Un informe del Alto Comisionado de la ONU concluye que la situación de los Derechos Humanos en ese país “se ha deteriorado gravemente en los últimos meses”.
La semana pasada, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe que concluye que la situación de los Derechos Humanos en Venezuela “se ha deteriorado gravemente en los últimos meses”.
El reporte detalla más detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, como una reacción del régimen de Nicolás Maduro, para contrarrestar las protestas populares de los días sucesivos al estruendoso fraude electoral del pasado 28 de julio de 2024.
Hemos sido testigos, de cómo organizaciones venezolanas de derechos humanos y apoyo a inmigrantes en Nueva York, como Venezuelan and Immigrants Aid (VIA), América Diversa, Aid for Aids y Venezolanos en Nueva York, con visiones distintas acerca del activismo, han denunciado consistentemente el aumento de la crisis de libertades civiles en Venezuela, durante la última década. Todas estas organizaciones cuentan con líderes venezolanos que han experimentado de primera mano, los excesos de un régimen criminal.
Hoy existe la certeza de que sólo a través de la diáspora, que ya se aproxima a los 9 millones de personas, se puede visibilizar la realidad que acontece en las calles y pueblos de Venezuela.
Quien suscribe este artículo, conoce de cerca la brutal censura a medios de comunicación en Venezuela y la persecución a ciudadanos, en la mayoría de las veces bajo situaciones que nunca serán documentadas por organismos internacionales.
Estamos seguros de que miles de casos de personas, que simplemente compartieron críticas o intentaron sumarse a protestas en redes sociales han recibido, sin que nadie se entere, todo el peso del régimen madurista. Particularmente, en poblaciones apartadas de las grandes ciudades, donde la mano perversa de ese sistema represivo, actúa con mayor salvajismo y en silencio.
No me cabe duda de que el informe de la ONU, oportuno, necesario y profundo en su análisis, sólo describe la punta del iceberg de un país sin libertades, que solo cuenta con los ciudadanos y periodistas que desde el exterior pueden realizar denuncias.
El régimen venezolano eliminó de forma progresiva en los últimos 25 años la prensa independiente. Cerró canales de televisión. La gran mayoría de los periódicos que eran referencia de investigación en América Latina desaparecieron. Los medios que circulan actualmente, no son más que voceros oficiales de una narco tiranía.
La represión ahora también ha alcanzado a quienes se atreven a criticar al régimen en las plataformas sociales. El pasado mes de abril, una reportera de un medio digital, Mena Ramos, fue detenida por realizar un reportaje que describía simplemente un aumento de los robos en Caracas.
Hoy esta comunicadora enfrenta una pena de 10 años, tras ser acusada de terrorismo. Como Mena hay miles de ciudadanos.
Muy pronto, desde Nueva York y las principales capitales del mundo, se empezará a construir un movimiento para visibilizar a quienes podrían morir olvidados en centros de tortura venezolano, quienes por cierto, también han sido ignorados por quienes se denominan líderes opositores.
Fernando Martínez es periodista
