Por Luis Felipe Montiel
En 1967, Robert Aldrich estrenó Los doce del patíbulo. Lee Marvin, en el papel del mayor John Reisman, recibía el encargo de reunir a doce presos militares, varios condenados a muerte, para una misión casi suicida durante la Segunda Guerra Mundial. A quienes sobrevivieran les prometían conmutar sus condenas. Casi sesenta años después, la Asamblea Nacional venezolana ha reunido a otros doce, y lo único que comparten con aquellos es la cifra y la perspectiva de un trabajo nada sencillo.
El jueves 22 de octubre, el Parlamento designó por unanimidad a los doce ciudadanos que representarán a la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, juramentado ese mismo día junto con los once diputados que lo integran. Salieron de 127 postulaciones, de las cuales 85 superaron la revisión, según informó la propia Asamblea.
Son siete mujeres y cinco hombres. Entre ellos hay abogados, médicos, profesores universitarios, especialistas en derecho público y defensores de derechos humanos. Algunos fueron postulados por organizaciones profesionales y universidades; otros cuentan con antecedentes en instituciones del Estado.
Hasta aquí, nada que objetar. Un currículo es un currículo.
La parte que me hace levantar la ceja es el calendario.
El 19 de mayo se había juramentado otro comité, entonces integrado por once diputados y diez ciudadanos. Su tarea estaba vinculada con la renovación parcial y la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia, que pasó de veinte a treinta y dos magistrados.
En agosto, las negociaciones políticas dejaron sin efecto aquel procedimiento. El 1 de septiembre, la Asamblea sancionó una nueva reforma de la Ley Orgánica del TSJ, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 7.074 del 15 de septiembre. La modificación elevó de diez a doce los representantes de la sociedad civil y ordenó iniciar un nuevo proceso para designar a todos los magistrados principales y suplentes.
Es decir, no estamos ante el mismo comité con dos sillas adicionales. El anterior quedó atrás y comenzó otro procedimiento. Quien haya perdido la cuenta tiene excusa.
Lo que todavía merece explicación es cómo fueron seleccionados precisamente estos doce.
El 11 de octubre, Juan Miguel Matheus, integrante de la representación opositora en las conversaciones con el Gobierno, declaró que correspondía a la Mesa de Conversaciones acordar los nombres. Once días después, la Asamblea los aprobó por unanimidad.
Una negociación política puede producir una selección de profesionales competentes. Lo que no puede hacer es sustituir la obligación de explicar con qué criterios fueron evaluados y por qué unos resultaron escogidos y otros quedaron fuera.
La propia reforma exige que la preselección se realice mediante un proceso público y transparente.
Y aquí aparecen los antecedentes.
Transparencia Venezuela identificó vínculos políticos en 52 de los 127 aspirantes: trece militantes del PSUV, treinta personas vinculadas con el oficialismo y nueve militantes de otras organizaciones políticas.
Son datos sobre el conjunto de postulados, no sobre los doce elegidos. La distinción importa. Nadie adquiere una afiliación partidista por aparecer en una estadística colectiva.
Entre los seleccionados, la organización identifica vínculos con el oficialismo en Rosmely Flores Parras y Anthony Pérez Negrón. En el grupo también figuran Guillermo Tell Aveledo Coll, integrante de la Comisión Nacional de Primaria que organizó las primarias opositoras de 2023, y Raquel Sánchez Carrero, vinculada a Foro Penal.
Son antecedentes diferentes. Haber ocupado un cargo público no prueba militancia en el PSUV, como tampoco participar en una instancia electoral opositora convierte automáticamente a alguien en militante de un partido.
Las fichas recopiladas por Giuseppe Gangi en su plataforma de investigación sobre el Comité de Postulaciones Judiciales permiten reconstruir buena parte de estas trayectorias. También muestran por qué conviene examinar individualmente a los escogidos, en lugar de meterlos a todos en el mismo saco.
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, definió la misión del comité durante la juramentación: seleccionar a aquellos venezolanos que tengan la capacidad y las condiciones suficientes para integrar el TSJ.
Es una frase tan razonable que cuesta discutirla. La dificultad aparece cuando toca convertirla en decisiones.
El comité tendrá veintitrés miembros: doce representantes de otros sectores de la sociedad y once diputados. Los primeros disponen de una mayoría numérica de un voto, pero eso no significa que puedan resolver por sí solos todos los asuntos.
Para determinadas decisiones, como la aprobación del baremo de evaluación de los aspirantes a magistrados, se exige una mayoría de dos tercios. En un comité de veintitrés personas, hacen falta dieciséis votos.
Tendrán que ponerse de acuerdo.
Después vendrán las demás etapas del procedimiento, incluida la intervención del Poder Ciudadano y la decisión definitiva de la Asamblea Nacional.
Los doce son apenas la primera puerta de un pasillo con varias.
La tarea tampoco se desarrollará en un ambiente libre de intereses. La selección de magistrados afecta el funcionamiento de una institución con enormes atribuciones sobre la vida política, económica y judicial del país. Habrá presiones que prevenir, relaciones que transparentar y decisiones que justificar.
No tenemos elementos para afirmar que alguno de los doce esté comprometido con intereses particulares ni para anticipar cómo actuará. Sus antecedentes pueden examinarse; su independencia tendrá que juzgarse por lo que hagan.
Reisman, en la película, tenía un general que le daba órdenes, una misión definida y un objetivo militar identificable. Los doce venezolanos se incorporan a un procedimiento en el que deberán negociar decisiones sin renunciar al criterio propio, dentro de una estructura que incluye diputados, una segunda instancia de evaluación y una Asamblea encargada de los nombramientos definitivos.
Aquellos doce arriesgaban la vida para recuperar su libertad.
Estos doce tendrán que demostrar que saben ejercer la suya.
