Varios medios y periodistas venezolanos aseguran que sus cuentas de Instagram, Facebook y Threads fueron inhabilitadas entre junio y agosto de 2026. En la nota enviada a El Nuevo Venezolano, los afectados describen la pérdida de acceso a sus perfiles y las gestiones que dicen haber hecho para recuperarlos. El material no cuantifica el impacto sobre sus audiencias ni incluye una respuesta de Meta.
Lo que sigue es la lista de los afectados, con sus fechas, sus cifras y sus versiones. Las versiones, conviene aclararlo desde ya, son de ellos.
Empecemos por el veterano. El Nacional, diario fundado en 1943, informa que el 26 de julio su cuenta de Instagram fue inhabilitada. Cuatro millones cuatrocientos mil seguidores, según la nota. El periódico atribuye la medida a denuncias por una supuesta infracción de derechos de autor, que califica de fraudulentas. Dice que inició los procedimientos de revisión requeridos por Meta, pero que no obtuvo una solución ni una respuesta favorable. Un periódico con ocho décadas de historia, discutiendo con un formulario.
Conviene decirlo sin rodeos: esa es la versión de El Nacional. La nota no incluye las denuncias, las notificaciones ni el razonamiento de la plataforma. Una acusación no es una prueba, aunque cuando uno lleva meses sin perfil la tentación de confundirlas sea enorme.
Siga el recorrido hasta Maracaibo, donde Noticia al Día vio inhabilitada su cuenta principal de Instagram el 11 de agosto. Más de un millón y medio de seguidores, según el material recibido. El medio expresó preocupación porque otros colegas venezolanos habían contado historias parecidas. Esa inquietud es real y comprensible, pero la inquietud, por muy colectiva que sea, no equivale a una orden común. Que varias casas se incendien en la misma cuadra no demuestra que haya un solo fósforo.
Luego está Darvinson Rojas Sánchez, quien firma la denuncia y además es protagonista, lo que ya es un detalle curioso: el cronista fuera de sus cuentas, contando que está fuera de sus cuentas. El material indica que su perfil de Facebook está desactivado desde el 8 de junio y sus cuentas de Instagram y Threads, inhabilitadas desde el 14 de julio. «Cuando una plataforma restringe el acceso de los periodistas a sus audiencias, no solo afecta a quienes ejercen el periodismo. También limita el derecho del público a acceder a la información», dijo. Es su lectura del daño, y tiene toda la lógica del mundo: si el megáfono se apaga, el problema no es solo de quien gritaba.
Más al sur, la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana reportó que su cuenta de Instagram fue inhabilitada el 19 de agosto. La organización relaciona la medida con su cobertura del asedio de grupos armados irregulares contra el Territorio Ancestral Mapoyo y el posterior asesinato del capitán de una comunidad Jivi. Dice haber agotado distintas vías formales «sin éxito». Es una relación que la Red plantea, y como tal debe contarse. Nada en el material permite afirmar que la cobertura causó el cierre. Pero tampoco hace falta ser un cínico de oficio para notar lo incómodo del silencio: cuentas que informan sobre violencia, desplazadas por un algoritmo que no suelta ni un «lo sentimos».
El 25 de agosto le tocó a Alejandro Marcano, quien sostiene que el reclamo apuntaba a un contenido que no había publicado originalmente, sino que había compartido. Compartir, ese verbo que las redes inventaron para que todos hagamos lo mismo y que a veces nos cobra la cuenta. Qué contenido era, qué derecho se reclamó y qué respuesta recibió son preguntas que quedan flotando.
Para cerrar el desfile, los resucitados: El Pitazo, Armando.info, La Verdad de Vargas y Válvula Política, además del periodista Miguel Ángel Rodríguez. La nota afirma que sus cuentas fueron inhabilitadas durante 2026 y luego restituidas. Final feliz, dirán algunos, aunque sin título de capítulo: no se sabe cuándo cayeron, ni por qué, ni qué botón mágico las devolvió a la vida. Un milagro sin parroquia.
Y aquí viene el nudo del asunto, el que importa más que cualquier lamento. Todo esto suena a patrón, huele a patrón y tiene la silueta de un patrón. Pero hasta ahora es una suma de testimonios, no una demostración. La nota no detalla qué política se invocó en cada caso, no reproduce las notificaciones recibidas ni incluye una respuesta de Meta. Su silencio es, digamos, la pieza más elocuente del expediente: elocuente en cuanto a lo que falta.
Quedan las preguntas de siempre, esas que el periodismo se hace cuando la tentación de gritar es mayor que la de comprobar. ¿Qué explicación dio la plataforma en cada caso? ¿Qué documentos respaldan los testimonios? Mientras eso no aparezca, la historia honesta es la que se puede sostener: varios medios y periodistas dicen haber perdido acceso a sus cuentas, algunos siguen esperando una revisión y la nota no recoge la versión de la empresa. Sería una lástima convertir eso en una cruzada contra la prensa sin tener los documentos. Pero también sería una lástima que la falta de papeles terminara sirviendo de excusa para el encogimiento de hombros.
Por ahora, algunos periodistas y medios siguen sin acceso a sus perfiles, el botón de «apelar» funciona como un pozo de los deseos y los periodistas hacen lo que mejor saben: preguntar. Alguien, tarde o temprano, tendrá que contestar.
