Apagón Permanente / Una crónica en cinco capítulos
Yo nací en un país donde la luz no era noticia. Se prendía el bombillo y ya, nadie festejaba, nadie sacaba el teléfono para grabar el milagro. Hoy, mis paisanos hacen fiesta cuando llega la electricidad, la misma fiesta que hacíamos en Maracaibo cuando llegaba el agua después de una sequía de la bomba, y eso ya les conté en otra crónica. Ahora resulta que la luz se volvió un acontecimiento, algo que se agradece como quien agradece un milagro de altar, y eso, para un país que tuvo uno de los sistemas eléctricos más sólidos de toda la América, es una humillación que a mí, sinceramente, me da rabia y me da pena a la vez.
Yo alcancé a conocer un Zulia con Guri funcionando como reloj suizo, con Macagua y Caruachi entregando electricidad barata y sin sobresaltos, con esas líneas de setecientos sesenta y cinco mil voltios que eran la envidia de cualquier ingeniero latinoamericano. Existía algo que hoy suena a cuento de camino, un operador independiente llamado OPSIS, la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, con treinta y tres años de oficio y un gerente, Miguel Lara, que llevaba tres décadas despachando la red como quien cuida un jardín propio. OPSIS tenía la potestad de ordenar racionamientos cuando la demanda amenazaba con desbordar el sistema, era, si se quiere, el cerebro de toda la operación.
En 2001 le quitaron esa potestad. Así, sin consulta, sin ingenieros de por medio, de un plumazo. Lara advirtió entonces del descuido en la transmisión, que solo se ejecutaba una cuarta parte de los proyectos previstos, que entre 1999 y 2009 apenas se construirían seiscientos cincuenta y siete kilómetros de líneas nuevas, contra los casi tres mil que ya existían para 1998. Nadie hizo caso. Yo, que fui fotógrafo de periódico y aprendí que las advertencias que no se publican terminan siendo profecías cumplidas, no me sorprendo de que aquella alerta se perdiera en algún cajón ministerial.
Al año siguiente congelaron las tarifas. Quince años congeladas, hasta 2017, mientras la inflación se comía los sueldos de los técnicos y los repuestos se hacían inalcanzables. Para el año 2010 la recaudación no alcanzaba ni para pagar la nómina, y para 2015 los ingresos reales se habían desplomado en un ochenta y tres por ciento. Imagínese usted un país petrolero, con el Estado manejando cientos de miles de millones de dólares, dejando que su empresa eléctrica se quedara sin gasolina, como quien deja morir de sed a un caballo de carreras.
Entre 2004 y 2005 llegó lo que llamaron la Lista Tascón, un instrumento de castigo político que sacó del sector a técnicos e ingenieros con años de experiencia por el simple pecado de haber firmado contra el gobierno. Yo he visto en mi propio oficio cómo un país se queda sin sus mejores gentes cuando la lealtad política pesa más que el conocimiento, y ese apartheid laboral, como bien lo llamó una investigadora que estudió el tema, dejó al sector eléctrico en manos de los afines y no de los capaces.
Y luego llegó el golpe de gracia institucional. El 2 de mayo de 2007, un decreto fusionó catorce empresas, algunas públicas y otras privadas, en un solo monstruo llamado Corpoelec. Desaparecieron Cadafe, Edelca, la Electricidad de Caracas, Enelven, la propia empresa que a mí me daba luz en Maracaibo, y otras siete más. Se dice que ese decreto se firmó sin exposición de motivos, como quien vende la casa sin explicarle a la familia por qué. La ley que vino después no solo eliminó la participación privada, sino que convirtió en delito hablar de las fallas técnicas del sistema. Así de sencillo: informar se volvió un crimen.
Desde entonces el ministro de Energía y el presidente de Corpoelec han sido la misma persona. El que regula y el que es regulado, sentados en la misma silla, comiendo del mismo plato. No hay contraloría posible cuando el juez y el acusado se dan la mano todas las mañanas.
En 2013 militarizaron el sistema, declararon zonas de seguridad las instalaciones eléctricas y pusieron a la Fuerza Armada a «proteger», no a mantener, no a invertir, solamente a proteger, como si el problema fuera un enemigo armado y no una turbina oxidada. Y mientras tanto, entre 2017 y 2022, se fueron del país entre diecisiete y dieciocho mil técnicos y obreros especializados, más de la mitad del personal, gente que se cansó de ver morir lo que había ayudado a construir, gente como los compañeros que yo tuve en la redacción, que un día hacen sus maletas y se van porque ya no aguantan más.
Víctor Poleo, que fue viceministro del propio gobierno que después se derrumbaría, lo dijo con una frase que a mí se me quedó grabada: la anormalidad se volvió un estado permanente. Y Miguel Lara, el hombre que despachó la red durante treinta años, calcula que llevamos más de cinco mil setecientos días sin que se publique una sola estadística oficial del sector. Quince años de oscuridad, no solo en las casas, sino también en los números.
Esto, mis amigos, no fue un accidente de la historia. Fue un diseño, tan calculado como cualquier otro robo bien planeado.
