Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026 dejaron, además de un saldo parcial de más de 2.000 muertos, una pregunta incómoda flotando sobre los escombros: ¿cuánto de lo que se derrumbó cayó por culpa de la naturaleza y cuánto por culpa de los hombres que construyeron sobre ella?
La duda recayó con fuerza sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional insignia del chavismo, cuyos edificios en La Guaira quedaron entre los más golpeados por el doble sismo.
En los días posteriores a la catástrofe, distintos sectores —desde colegios de ingenieros hasta organizaciones civiles— reclamaron algo que hasta ahora no existía: una auditoría técnica e independiente de las estructuras dañadas. No se trataba de un simple ejercicio de curiosidad forense. El objetivo era establecer si el colapso de esos complejos respondió únicamente a la violencia del movimiento telúrico o si, por el contrario, hubo también fallas de diseño, materiales de mala calidad o una supervisión de obra insuficiente durante la construcción.
Un programa nacido de otra emergencia
La Gran Misión Vivienda Venezuela no es un proyecto reciente. Fue creada en 2011 por Hugo Chávez como respuesta a las inundaciones de finales de 2010, que habían dejado a miles de familias sin techo. El plan se convirtió rápidamente en una pieza clave del discurso político previo a las elecciones presidenciales de 2012, cuando Chávez ofreció levantar millones de casas para los sectores más pobres del país. Tras su muerte en 2013, Nicolás Maduro heredó y amplió esa promesa, fijando como meta la construcción de cinco millones de viviendas para el año 2025.
Durante más de una década, el programa fue exhibido por el gobierno como una de sus mayores conquistas sociales. Pero también fue, desde sus primeros años, objeto de sospechas. Ya en 2014, un informe elaborado por la organización Misiones Transparentes advertía sobre irregularidades institucionales, retrasos en las obras y debilidades en los mecanismos de inspección técnica. Aquel documento, once años antes del terremoto, planteaba preguntas que hoy vuelven a repetirse con una urgencia mucho más dramática.
Voces técnicas que piden cautela y rigor
El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, fue tajante al describir el legado constructivo de la misión: habló de una historia marcada por la corrupción y por edificaciones de baja calidad, muchas de ellas levantadas sin la supervisión ni el cumplimiento de normas específicas. Sus declaraciones, recogidas por France 24, alimentaron aún más la presión pública para que se investigara a fondo lo ocurrido.
Sin embargo, otros especialistas pidieron prudencia antes de sacar conclusiones apresuradas. Expertos en ingeniería sísmica señalaron que sería precipitado atribuir todos los daños exclusivamente a deficiencias constructivas sin antes realizar estudios técnicos detallados. Apuntaron, en cambio, a la posible influencia del tipo de terreno sobre el que se construyó, y a fenómenos físicos como la resonancia o el llamado efecto de sitio, capaz de amplificar considerablemente la intensidad de las ondas sísmicas en suelos blandos.
Juan Manuel Fuentes, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, aportó un dato que complica la lectura simplista del desastre: algunas edificaciones pequeñas resultaron más dañadas que otras de mayor altura que permanecieron en pie. Según explicó, esa paradoja podría estar relacionada con el período estructural propio de cada construcción y su coincidencia —o no— con el período del movimiento telúrico. A ese factor técnico, dijo, se suman el tipo y la calidad de la construcción, así como los sistemas estructurales empleados en cada edificio.
De la emergencia al examen político
El debate técnico terminó desplazando, al menos parcialmente, el foco de la conversación pública: de la urgencia inmediata por atender a los damnificados del terremoto se pasó a un escrutinio más amplio sobre la seguridad de uno de los símbolos más visibles del legado chavista. Los sectores que exigieron la auditoría pidieron también algo más que evaluaciones técnicas: reclamaron al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la publicación pública de los estudios e informes de evaluación, así como la participación directa de expertos independientes y colegios profesionales tanto en las inspecciones como en la eventual determinación de responsabilidades.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión presidencial encargada de evaluar la habitabilidad de las viviendas afectadas, con un mandato que se extiende también a otra infraestructura crítica golpeada por el sismo, como vías, puentes y elevados.
Lo que queda por verse es si esa comisión logrará responder la pregunta de fondo que flota sobre La Guaira: si el terremoto solo reveló la furia de la naturaleza, o si además dejó al descubierto años de atajos, corrupción y construcciones levantadas sin las garantías mínimas para proteger a quienes debían habitarlas.
