Hay robos que se hacen de noche, con pasamontañas, y hay robos que se hacen de día, con corbata y contrato notariado. El que les voy a contar en este capítulo es de los segundos, y es tan descarado que si se lo cuento a mis nietos no me van a creer.
En octubre de 2009 el gobierno decretó una emergencia eléctrica nacional. La excusa fue la sequía, ese fenómeno de El Niño que bajó la cota de Guri. El decreto suspendió los procedimientos normales de contratación pública, y ahí, fue cuando se abrió la puerta grande para que entrara el zaguán completo de la avaricia.
En apenas catorce meses se repartieron más de cinco mil millones de dólares en contratos para once plantas termoeléctricas, sin licitación, sin ingeniería previa, sin nadie que fiscalizara nada. De cuarenta y dos proyectos revisados después por una comisión parlamentaria, solamente cuatro habían sido licitados de forma pública. Los otros treinta y ocho se repartieron a dedo, con un sobrecosto promedio del ciento ochenta por ciento sobre lo que costaban en el mercado real.
Se había planificado invertir catorce mil novecientos quince millones de dólares. Se terminaron ejecutando cuarenta y dos mil quinientos cincuenta millones. La diferencia, veintisiete mil seiscientos treinta y cinco millones de dólares, no tiene hasta hoy una sola justificación técnica documentada. Yo hago la cuenta y me mareo: es más que el producto interno de un país entero, es dinero suficiente para levantar cincuenta represas como Caruachi. Es, en pocas palabras, lo que pagamos los venezolanos por una luz que nunca llegó a nuestras casas.
Aquí entra el elenco que a mí, como viejo cronista, me hubiera encantado retratar con mi Minolta. Una empresa llamada Derwick Associates, fundada por unos muchachos sin ningún historial en generación eléctrica, se convirtió de la noche a la mañana en la principal proveedora energética del Estado. Sus nombres quedaron registrados en causas judiciales de tres continentes: Alejandro Betancourt López, Pedro José Trebbau López, Francisco D’Agostino y Francisco Convit Guruceaga. En Venezuela les pusimos un apodo que mezclaba la envidia con el desprecio: los bolichicos. Jóvenes, adinerados, bien conectados, que de repente aparecían firmando contratos por miles de millones.
Obtuvieron una docena de contratos por unos dos mil millones de dólares, aunque algunos registros elevan la cifra facturada hasta más de cinco mil millones, para construir plantas termoeléctricas. Y aquí viene lo que a mí más me indigna: esas plantas apenas produjeron, según reportó una agencia internacional, cerca de una décima parte de lo prometido. Cobraron por más de tres mil megavatios y entregaron poco más de ochocientos. El resto fue, como decimos en mi tierra, puro cuento.
Una investigación periodística basada en documentos internos reveló que más de la mitad de las turbinas que instaló esa empresa eran equipos usados, comprados de segunda mano en Estados Unidos y hasta en Tanzania, remanufacturados y luego facturados al Estado venezolano como si fueran nuevecitos, recién salidos de fábrica. Es como venderle a tu suegra un carro chocado pintado de nuevo y cobrárselo al precio de la agencia.
El caso más descarado es el de una planta de ciento cincuenta y seis megavatios. Un borrador de presupuesto de la empresa estadounidense que vendió el equipo hablaba de treinta y dos millones de dólares. Derwick le facturó al Estado casi setenta y nueve millones. La diferencia, unos cuarenta y seis millones, se fue derechito a los bolsillos de Betancourt, Trebbau, D’Agostino y Convit. En total, esta empresa habría pagado a su proveedor más de mil millones de dólares y declarado beneficios por doscientos setenta y cuatro millones. Una auditoría oficial confirmó después que, tras más de tres años, solo dos de diez instalaciones contratadas funcionaban, apenas un tres por ciento de lo prometido. Los responsables fueron sobreseídos, como quien dice, absueltos sin mucho ruido.
¿Y el dinero, adónde se fue? Se fue por las rutas de siempre: ciento cuarenta millones movidos por un banco de Nueva York, más de ciento sesenta millones por Panamá, decenas de millones a cuentas suizas. Un banco de Ginebra, el CBH, registró en 2013 más de setenta y siete millones a nombre de Francisco Convit y más de ciento quince millones a nombre de Alejandro Betancourt. Y luego está Andorra, ese pequeño paraíso entre montañas donde una sociedad llamada Minenven Corp, registrada en Barbados, hizo a finales de 2011 tres transferencias por cinco millones de euros a cuentas del exviceministro venezolano de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, quien a su vez repartió dos millones seiscientos mil euros a otro exfuncionario del sector, Javier Alvarado Ochoa, en cuya cuenta se detectaron después cerca de cuarenta y cinco millones de euros.
La justicia andorrana llegó a imputar a veintiocho personas por el presunto blanqueo de hasta dos mil millones de dólares, usando treinta y cinco sociedades de papel. Se emitieron once órdenes de captura internacional. Años después, nadie ha sido juzgado. El proceso está a punto de prescribir, como se prescribe en mi país la memoria de tanto saqueo.
Yo que he visto pasar generales, presidentes y periodistas por las páginas de un diario, les digo que esta historia de los bolichicos es de las que más rabia me da, porque no hubo bala ni violencia, solamente papel, firma y avión privado. Y las plantas, mientras tanto, siguen ahí, apagadas o funcionando a un tercio de su capacidad, como monumento silencioso a una fiesta que pagamos todos y disfrutaron pocos.
