuevamente obligada a desnudarse y registrada en busca de objetos de valor, dijo.
Una vez liberada, la familia vendió dulces en la calle, planeando usar sus ganancias para intentar continuar hacia el norte.
Federico Ríos, Simón Posada y Ken Bensinger contribuyeron con el reportaje.
Julie Turkewitz es la jefa de la oficina andina de The Times, con sede en Bogotá, Colombia, y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más sobre Julie Turkewitz
