Por Alfredo Álvarez / CNP 5289
A cinco días de la inédita captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, Venezuela vive un reacomodo sin manual. El país amaneció el 7 de enero con una nueva figura al frente: Delcy Rodríguez, proclamada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y respaldada por la cúpula militar. La escena política se reordena alrededor de un triángulo de poder —Delcy Rodríguez, la institución castrense y el TSJ— bajo la sombra tutelar de Washington y con una oposición que posee legitimidad pero carece de control real sobre los centros coercitivos del Estado.
Mientras el exmandatario enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos de narcotráfico y violaciones a derechos humanos, el chavismo intenta proyectar continuidad sin su jefe histórico. El esquema actual combina autoritarismo residual, militarismo protector y la presión diplomática de una potencia que promete “ordenar la transición”, sin botas sobre el terreno.
El fin de una era, sin transición visible
El operativo que culminó con la caída de Maduro provocó celebraciones discretas y, al mismo tiempo, un despliegue represivo. Colectivos armados y cuerpos de seguridad recorren las calles imponiendo retenes y “contribuciones” arbitrarias, amparados en un supuesto decreto “firmado” por el propio exmandatario tras su captura. El control informativo sigue feroz: periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros fueron detenidos durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, donde Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente por sexto año consecutivo.
La escena no exhibe signos de apertura democrática. Los presos políticos siguen encarcelados, los medios operan bajo censura y la “Ley contra el Odio”, impuesta en 2017, se utiliza ahora para reprimir incluso las expresiones de júbilo por la caída del régimen. La represión simbólica —prohibir alegrarse— ilustra el nivel de distorsión institucional que deja el chavismo tras más de dos décadas de poder.
La nueva anatomía del poder
El “chavismo sin Chávez ni Maduro” se sostiene por las tres columnas clásicas del poder venezolano: el núcleo civil‑militar, el TSJ y la maquinaria del PSUV.
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Presidencia interina (Delcy Rodríguez): formalmente jefa del Estado, busca preservar el control interno y negociar simultáneamente con Washington.
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Asamblea Nacional (Jorge Rodríguez): órgano de legalización de decisiones políticas, sin independencia real.
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Cúpula militar (Vladimir Padrino López): árbitro principal, controla empresas, puertos y parte del comercio ilícito.
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Diosdado Cabello: figura puente entre el aparato de inteligencia, los colectivos armados y la ideología dura del chavismo.
Fuera del bloque oficialista, una oposición simbólicamente fuerte, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, carece de acceso a los mecanismos coercitivos y financieros. Su legitimidad electoral —resultado de los comicios del 2024— no se traduce en poder efectivo. ONG, Iglesia y gremios actúan como dique moral y documental frente a las violaciones de derechos humanos, pero operan bajo hostigamiento constante.
Tutela exterior y fractura interna
Estados Unidos se ha convertido en actor decisivo. La administración Trump reivindica la operación militar y, a través del senador Marco Rubio, coordina los pasos de un proceso que denomina “democracia tutelada”. Se negocia el envío de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano al mercado estadounidense como primer gesto de “cooperación” y se plantea la posible convocatoria de elecciones generales “bajo observación internacional”.
El dilema central de esta etapa no es solo político, sino de soberanía. Para el intelectual Rómulo Betancourt —citado en el texto—, una democracia nunca puede edificarse sobre tutela extranjera. Sin embargo, en el presente, el vacío interno obliga a aceptar un esquema de control compartido entre el poder militar y la presión internacional, donde la autonomía nacional es sacrificada en nombre de la estabilidad.
Entre legitimidad y fuerza
El país transita por una forma política nueva: una democracia tutelada, híbrido donde la autoridad civil depende de poderes no electos —militares, judiciales y económicos— que limitan la soberanía popular. Experiencias similares —Myanmar, Pakistán, Turquía— muestran que esos modelos raramente evolucionan hacia democracias plenas.
Este sistema, señala la politología contemporánea, no representa una transición sino un estancamiento sofisticado. En el caso venezolano, el equilibrio se sostiene sobre una paradoja: los actores con legitimidad no tienen fuerza, y quienes tienen fuerza no gozan de legitimidad. El resultado es un Estado sin rumbo, donde cada decisión estratégica depende de la supervivencia del bloque dominante más que del interés nacional.
Entre la angustia y la lucidez
A nivel social, la crisis estructural persiste: la economía se redujo más de 70% bajo el mandato de Maduro, los servicios públicos colapsaron y el éxodo supera los ocho millones de ciudadanos. En este contexto de agotamiento colectivo, la captura del expresidente fue vista como un alivio simbólico, pero no como una solución.
El experto John Magdaleno recuerda que una transición política solo comienza cuando el poder autoritario se disuelve y se instalan instituciones democráticas reales. Venezuela, enfatiza, aún no ha iniciado ese proceso. Lo que hoy existe es un intervalo incierto entre el fin del caudillismo y la consolidación de un nuevo régimen.
El general estadounidense David Petraeus añadió una nota pragmática: capturar a Maduro fue “la parte fácil”; el verdadero desafío será evitar una guerra civil o un colapso estatal. La paz, advierte, no depende solo del control militar, sino de la capacidad del país para producir legitimidad interna y consenso político.
Un tablero en suspensión
En síntesis, el mapa político venezolano de enero de 2026 revela un equilibrio precario entre la continuidad autoritaria y una posible transición impuesta. El poder efectivo permanece en manos de la cúpula civil‑militar, mientras la sociedad civil y la oposición representan la legitimidad democrática sin fuerza coercitiva.
La estructura misma del conflicto explica la lentitud de los cambios: quienes detentan el poder temen perderlo todo si ceden, y quienes reclaman reformas no pueden imponerlas. Entre ambos extremos, el riesgo es claro: que la tutela extranjera se normalice y el país derive en otra forma de dependencia política.
“Que no nos consuma la angustia, pero que tampoco nos paralice la indecisión”, advierte el autor. La vuelta a la democracia no llegará por decreto ni imposición, sino por la lúcida combinación de organización, presión sostenida y acuerdos verificables. Mientras tanto, Venezuela sigue siendo —como dice la politología moderna— un laboratorio vivo de poder híbrido, donde la promesa de cambio coexiste con el miedo a que nada cambie realmente.
